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Andrónico Luksic, prófugo de la justicia peruana, asistió relajado (ángulo derecho) al banquete de celebración de los 60 años de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, el pasado 4 de octubre. Compartió la mesa de honor con el presidente de la República, el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central y el presidente de los banqueros, a los que pareció no importarles la orden de captura internacional que pesa sobre Luksic.

El 29 de septiembre, un tribunal anticorrupción solicitó la captura internacional de tres directivos de la filial peruana de la empresa chilena Lucchetti, acusados de tráfico de influencias. Luksic, Fernando Pacheco y Gonzalo Menéndez fueron declarados "reos contumaces" por la magistrada Inés Villa Bonilla, que preside la Primera Sala Penal Anticorrupción, luego que decidieran no presentarse a una audiencia programada en Lima. "A pesar de que ellos recibieron con la debida anticipación las notificaciones, no se presentaron ante el tribunal", dijo Villa Bonilla sobre los motivos del fallo.

El abogado peruano de Luksic, Pacheco y Menéndez, Carlos Caro, señaló que sus defendidos no acudieron a la audiencia porque "no tienen las garantías de un juicio justo, ni para una comparecencia libre de presiones ilegítimas por parte de dicho tribunal".

Los empresarios chilenos están acusados de haber solicitado, en 1998, la intervención del ex asesor en asuntos de seguridad del fugado ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), Vladimiro Montesinos Torres, para ganar un juicio a la municipalidad de Lima, tal como aparece en tres videos que fueron grabados por el propio ex hombre fuerte del fujimorismo.

El conflicto con la municipalidad de Lima estalló en 1997, luego que la empresa Lucchetti -de propiedad de Luksic- decidiera levantar una fábrica de pastas en los Pantanos de Villa, zona protegida a veinte kilómetros al sur de Lima. Lucchetti rechazó el ofrecimiento de la comuna limeña para instalar la planta en otros terrenos y obtuvo autorización para construir una industria liviana, que no afectaría a los pantanos. Sin embargo, iniciaron una edificación de seis pisos y dos enormes silos. Ante esto, la municipalidad ordenó paralizar la obra y le retiró la licencia de funcionamiento.

Lucchetti presentó un recurso de amparo en 1998, que fue resuelto a su favor gracias a la mediación de Montesinos. En agosto de 2001, tras conocerse los videos que pusieron en evidencia las negociaciones de los ejecutivos de Lucchetti con Montesinos, la municipalidad de Lima dio un plazo de un año a la empresa para trasladarse a otro lugar e inició el proceso penal contra Luksic, Pacheco y Menéndez.

El 7 de enero de 2003, la sede principal de Lucchetti en Chile anunció el cierre definitivo de su filial en Lima. "No tenemos nada que hacer en Perú. Somos víctimas de una discriminación", dijo Edmundo Eluchans, abogado de Lucchetti. Los representantes de la empresa han declarado ser víctimas de "discriminación y xenofobia" en Perú cada vez que se han encontrado en problemas.

En un aviso a toda página, publicado en los principales diarios peruanos el 11 de septiembre pasado, Lucchetti-Perú denunció "discriminación ilícita contra ciudadanos chilenos", ante la decisión de la Primera Sala Penal Anticorrupción (integrada por las magistradas Villa Bonilla, Inés Tello e Hilda Piedra) de citar a un juicio oral a Luksic, Menéndez y Pacheco.

En el comunicado, la defensa de Lucchetti-Perú "reitera que los señores Luksic, Menéndez y Pacheco son inocentes y vienen recibiendo un trato discriminatorio ilícito, debido a que supuestamente la acción penal ya se encuentra prescrita", tomando en cuenta que el plazo de prescripción del delito de tráfico de influencias es de seis años, y pone como ejemplo otros dos casos en los que la misma sala admitió la prescripción. "Las magistradas utilizan un doble estándar: uno más favorable para ciudadanos peruanos (prescripción a los seis años) y otro perjudicial para ciudadanos chilenos (prescripción a los ocho años)", dice el comunicado.

