Tal como lo ha venido advirtiendo el senador Rafael Pardo, el gobierno ha aplicado hasta el fondo su poder en el parlamento para lograr la aprobación del proyecto de "Justicia y Paz" tal como salió de las manos del presidente Uribe, su bancada en el Congreso y sus asesores. Hasta ahora, también, se supone que con este proyecto estarían de acuerdo los grupos paramilitares concentrados en Santa Fe de Ralito. Durante su trámite por el Congreso se han presentado varios hechos que han marcado su aprobación, de los cuales el más significativo lo constituyó la carta del Fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, carta que en algunos de sus apartes le solicita al gobierno que le informe "¿Cuáles acciones ha emprendido para castigar a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos después del mes de noviembre del año 2002?", al tiempo que le pide mantener constante información sobre los proyectos de ley discutidos para castigar a los autores de este tipo de crímenes. Moreno le informa al gobierno que la Corte Penal Internacional ha recibido una serie significativa de denuncias sobre crímenes de lesa humanidad de que son autores "los grupos paramilitares, las FARC y el ELN, y Oficiales de la Fuerza Pública Colombiana" y para los cuales esa Corte es competente a partir del mes de noviembre del año 2002, con lo cual le está notificando al gobierno sobre la posibilidad de intervención en caso de que ese organismo considere que el sistema judicial colombiano no ha cumplido con su misión de brindar pronta y cumplida justicia.

Pero lo más importante para el tema que nos ocupa tiene que ver con la notificación al gobierno colombiano de que la Corte está siguiendo con atención el debate sobre la ley de "Justicia y Paz": "La Fiscalía (de la CPI) esta al tanto de los anteproyectos de ley que han sido discutidos recientemente y se refieren a la creación de medidas para investigar y castigar a los líderes de grupos ilegales que hayan cometido crímenes graves. Tales iniciativas son claramente de gran interés para la Fiscalía y le agradecería, por tanto, que me mantuviera informado de los avances a este respecto". Este pronunciamiento ha puesto en debate el tema de hasta dónde el proceso "está blindado" frente a organismos de la justicia internacional con jurisdicción en Colombia como lo son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Lo que es claro -y los grupos paramilitares parecen haberlo entendido- es que si el proyecto de ley de "Justicia y Paz" no respeta los estándares mínimos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la CPI tarde o temprano se verá obligada a intervenir. A través de esta misma publicación, he venido insistiendo en que los proyectos presentados por el gobierno de Uribe no garantizan estos estándares internacionales, puesto que no proveen reparación efectiva para las víctimas, no garantizan la verdad y entronizan legalmente la impunidad.

Un segundo tema del contexto lo constituyen las declaraciones de los ex presidentes Pastrana, Gaviria y López de que el proceso de negociación con los grupos paramilitares está estrechamente relacionado con la reelección del presidente Uribe. Los grupos paramilitares vienen ejerciendo el poder en varios departamentos del país como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Cesar. Han aparecido sus tentáculos en municipios del eje cafetero y hay varios detenidos e investigaciones en los departamentos de Meta, Casanare y demás territorios de los llanos orientales, así como en Santander y Norte de Santander. Hasta el Alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, tan temeroso de abrir discusiones con el gobierno nacional, se atrevió a señalar que en Ciudad Bolívar, una de las 20 localidades de Bogotá, los grupos paramilitares vienen incursionando peligrosamente, y que este tema debería tratarse con Uribe en un próximo Consejo de Seguridad para que sea planteado en Santa Fé de Ralito.(1)

Una investigación reciente sobre cultivos de uso ilícito en el sur del departamento de Bolívar muestra que el Bloque Central Bolívar, considerado la espina dorsal de los grupos paramilitares, logró acumular grandes recursos políticos y económicos en el sur de Bolívar, gracias a su vinculación con los cultivos ilícitos. Los grandes recursos obtenidos en las actividades del narcotráfico, según esta investigación, están dedicados a la compra de armas, al pago de los paramilitares, al tráfico de precursores químicos, a la compra de tierras, al pago de sobornos y la corrupción de las autoridades locales, a la acumulación individual de capital y al "aumento de las aspiraciones políticas de algunos de los jefes paramilitares". Todo ello se desarrolla en medio de una amplia impunidad por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.(2)

