El tribunal presidido por el capitán de navío Máximo González e integrado por el canciller coronel (Ejército) Carlos Espinoza y el relator capitán de corbeta José Ponce Anzola condenó a tres de los procesados por el delito de “rebelión militar”, con penas de 2 a 9 años de prisión, que afecta al general de brigada Ovidio Poggioli Pérez, al coronel de la Guardia Nacional Jesús Farias Rodríguez y al capitán de Ejército Rafael Farias Villasmil.

El general Poggioli Pérez, condenado a 2 años 5 meses y 10 días por el delito de rebelión militar, será recluido en el centro de Procesados de Ramo Verde. Su defensa solicitó conmutación de la sentencia por haber cumplido más de la mitad de la pena, pero la decisión final quedó en manos de otro juzgado, el Tribunal Primero de Ejecución de Sentencia.

El coronel Jesús Farias Rodríguez y el capitán Rafael Farias Villasmil resultaron condenados a 9 años por el delito de rebelión. A la vez, quedaron separados de su carrera militar e inhabilitados políticamente.

Los otros tres procesados quedaron en libertad por falta de méritos para una sentencia. El coronel Jesús Castro Yellez, el capitán Javier Nieto Quintero y el capitán Javier Quintero González fueron declarados no culpables del delito de rebelión y, en consecuencia, quedaron libres de inmediato.

Colombianos sentenciados

El tribunal militar también halló culpables a otros 27 ciudadanos colombianos que deberán pagar condenas de 6 años. Quedaron en libertad otros 73 paramilitares que serán trasladados a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería del estado Táchira, fronterizo con Colombia, a los fines de su repatriación.

El tribunal militar tiene un plazo de diez días hábiles para publicar la sentencia, pero se supo que lo hará en los próximos tres días. Si la acusación o la defensa deciden apelar las sentencias, la Corte Marcial deberá fijar fecha para una nueva audiencia.

La invasión paramilitar

Importar narcoterroristas colombianos para asesinar al Presidente y sembrar el caos en Venezuela fue una de las últimas jugada de la derecha venezolana, los grupos económicos del país de Simón Bolívar, Estados Unidos y la oligarquía bogotana para interrumpir el proceso democrático de transformaciones sociales que conduce Hugo Chávez. La abortada acción subversiva internacional que proyectaban los terroristas extranjeros habría desestabilizado al país antes de la realización del referéndum o plebiscito que ratificó el mandato de Hugo Chávez en agosto 2004.

El objetivo principal de los paramilitares consistía lisa y llanamente en asesinar a Hugo Chávez, quien debía cenar la noche del miércoles 12 de mayo 2004 con un grupo de banqueros en la residencia presidencial de La Casona, reveló entonces el Vicepresidente José Vicente Rangel. Simultáneamente, otro grupo asaltaría el palacio Miraflores y el resto atacaría por lo menos dos depósitos de armas, el Comando Regional N° 5 de la Guardia Nacional -equivalente a la policía de Carabineros de Chile o la Gendarmería de Argentina- y la base aérea La Carlota. Un oficial activo de la aviación trataría de hacerse de un avión para arrojar algunas bombas sobre la ciudad.

El nuevo modelo económico que impulsa Chávez orienta el gasto público hacia proyectos que ponen énfasis en el desarrollo humano, enfrenta a los monopolios, a las grandes corporaciones, a los grupos económicos locales y al imperio. El mandatario declaró en ese mes de mayo 2004 el carácter antiimperialista del proceso llamado «revolución bolivariana», proclamado por el mismo Chávez como camino hacia el “socialismo del siglo 21”, en enero 2005 en Porto Alegre, Brasil.

En ocasión de la invasión paramilitar, Chávez exhortó a crear milicias para defender la revolución bolivariana. Desde entonces se amplió la reserva con quienes desearon enrolarse, hombre o mujer, para recibir instrucción militar, en un nuevo concepto de "defensa integral" que va más allá de la simple reincorporación de reservistas, que también se hizo.

Ernesto Carmona