Para los abogados peruanos de los empresarios chilenos, su caso debería haber prescrito en diciembre de 2004, cuando se cumplieron seis años de haberse cometido el delito. Sin embargo en junio, la Corte Suprema ratificó los fallos de los jueces anticorrupción señalando que los delitos recién prescriben en enero de 2007.

Según el recurso de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema "se imputa a Andrónico Luksic que, conociendo del poder real y político que tenía Montesinos Torres en el Poder Ejecutivo y Judicial en particular, se contactó con él para motivarlo e instigarlo sostenida y resueltamente con ofertas dinerarias a efecto de que los jueces fallaran a favor de la Empresa Lucchetti-Perú Sociedad Anónima y en contra de la Municipalidad Provincial de Lima. En consecuencia, no sólo la pena sino también la prescripción ha de tener el mismo tratamiento que corresponde a Montesinos Torres".

Iván Meini, ex procurador, explicó que "el plazo de prescripción es igual al máximo de la pena del delito que se imputa al autor, en este caso Montesinos, la cual es agravada y hace que el caso se extienda hasta enero de 2007".

La rabieta de los propietarios de Lucchetti tendría que ver, al parecer, con la negativa a la solicitud de que el caso sea juzgado por otra sala, que sería más benevolente con los chilenos.

Pero lo que más ha llamado la atención de las autoridades peruanas y de la prensa local es la defensa de Luksic que hace el propio gobierno chileno. Y no es la primera vez. Poco antes del cierre definitivo de la fábrica, en 2003, el presidente Ricardo Lagos había demandado a Perú "normas claras para el comercio y las inversiones internacionales". El director del diario Perú 21, Augusto Alvarez Rodrich, opinó que si bien es totalmente válido que un gobierno ayude a ciudadanos de su país con problemas en el exterior, "el gobierno chileno debería modificar la actitud que suele proyectar de ser un ’gobierno corporativo’, que siempre sale en defensa de sus empresas en el exterior, al margen de los hechos".

Luksic se ha declarado "víctima de una campaña sórdida", y justifica todos y cada uno de los actos que culminaron con la instalación de la fábrica en los Pantanos de Villa. Perú, para él, es una "pesadilla".

El canciller chileno, Ignacio Walker, ha declarado que "no nos es indiferente lo que ocurra con tres personas honorables que han creído en Perú y que han invertido cerca de 550 millones de dólares". Eso significaría que para las autoridades chilenas el dinero compra la honorabilidad, al negarse a admitir que se cometió un delito que quedó documentado en videos, en uno de los cuales aparece Luksic reclamando a Montesinos "una guerra corta y sangrienta" contra el entonces alcalde de Lima, Alberto Andrade. A esto se suma el testimonio del ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, contralmirante retirado Humberto Rozas, que asegura haber visto un cheque de 250 mil dólares girado por Luksic a Montesinos para ser usado en la ilegal campaña re-reeleccionista de Fujimori en el año 2000. Otra ex asistente de Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi, ha declarado que Luksic aportó dos millones de dólares para esa misma campaña.

Según el diario La República en un reciente editorial, "atribuir un fallo judicial que lo perjudica a un supuesto ’antichilenismo’ existente, constituye un récord de desfachatez y reduccionismo. Un mínimo de lucidez y autocrítica debiera conducir a Andrónico Luksic a aceptar que lo que hoy cosecha se lo buscó él mismo al emplear vías retorcidas para imponer su poder económico sobre la legalidad, negociar con un mafioso y construir la planta Lucchetti donde jamás debió estar. Si hoy su nombre es en Perú sinónimo de prepotencia y arbitrariedad, de capitalismo salvaje que se impone al medio ambiente para hacer lo que le viene en gana, es porque hizo todo para merecerlo. Las ’falsedades y mentiras’ estuvieron de su lado".

Las autoridades peruanas han demandado a sus pares chilenas respeto a los fallos judiciales y a la autonomía del Poder Judicial, y no involucrarse en asuntos internos de Perú. Walter Vásquez, presidente de la Corte Suprema, precisó que "este es un problema de los directivos de una empresa (Lucchetti) que tienen un proceso penal, y según la Constitución peruana, aunque sean extranjeros, tienen el mismo trato que los nacionales". Vásquez agregó que las opiniones de Lagos y Walker "no tienen ninguna incidencia en el proceso judicial".

