Pro-estadounidenses y profesores y estudiantes de universidades privadas, que se reúnen en clubes con nombres como “Convergencia Cívica”, y gastan elevadas sumas de dinero en campañas publicitarias para convocar a las marchas (se dice que en la de Quito se habrían invertido no menos de 40 millones de dólares), pero al final, hacen que quienes aparezcan discurseando frente a la masa movilizada sean los tradicionales candidatos de dos partidos políticos: la Izquierda Democrática (ID) y el Partido Social Cristiano (PSC).
Estos “líderes ciudadanos” aparecen en las noticias portando carteles que llaman a un golpe de Estado, piden la destitución de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales Constitucional y Supremo Electoral; sin embargo, paradójicamente hablan de la defensa de la Constitución y de la “institucionalidad democrática” del país. Se refieren al gobierno como dictador, y llaman a la ciudadanía a destituir a la actual Corte “de facto”, para volver a sus funciones a la anterior, que era de domino total del PSC, o para nombrar a una nueva, escogida de las carpetas que ellos mismos se han encargado de recabar y calificar. Para ello incluso proponen un mecanismo que no consta en la Constitución: nombrar a lo que llaman “una comisión de notables”, que elija a una Corte Suprema provisional, y cuya función sea emprender en un proceso de cooptación de los nuevos y definitivos magistrados.
¿Quiénes calificarían a los notables?, ¿otros notables? Seguramente los mismos “líderes ciudadanos”. ¿Qué se entendería como ‘notable’?, ¿hay ecuatorianos notables y otros no notables?
Ésta, además de ser una idea excluyente y odiosa, no es una propuesta nueva, y mucho menos asegura la independencia de la justicia, pues así ocurrió en 1998, cuando las fuerzas políticas dominantes de entonces (apodadas como “la aplanadora”), la Democracia Popular de Jamil Mahuad y el PSC, acordaron que una comisión de notables sea la que califique las carpetas que los colegios electorales presentaban, para enviarlas luego al Congreso Nacional, para que sea ahí donde al final se elija a los jueces; algo que provocó que esa instancia de poder del Estado termine quedando en manos del PSC. Lo que hoy sucedería sería incluso peor, ya que el Congreso ni siquiera tendría vela en ese entierro, lo cual provocaría que los “notables” tengan un poder dictatorial en sus manos.
Estos “líderes ciudadanos” incluso van más allá, piden la destitución de los diputados; pero solo de aquellos que quitaron el control de la Corte, los tribunales y los organismos del Congreso al PSC y a la ID, el resto de diputados sí cumple, según ellos, los altos requerimientos patrióticos para ser legisladores.
Los medios de comunicación se han involucrado de lleno en esta cruzada. Sus noticieros no transmiten información, sino convocatorias a participar de esas marchas, que luego las transmiten en directo. La cúpula de la Iglesia Católica, convertida en un partido político más, llama a volver al Estado de derecho y, por supuesto, a mantener la paz.
Es todo un movimiento de políticos y de partidos políticos disfrazados de movimientos ciudadanos, que van tras un solo propósito: presentarse como referentes de la oposición al gobierno y capitalizar el descontento de la gente de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Es el juego de Jaime Nebot, líder del PSC, y de Paco Moncayo, alcalde de la ID. Ambos buscan afirmarse como referentes políticos locales y potenciarse incluso como figuras a nivel nacional. Los deplorables resultados electorales de sus partidos en las pasadas elecciones presidenciales así lo exigen: el PSC, con su candidato, Javier Neira, quedó en sexto lugar, y la ID, con su líder histórico (más bien jurásico), Rodrigo Borja, quedó en un humillante cuarto lugar.
Siendo ese el propósito, en Quito, en los días previos a la “marcha por la democracia”, el debate entre los organizadores estaba en quién debía liderar la marcha. Desde la dirección de la ID se evidenciaban disputas entre Guillermo Landázuri, que fue electo recientemente presidente de ese partido, y Paco Moncayo, alcalde de Quito. Landázuri buscaba aprovechar esta oportunidad para elevar un poco su decaída imagen como el principal de ese partido, pues no le es fácil acomodarse en el privilegiado puesto de las élites políticas que tenía su antiguo líder, Rodrigo Borja, hoy jubilado de la política.
Moncayo calculaba sus propias proyecciones. Aunque hasta hace poco su presencia política no rebasaba los temas de la administración municipal, de la cual decía era su principal aspiración, de un día para otro apareció con acalorados discursos antigobiernistas, hablando de refundar la patria. Es claro: busca medir sus posibilidades.
Es obvio también que existe un proceso de acercamientos entre Moncayo y Nebot para establecer un proyecto de poder a largo plazo, algo que está en carpeta desde hace rato: el de ser los protagonistas de un bipartidismo en el país, que si no da resultados por el lado de las elecciones presidenciales, por lo menos resulte a través de las autonomías. Moncayo y el prefecto de Pichincha, de la ID, hablan de que debe ser Pichincha, y Quito en particular, quien encabece la lucha por la instauración de un sistema autonomista en el Ecuador, en el que se repartan las zonas más ricas del país con el PSC en la Costa.
Estos son los propósitos de fondo de las movilizaciones de Guayaquil y Quito. Porque el problema de la Corte encontrará, tarde o temprano, una solución en la conocida componenda. Ya hemos visto a los representantes del gobierno y de la ID hablar de que están dispuestos a dialogar para encontrarle una salida a esta crisis. Por otro lado, en el Congreso el PSC y la ID buscan retomar la mayoría que perdieron el año pasado, para así volver a reestructurar la justicia y los tribunales, y hasta las mismas autoridades del Congreso.
En el horizonte se avizoran nuevos escándalos políticos y nuevos ataques a la “institucionalidad democrática”, pero para los pueblos eso es bueno; porque mientras esa podrida institucionalidad se muestre más abiertamente en sus pugnas y contradicciones, los pueblos tendrán su oportunidad para salir con su proyecto real de poder, diferente y de cambios estructurales para el país. Lo que importa es que la lucha popular se imponga frente a las diferencias de lectura política que han ocurrido en sus distintas fuerzas, y que en estos momentos las tienen en enfrentamientos dañinos.
Es necesario que en el Ecuador se imponga nuevamente la lucha popular, y se pongan en primer plano las contradicciones pueblo-oligarquía, antes que las contradicciones interoligárquicas.

Franklin Falconí