Del 8 al 10 de junio, representantes de los gobiernos latinoamericanos y caribeños se reunieron en Río de Janeiro, Brasil, para discutir y aprobar un plan de acción que permita implementar avances en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y formular políticas concretas para construir una sociedad de la información que permita superar la enorme brecha digital que existe en América Latina y el Caribe, que sabemos está ligada a otras brechas sociales y económicas que marcan profundas desigualdades en la región.

Visión limitada

Durante la conferencia, las organizaciones sociales mantuvieron un fuerte cabildeo y lograron dialogar con los representantes de gobierno sobre los temas más espinosos, poniendo sobre la mesa la necesidad de construir una concepción de la sociedad de la información que tenga como marco los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos, rebatiendo una visión limitada a ofrecer conectividad y acceso a Internet, pensada sin duda desde los escritorios de las grandes corporaciones de la telecomunicación.

Estas limitaciones conceptuales también se reflejaron en el programa de la conferencia, porque no todas sus instancias estuvieron abiertas a la sociedad civil. Las sesiones en las que se discutieron los principales documentos permitieron la entrada de sólo los delegados de gobierno, por lo cual las personas que representaban a la sociedad civil se vieron impedidas de participar en las discusiones y reuniones de trabajo, como tampoco tuvieron el acceso oportuno a los documentos en discusión.

Las organizaciones sociales expresaron su protesta porque de esta manera no se respetaron los mecanismos de participación ni las reglas de procedimiento establecidas en el marco de la Cumbre Mundial por la Sociedad de la Información y que deberían haberse tenido en cuenta en esta conferencia regional.

También señalaron su crítica a la conformación de los paneles oficiales sobre los principales temas en discusión, gobernanza de Internet y mecanismos de financiamiento, en los que fue evidente la ausencia de diversidad de género, raza y etnia. Las organizaciones consideraron que esta actitud “es un indicativo de cuanto debemos recorrer en la construcción de sociedades de la información inclusivas”, y lo expresaron en una de las intervenciones en sesión plenaria.

No obstante, los activistas sociales pudieron establecer buenos intercambios de información y de contenidos con los representantes de la sociedad civil que integraron cuatro delegaciones oficiales - de Argentina, Venezuela, Perú y Nicaragua. Así, las consultas y el compartir de ideas y de aportes pudo lograrse con bastante fluidez. También la sociedad civil trabajó para que su voz fuera escuchada en dos instancias de cinco minutos cada una en sesión plenaria, a las que se agregaron una intervención del Caucus de Género y otra del Caucus de Juventud.

Esta presencia unida de varias organizaciones que vienen trabajando en el marco de la CMSI desde su primera fase impulsó un trabajo coordinado capaz de sostener que “los tres pilares de la construcción de sociedades de la información no son las telecomunicaciones, los equipos y el software, sino la infoética, la educación digital, (con una visión de los usos e impactos sociales) y la participación real y efectiva de la ciudadanía en todas las etapas del proceso, de la definición a la implementación y evaluación de las políticas públicas de la sociedad de la información y de su impacto”.

Integrando alianzas

Los activistas de la sociedad civil también encontraron eco a numerosos reclamos que han venido realizando en la región desde el comienzo del proceso de la CMSI. Esto se debió a la acción mancomunada de varias delegaciones oficiales que impulsaron políticas que lograron romper con un discurso privatizador y poco preocupado con el desarrollo social de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Argentina, Uruguay, Brasil, República Dominicana y Nicaragua dieron un buen ejemplo de un enfoque multisectorial en todo su trabajo. De estas delegaciones, vale resaltar la tarea cumplida por la delegación de Uruguay a favor de consolidar la inclusión de las radios comunitarias, en su convergencia con las TIC, y de Brasil por impulsar la producción y uso de software libre y de código de fuente abierta en el plan de acción regional.

Así como se percibió a estos gobiernos favoreciendo políticas regionales independientes, también fue notoria la labor que cumplió la delegación de El Salvador, siempre atenta a las exigencias del sector privado y a las políticas impulsadas habitualmente por los Estados Unidos en este tipo de foros.

También vale señalar que fue visible el escaso margen de participación que se otorgó a la UNESCO en toda la conferencia, cuyas riendas estuvieron en manos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Contrariamente a lo ocurrido en la reunión de gobiernos que se celebró en mayo en Quito, preparatoria de esta conferencia, donde la UNESCO cumplió un papel de liderazgo y apertura, en esta conferencia su rol fue relegado.

El “Compromiso de Río de Janeiro” y el “Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe” [1]
son los resultados de las discusiones que se suceden en la región desde 2002 y establecen una posición latinoamericana ante la segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), que se celebrará en noviembre próximo en Túnez.

Queda ahora por ver si los consensos logrados en Río de Janeiro se traducen en acciones que favorezcan a la población, con una concepción inclusiva y no elitista ni comercial de la sociedad de la información. Las organizaciones de la sociedad civil tendrán que seguir atentas a que se cumpla lo pactado y la participación anunciada sea realmente democrática y efectiva.

Dafne Sabanes Plou