Incluso el canciller peruano, Oscar Maúrtua recordó al gobierno chileno que el caso no pertenece al ámbito diplomático sino al judicial. "Chile debe respetar al Poder Judicial de Perú como lo hace con el suyo propio", dijo. Muchos peruanos se preguntan qué pasaría si las cosas ocurrieran al revés. ¿Permitirían las autoridades chilenas la injerencia del gobierno de Perú en un juicio contra un empresario peruano que cometió un delito en Chile? Luksic, Pacheco y Menéndez han anunciado que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la falta de garantías mínimas en el juicio. Para ello han contratado como abogado al influyente ex presidente de la CIDH, el también chileno Claudio Grossman, quien ya se pronunció a favor de sus clientes y en contra de la justicia peruana. Habrá que ver cuál será la reacción de José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA.

Andrónico en su santuario

Hay informaciones cuya fuerte carga noticiosa y sus efectos políticos trasparentan los aparatos comunicacionales de los gobiernos. Hace algunos años la detención de Pinochet en Londres la recibió un nervioso Eduardo Frei en una reunión cumbre en Lisboa, y hace un par de semanas, guardando las proporciones, Ricardo Lagos recibió la noticia de la orden de captura internacional contra Andrónico Luksic en una reunión de la Comunidad Suramericana de Naciones, en Brasilia. En ambos casos, tal vez por las corrientes subterráneas que relacionan al poder político con estos ilustres "perseguidos de la justicia", los mandatarios chilenos reaccionaron sin medir todas las consecuencias de sus palabras. Frei dijo entonces -en una transcripción muy libre- que en aquel caso debía primar la legislación nacional, en tanto Lagos señaló que había que hacer algo entre gobiernos.

Consultado por la prensa, el gobernante chileno dijo en la capital de Brasil que "el gobierno ha seguido con mucho interés y preocupación lo que está ocurriendo. Se han usado -como se ha dicho- canales diplomáticos para hacer ver los puntos de vista de nuestro gobierno y esperemos que esto tenga una buena solución". ¿Lapsus linguae?

Estas expresiones no tendrían, en principio, ningún problema de argumentación, a no ser por lo que se decía desde La Moneda. El día anterior a la alocución de Lagos, el portavoz de gobierno, Osvaldo Puccio, esta vez en un ejercicio de coherencia y lógica con el discurso gubernamental ante la justicia, decía que "Perú es un país amigo y soberano, donde las instituciones funcionan y ellas tienen que dar curso a las actividades regulares de los procesos que están siendo incoados en los tribunales de ese país". Sin embargo, Puccio dejaba abierta una puerta para eventualidades: "De ser necesario se realizarán gestiones diplomáticas, que por su naturaleza son de carácter reservado". ¿Otro lapsus linguae?

¿Doble discurso?

El matiz de Puccio fue tomando fuerza con las horas. Al día siguiente, aun cuando sin saltarse del todo la norma de La Moneda de no comentar los fallos judiciales -"no es tarea del Ejecutivo comentar los fallos en Chile ni en el extranjero"- dijo con claridad que "al gobierno siempre le preocupa la situación de cualquier chileno en el extranjero" y que "éste es un tema que el Ejecutivo está siguiendo y lo está haciendo por los canales diplomáticos, recibiendo información y viendo si hay acciones o gestiones que realizar".

Canales diplomáticos es, de una u otra manera, un eufemismo para decir que se hará lo posible para intervenir a nivel del gobierno. ¿Qué sucedería si La Moneda hace una declaración similar respecto al caso MOP-Gate?

A las palabras siguieron lo que se denomina los gestos, comunicación no verbal o pragmática de la comunicación. El 4 de octubre Ricardo Lagos asistió a una reunión con la Asociación de Bancos, en la que estaba, como representante del Banco de Chile-Edwards, el prófugo de la justicia peruana Andrónico Luksic. Lagos dijo que era "normal" que el gobierno esté preocupado por la situación del empresario y amplió esta preocupación hacia otros eventos, como la detención de los chicos grafitteros. Sin embargo, como precaución destacó el hecho que en la reunión se hallara Luksic como una simple "coincidencia".