Amplias regiones del país están en manos de los grupos paramilitares que extorsionan a las autoridades locales y violan la tregua o cese de hostilidades que ellos mismos decretaron en noviembre de 2002, como ha sido demostrado y debidamente documentado. Son de tal gravedad estas violaciones que el propio César Gaviria Trujillo, artífice de la Comisión de seguimiento de la OEA que preside Sergio Caramagna, ha señalado recientemente que los paramilitares vienen violando masivamente la tregua que declararon y que es la exigencia mínima de Uribe para iniciar cualquier proceso de negociación con los actores del conflicto armado. Todo esto sucede con la abierta complicidad de los grandes medios de comunicación, muy oficiosos en el seguimiento de las violaciones de los acuerdos por parte de las FARC hace unos años cuando se desarrollaba el proceso en El Caguán y ahora totalmente obsecuentes con las violaciones masivas de los derechos humanos por parte de los grupos paramilitares. Como se sabe, la Comisión Colombiana de Juristas ha documentado más de 1900 asesinatos perpetrados en esta farsa de tregua y la Defensoría del Pueblo más de 350 violaciones al cese de hostilidades sin que el gobierno de Uribe, rodeado de la gran prensa y de los cacaos, haga algo para parar estas violaciones masivas de los derechos humanos.

Un tercer hecho significativo para el proceso lo constituyen las continuas declaraciones de los voceros de los grupos paramilitares con respecto al contenido del proyecto. Es obvio que ellos están de acuerdo con la mayor parte del contenido aunque tienen dudas con respecto al blindaje de la ley en dos órdenes: el primero en el orden nacional, en relación con la Corte Constitucional, puesto que persisten serias dudas con respecto a la naturaleza de la ley. El gobierno le viene dando un carácter de ley ordinaria cuando hay argumentos muy respetables que muestran que la ley es de carácter estatutario y por tanto que requeriría un trámite especial. Un segundo problema tiene que ver con los alcances de la Justicia Internacional. Frente a esto el gobierno aduce que las penas de 30 meses serán suficientes para que la justicia internacional considere que el proceso ha brindado justicia a las víctimas. La carta del Fiscal de la Corte Penal Internacional, así como las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, parecen caminar en una dirección totalmente contraria a las predicciones del gobierno.

Narcotráfico, delitos políticos y extradición

Las declaraciones vehementes de Ernesto Báez, vocero de los grupos paramilitares, en contra del proyecto, tienen a mi juicio dos alcances. El primero es un alcance legitimador, pues, en boca del Alto Comisionado, son una muestra de que el proyecto está en el justo medio entre la paz y la justicia y mantiene el descontento en los extremos de las víctimas y las ONG de derechos humanos y en el otro extremo de los mismos grupos paramilitares. Por ello, dice el Comisionado Restrepo sin ruborizarse, el proyecto es el camino para la paz.

Sin embargo en las declaraciones de Báez hay también divergencias con lo aprobado hasta ahora y estas divergencias se dan en torno a dos puntos básicos: el primero es la extradición, puesto que en efecto, el proyecto de ley no blinda a los jefes paramilitares frente a solicitudes de extradición que quedan pendiendo del hilo débil de la voluntad del presidente de turno. Con ello Uribe logra que los paramilitares luchen a fondo por su reelección, con lo que les estaría garantizando por lo menos cuatro años más de seguridad de que no serán extraditados.

Un segundo asunto tiene que ver con la negativa de las Comisiones primeras de Cámara y Senado a considerar el paramilitarismo como delito político. Como bien se sabe, el artículo 64 del proyecto contemplaba conferir al paramilitarismo el calificativo de sedición, con lo cual entraba en la categoría de delito político y brindaba seguridades jurídicas frente a la extradición y la posibilidad de considerar al narcotráfico como delito conexo. Pero además les brindaba la posibilidad de, una vez cumplidas las irrisorias penas, presentarse como candidatos a cargos de elección popular. El verdadero sentido de la decisión de los congresistas es que muchos de ellos quieren seguir siendo intermediarios de los intereses de los paramilitares en el Congreso pero no quieren que los propios jefes paramilitares sean dentro de tres o cuatro años sus competidores electorales. Con la no aprobación del artículo 64 no existirá ese peligro.

Son estos dos asuntos los que distancian en términos reales a los señores paramilitares de los contenidos del proyecto, puesto que en lo demás no solo están de acuerdo sino que se sienten bien representados por el Comisionado y por el propio presidente Uribe. Veremos si las dudas que tienen ameritan provocar una crisis en la votación de las plenarias de Cámara y Senado que se realizarán próximamente.

(1)"No permitiré un paraestado": Garzón. Alcalde pedirá a Uribe que caso de Ciudad Bolívar se trate con Autodefensas. El Tiempo, 12 de Abril de 2005, página 1-3.

(2) Cultivos de uso ilícito en el sur de Bolívar: aproximación desde la economía política. Fonseca Daniel, Gutiérrez Omar y Rudqvist Anders. ASDI- PNUD Colombia. Bogotá, abril de 2005.

Ricardo de Lima