El proyecto de impunidad de Álvaro Uribe

Hay secretos muy bien guardados en los grandes medios de comunicación. Uno de ellos, quizás el más importante en los últimos meses, es el que tiene que ver con la verdadera posición del Presidente Álvaro Uribe Vélez con relación a la negociación con los grupos paramilitares. ¿Sabía de antemano el Presidente de las reales o supuestas divergencias entre el ministro del interior, Sabas Pretelt de la Vega y el alto comisionado, Luis Carlos Restrepo? ¿Estaba enterado el presidente Uribe de las grandes divergencias entre el proyecto de los Congresistas Pardo, Parody, Borja y Velasco? ¿Todo era un show mediático? El novelón terminó esta semana pasada en la Casa de Nariño.

No solo el Presidente sabía, sino que además de saber estaba tras bambalinas. No solo no apoyaba el proyecto de los Congresistas, sino que apoyaba abiertamente la posición de Luis Carlos Restrepo. Esto queda perfectamente claro si se examina el proyecto de "Justicia y Paz" que salió cocinado de las propias manos de Uribe y sus asesores más cercanos.

Un marco jurídico para la impunidad

El proyecto de Uribe que delinea el marco jurídico para la reincorporación de los jefes de las autodefensas a la vida civil, es un proyecto de impunidad, que no garantiza ni la verdad, ni la justicia y mucho menos la reparación de las víctimas. Es un proyecto lleno de argucias maquiavélicamente preparado.

En primer término el proyecto garantiza la impunidad al no condicionar los beneficios judiciales a la confesión plena de los delitos y a la entrega total de los bienes. Por el contrario, el proyecto de ley del gobierno de Uribe les garantiza a los paramilitares que digan mentiras, verdades a medias y si por acaso las víctimas logran mostrar el engaño, el proyecto les garantiza que no tendrán ningún castigo porque de todas maneras las penas no serán mayores a las que contempla el proyecto de ley. Es decir, si un paramilitar que este incurso en delitos de lesa humanidad puede entregar parte de los bienes o confesar sólo una parte de los delitos y si los tribunales de distrito logran luego demostrar que cometieron otros delitos o que ocultaron parte de los bienes, los paramilitares simplemente confesaran que es verdad pero esto no les acarrea ni la pérdida de los beneficios judiciales ni el aumento de las penas.

Jurídicamente el proyecto garantiza que los paramilitares encubran a sus financiadores e instigadores, puesto que de todas maneras, la máxima pena que tendrán que pagar en alguna colonia agrícola será como lo veremos más adelante de máximo unos 30 meses. Estamos hablando de 30 meses para asesinos de miles de personas, delitos que además han cometido con saña y con alevosía.

El proyecto no plantea ninguna jurisdicción especial. Está pensado para favorecer a los victimarios y desconoce completamente el derecho de las víctimas por lo menos a la verdad. Los paramilitares podrán contar lo que quieran y entregar los bienes que quieran. Todo el proceso judicial desde la "versión libre y espontánea" que presentarán ante el fiscal hasta el "juicio" y el veredicto del Tribunal y aún la segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia, están hechos a favor de los victimarios. Es una verdadera carrera para liberar a los más grandes criminales de la historia de este país.

Penas irrisorias y prisiones de lujo

Donde se ve el tamaño del elefante es en el tema de las penas. Dice el proyecto que no podrán ser inferiores a cinco años ni superiores a ocho, pero veamos como se reducen y como se pretende hacer conejo a la justicia en Colombia y a la justicia internacional. El proyecto plantea una rebaja para todas las penas hasta de un quinto del total de la pena, es decir, que ahí ya vamos en cuatro años. Pero además de esos cuatro años hay la posibilidad de valerle hasta 18 meses de los que haya permanecido en Santa fe de Ralito, es decir, que ya estamos en 30 meses. Eso si, en ningún caso podrá ser inferior a cinco años. Qué burla!!! Que Show!!! ¿La Comunidad Internacional, la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos permitirán esta burla?

Pero esas irrisorias penas podrán pagarlas en cárceles especiales, "el gobierno nacional determinará el establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva. Los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y austeridad, propias de los establecimientos administrados por el INPEC.

La pena podrá cumplirse en el exterior" (Articulo 32, Proyecto de Justicia y Paz).

Sin reparación para las víctimas

El proyecto plantea que las víctimas tienen derechos, pero, cuando se examina cuáles son sus derechos y cuáles las responsabilidades del Estado se mencionan perlas como las siguientes: tienen derecho a "una pronta e integral reparación de los daños sufridos, por parte del autor o participe del delito" (Artículo 39). Se crea una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación sin participación de las víctimas e integrada por el Vicepresidente, el Procurador, el Ministro del Interior, el Ministro de Hacienda, el Presidente del Congreso de la República, el Director de la Red de Solidaridad y el Presidente de la República; además nombrará "cinco personalidades, teniendo en cuenta una adecuada representación femenina". Esta Comisión tendrá una vigencia de cinco años.

Al mismo tiempo, el proyecto plantea la creación de un fondo para la reparación de las víctimas como una cuenta especial sin personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el director de la Red de Solidaridad Social. "El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas a que se refiere la presente ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero o en especie nacionales o extranjeras".

No hay en el proyecto una política para la reparación de las víctimas ni para la devolución de sus bienes ni mucho menos para el conocimiento de la verdad. El Estado no determina un porcentaje mínimo de recursos para ese fondo y más bien espera que los victimarios sean sus financiadores.

Una última perla que ha levantado un amplio debate hoy en el país es el artículo 64 del proyecto que dice: "También incurrirá en delito de sedición quien conforme o haga parte de grupos de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso, la pena será la misma prevista para el delito de rebelión". De allí se desprenden dos asuntos: primero que los paramilitares se consideran como delincuentes políticos y en segundo lugar que como tales no podrían ser extraditados. A esto un senador, Rodrigo Rivera, lo calificó como "un mico con sacoleva gestado en la Casa de Nariño".