Tanta ambigüedad dio pie a una información aparecida en La Tercera: había sido el gobierno quien le había sugerido a Luksic no presentarse en Perú, lo que puede interpretarse como una carta gubernamental bajo la manga. Esta información, sin embargo, fue desmentida con inusual y sospechosa energía tanto por el ministro de Relaciones Exteriores como por el secretario general de Gobierno. El primero dijo que "el gobierno jamás le aconsejó (a Andrónico Luksic) no presentarse a la justicia peruana", y agregó que en las reuniones entre jefes de Estado (en referencia a la cumbre de Brasilia), "obviamente revisamos la agenda, las coyunturas, pero lo importante es que no hay intervención del gobierno de Chile. Ni directa ni indirectamente. Politización del caso no hay". En tanto, Osvaldo Puccio, el mismo día, señalaba que "el gobierno no hizo sugerencia alguna; primero, porque no le corresponde y, segundo, porque tiene plena confianza en las instituciones de un país democrático y hermano como es Perú".

Si recordamos los comentarios anteriores, "de ser necesario se harán gestiones diplomáticas", volvemos a hallar evidentes contradicciones. Una vez se dice que se respeta y se confía en las instituciones peruanas, al momento siguiente se declara que se harán gestiones a nivel del Ejecutivo peruano. ¿En qué estamos?

Una vieja alianza

La posición del gobierno chileno ante la orden de captura internacional de Luksic no es nueva. Desde el comienzo de sus problemas con la justicia peruana, La Moneda ha cerrado filas con el empresario. Hace dos años, cuando la municipalidad de Lima determinó el cierre de la planta de fideos Lucchetti, el presidente Ricardo Lagos declaraba que "en un mundo globalizado las controversias han de resolverse a través de los organismos (económicos) pertinentes", en tanto el ministro secretario general de Gobierno de entonces, Heraldo Muñoz, señalaba que aun cuando se trate del problema de una empresa, "por cierto que al estar involucrados también dos países a través de un convenio bilateral, nos afecta como país".

Estas declaraciones ya eran interpretadas en Perú como una intervención en la justicia local. El entonces vicepresidente peruano, David Waisman, criticaba que el gobierno de Chile "haya tomado partido en un problema empresarial privado". Waisman agregaba que ésta no es la mejor forma de avanzar hacia la integración latinoamericana. La ofensiva del gobierno chileno, que ya prácticamente agotaba las instancias diplomáticas, tomó al menos dos caminos. Uno fue invocar el Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado por Chile y Perú el año 2000; la otra vía fue apoyar al grupo Luksic en una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington.

La rapidez con que el problema de Luksic penetró desde un comienzo las esferas de gobierno no da lugar a dudas. Se trata del principal conglomerado chileno en las áreas financiera e industrial, cuya capacidad de presión hacia el Ejecutivo ha sido amplificada a través de la prensa ligada al sector privado. En portadas y editoriales se ha elevado el problema a asunto de Estado. La tesis de una discriminación hacia las inversiones chilenas (el antichilenismo de los peruanos), segregación que estaría motivada por aspectos políticos no confesados, sería, para estos sectores del empresariado nacional, el motivo de la sanción. Por tanto, al tratarse de un asunto político que involucra las relaciones bilaterales, el gobierno chileno debiera intervenir.

Los contundentes "vladivideos"

La actitud del gobierno chileno, que acude en defensa de amenazados intereses nacionales en el exterior, podría ser, muy en principio, legítima. No obstante, hay varios aspectos que enturbian sus argumentos. La invocación de la empresa chilena, la que ha recogido el gobierno, apunta a impugnar la resolución adoptada por las autoridades peruanas en tanto viola los acuerdos de protección de inversiones. No considera, sin embargo, un aspecto crucial en la disputa: la mediación de Vladimiro Montesinos en la autorización del permiso. Una acción de evidente corrupción -que, por cierto, grabó en video a los ejecutivos chilenos en la transacción-; un episodio que desestabiliza las argumentaciones nacionales.

