A menos de veinticuatro horas del atentado en el centro de inteligencia de las FF.AA en Bogotá, el presidente Uribe, en una maniobra intempestiva anunció a la opinión pública la presunta autoría de las FARC, rompiendo así con todo avance en los acercamientos para lograr el intercambio humanitario.Queda muy mal sabor ante la opinión publica la vehemencia, por parte del Presidente, al acusar a la FARC del atentado con tan solo indicios de contexto y a partir de una llamada telefónica que se elevó a la categoría de prueba reina mientras por otro lado, en la misma alocución, absolvía de toda responsabilidad a los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de los falsos positivos. ¿Estaremos frente a otro falso positivo? ¿Por qué mientras no se investigan a fondo las pruebas sobre los falsos positivos y mientras se esparce un manto de duda sobre los mismos, el Presidente acusa prematuramente con indicios de contexto a las FARC del atentado en la Universidad Nueva Granada ? ¿No salió igualmente el Presidente a acusar inmediatamente a las FARC después de los atentados considerados como falsos?

Fueran las FARC o no los autores de este abominable atentado, lo que preocupa políticamente es el furioso viraje de 180 grados que dio el ejecutivo respecto al intercambio humanitario y a su política de seguridad democrática. Esta vez más que nunca el acuerdo humanitario y la ilusión de miles de familiares de secuestrados parecían por fin cristalizarse, pero el sobresalto del Presidente la disolvió. Después de considerar ante la opinión pública al intercambio como la génesis de un proceso de paz serio con las FARC, e incluso de proponer, con un optimismo exacerbado por los medios de comunicación, una constituyente como epilogo del mismo, Uribe canceló en el corto plazo toda posibilidad de intercambio y de paso de diálogo. Se confundió la voluntad de paz con debilidad dice el gobierno. Se condenaron a cientos de secuestrados a cuatro años más de zozobra por un atentado que quien sabe quien realizó, dice el pueblo. Lo que sí es irrefutable es que bastó un carro bomba de bajo poder destructivo pero de alto valor simbólico para que el Presidente echara al tacho de la basura los laboriosos esfuerzos que muchos agentes, familiares, políticos y países amigos del acuerdo humanitario habían adelantado. ¿Por qué no pasa lo mismo con el proceso con los paramilitares después de los graves informes de asesinatos y desapariciones ordenados desde Ralito? No se entiende la actitud del Presidente. O todos en la cama o todos en el suelo señor Presidente. Mientras los paramilitares siguen disfrutando de la Zanahoria y las FARC del garrote los secuestrados parecerían condenados a la Sangre y el Fuego.

Al ordenar el rescate militar de los cientos de secuestrados que están cautivos en todo el país se está dando un retroceso histórico tanto en la política de paz como en los acercamientos de las partes sobre los mínimos necesarios para poder iniciar un proceso de paz definitivo en el país. Si bien la responsabilidad por los secuestros y los actos de terrorismo son de los grupos insurgentes, sean quienes sean, paras, FARC o helenos, la responsabilidad constitucional de rescatarlos en una sola pieza es del Presidente, de nadie más. Los numerosos fracasos militares, entre estos el ocurrido en Urrao con la operación de rescate del Gobernador de Antioquia y su asesor de paz hacen dudar de la capacidad real del ejército para rescatar a todos y cada uno de los secuestrados en todo el territorio nacional. Si no se han podido realizar con éxito rescates focalizados con coordenadas precisas, qué se puede esperar de operaciones de rescate en los 300.000 Km . cuadrados de selva donde están cautivos nuestros compatriotas.

La militarización de la política de paz es un retroceso abismal que dio el Presidente con su rabiosa alocución. En un momento donde debe reinar la calma y la prudencia del estadista sagaz y no caer en la efervescencia del caudillo, todo se revolvió. Es perjudicial para el porvenir del país y de la imperiosa necesidad de acercamiento entre las partes el cierre de la interlocución y de los buenos oficios de la comunidad internacional en el conflicto armado interno. Cambiar el dialogo y la diplomacia por más tanques, más balas y por más violencia y destrucción es un absurdo político.

Resulta increíble que haya soldados y policías que han estado secuestrados por más de nueve años en la selva, cuatro de estos durante la administración Uribe, sin que el Estado se haya movilizado con tanta vehemencia y fuerza como el discurso del Presidente para traerlos de vuelta a la vida. Es hora de comprender que la única solución al conflicto se dará dentro del conflicto mismo. No podemos cerrar el frente político de la concertación y el diálogo, eso sería un grave error, como lo es no entender que el diálogo y la acción militar se deben articular sosteniblemente para alcanzar la paz. Otra cosa parece entender el ejecutivo; por el contrario, acaba de anunciar que impondrá un nuevo impuesto, con el cual espera recaudar 8,5 billones de pesos para la guerra. ¿Otro impuesto? ¿Acaso no bastó con las innumerables irregularidades que se denunciaron en su momento por la falta de claridad sobre los usos de esos recursos? ¿No bastó el Plan Colombia? ¿No funcionó el Plan Patriota? son estas y muchas más las dudas que se vuelven a tejer sobre la capacidad del Presidente y su política de seguridad democrática para darle fin al conflicto armado. ¿Tocará esperar otros cuatro años?