Como bien sabemos, la empresa Lucchetti construyó su fábrica en medio de los Pantanos de Villa, en una reserva ecológica. Como la municipalidad de Lima no le otorgó licencia de construcción, decidieron acudir al poder político y pidieron hora con Vladimiro Montesinos. El poder del secretario del entonces todopoderoso Alberto Fujimori le dio ánimos para seguir con la construcción de la planta. No obstante, en el proceso cayó Fujimori y su mano derecha, Montesinos. El gobierno chileno y el sector privado nacional invocan a las inversiones y al comercio internacional. Luksic tiene (o tenía) invertidos en Perú aproximadamente 150 millones de dólares. Sin embargo el total de los capitales chilenos en Perú ascienden a cuatro mil millones, los cuales, valga decirlo, no negociaron con Montesinos. En este argumento, hay obviamente una falacia y una falta de reconocimiento hacia los 3.850 millones que corresponden a otros empresarios. Tal vez por ello una declaración de la Sofofa emitida hace un par de semanas entregó sólo un tenue apoyo a Luksic. Lo cortés no quita lo valiente.

El gobierno habría dado apoyo a Luksic hace un par de años para la presentación del reclamo ante el Ciadi. Pero aquí se produce otro doble estándar. La Moneda sale a defender a priori al grupo Luksic, sin conocer el fallo, en circunstancias que en el caso Clarín, hace siete años, en el mismo Ciadi ha hecho todo lo posible para impugnar ese tribunal. De hecho, en septiembre el gobierno chileno recusó al tribunal de este organismo por el caso Clarín, cuyos propietarios expropiados demandan una indemnización del Estado chileno.

La prensa y el gobierno chileno han querido relacionar el caso con el endémico rechazo peruano a los chilenos. Como en un partido de fútbol. Sin embargo, al tratarse de un grupo económico, la percepción nacional tiene sus matices. Aun cuando no ha habido encuestas de opinión sobre el caso, foros en Internet revelan el pensamiento nacional. Un foro sobre este tema en el diario ultraconservador La Segunda revela que la mayoría de los participantes tienen profundas sospechas sobre las operaciones del grupo Luksic en Perú. "Pienso que el gobierno no debe intervenir en este caso tan delicado donde hay pruebas tan contundentes como videos donde aparecen personeros de Lucchetti intentando hacer tráfico de influencias. Por algo hay una orden de arresto de Interpol. No se trata de inventos ni de que los peruanos nos tengan mala barra... Por favor... Los Luksic tienen suficiente dinero para echar mano a los mejores abogados chilenos e internacionales para intervenir por ellos en una causa privada".

O también: "País de la desigualdad y la discriminación oficializada vuelve a arremeter en la política internacional, dando un funesto precedente: se defiende al capital proveniente de los empresarios poderosos que apoyan las campañas políticas del gobierno de turno, no obstante ser ellos imputados en delitos que atentan gravemente contra la institucionalidad de otro país. Afectan la seguridad interna y externa de las naciones latinoamericanas; afectan los derechos ambientales de una masiva población urbana; cohechan a funcionarios públicos para obtener lucro ilícito (propio de un régimen económico-financiero-comercial del neoliberalismo capitalista de mercado desregulado o sin control suficiente); atentan contra el patrimonio cultural del pueblo (Perú). Pero son defendidos al extremo de hacer peligrar las relaciones bilaterales con nuestros vecinos, se presiona a la autoridad política y judicial mediante actos de dudosa procedencia jurídica".

Una postura similar ha tenido la Izquierda. El candidato presidencial Tomás Hirsch dijo que "es insólito que se produzca una defensa cerrada y corporativa por parte del Ejecutivo y de la Concertación al gigantesco grupo empresarial", y preguntó: "¿Cuáles son los favores que están devolviendo a Luksic y qué será lo que le debe Lagos al multimillonario empresario?". No ha de ser poco.