Elecciones y cooptación de la institucionalidad en Colombia: El paramilitarismo en la Costa Atlántica

“Ojala tuviera una varita mágica para que no se moviera nada sin mi consentimiento.”[1]
– Rodrigo Tovar Pupo “Jorge40”

Los escándalos mediáticos de las últimas semanas, en los cuales una serie de congresistas son señalados de alianzas con el paramilitarismo, desataron una avalancha de opinión pública que contribuyó a hacer visible una situación que a nivel de las regiones más que conocerse, se vive cotidianamente. Las “asombrosas” revelaciones del computador de Rodrigo Tovar Pupo “Jorge 40”, confirman las hipótesis que se habían venido manejando alrededor de los tipos de control ejercidos por los grupos paramilitares en el país, y particularmente en cinco departamentos de la Costa Atlántica, en los cuales desarrolló una fuerte campaña de expansión y consolidación el Bloque Norte de las AUC[2]. Más que el panorama actual de estos departamentos de la Costa Atlántica, lo que se percibe en el panorama documentado por los últimos artículos de prensa es el proceso vigente de expansión de una estrategia de copamiento, no sólo del Estado sino de todo tipo de instituciones que puedan llegar a ubicarse en la esfera pública.

El presente artículo pretende esbozar de manera breve los factores que han hecho posible que, en regiones como la Costa Atlántica colombiana, se haya generado un proceso que desemboca –tal y como es evidente hoy– en la consolidación regional de la estrategia de captación de la institucionalidad pública y la perpetración de las estructuras mafiosas que en más de cuatrocientos municipios[3] han sustituido los canales institucionales entre el ciudadano y el Estado, entre la población y los escenarios públicos, logrando adjudicarle a la política regional y local una perspectiva completamente privada.

El fenómeno paramilitar y la estrategia de cooptación de la institucionalidad pública

Asistimos, tal vez sin habernos percatado suficientemente, a una serie de cambios acelerados en los escenarios públicos, estatales o no. Una definición habermasiana de lo público muestra que es el lugar común donde en un momento dado de la historia algo se hace merecedor de ser visto y oído por un “todos” específico. En Colombia el caso es un tanto divergente, por cuanto una mirada a la política nacional revela que la distribución territorial tanto de las instituciones, como de las prácticas y los procesos institucionales son profundamente desiguales, incluso al interior del mismo Estado.

Por otra parte, el conflicto armado interno ha tenido ingerencia durante décadas en la relación ciudadano–Estado, en la creación y desarrollo de marginalidades en la vida política nacional, o en la perpetración de las ya existentes. La relación de actores que construyen lo público cambia al presentarse una serie de actores con intereses no unívocos, que buscan –en general– el acceso a la esfera pública y al poder político, desde lógicas privadas que se confunden en una compleja relación de intereses y poderes[4]. Las hibridaciones de actores del conflicto armado con las instituciones locales y nacionales, la lógica privada del narcotráfico y su fuerte ingerencia en los territorios, las mafias locales y regionales que adaptaron estructuras armadas, y el aumento de las cifras de la llamada “violencia común” y su relación no muy clara con la denominada “violencia política”[5], desterritorializan los comportamientos de la violencia de lo que hasta el momento habían sido lugares comunes, tanto para analistas y expertos en el tema de conflicto, como para la opinión pública en general. De esta manera, no resulta ya tan sencilla la premisa que mantenía los procesos electorales nacionales, propios de un régimen democrático aparentemente estable, aislados de la dinámica del conflicto armado interno representado en regímenes autoritarios regionales.

Por otra parte, una institucionalidad invisible y consuetudinaria se abre paso en las regiones; la relación entre la población y el gobierno nacional se distancia profundamente de la relación con gobiernos locales que han llegado a ocupar tales cargos mediante la alianza legalidad–ilegalidad, violencia política–prácticas tradicionales y clientelares. La fragmentación y multiplicidad de partidos políticos en las regiones[6] impiden la transformación de esta relación y el blindaje de los procesos electorales frente a las mafias narcotraficantes y el paramilitarismo, máxime posterior a la desmovilización de las estructuras de las AUC.

Los resultados de los comicios legislativos del presente año (12 de marzo de 2006) generaron posturas encontradas: por una parte, los medios de comunicación anunciaron –tal vez apresuradamente– la derrota del paramilitarismo por las urnas. Esto, acompañado tal vez de las cifras de reducción de homicidios y acciones armadas de los grupos a partir de la desmovilización, contribuyó a crear el panorama que se expresó después del 12 de marzo del 2006. Sin embargo el análisis se fundamentó en premisas frágiles: La primera de ellas fue separar los cambios en el sistema electoral (reforma política 2003) de los resultados electorales; de esta manera, el conteo de candidatos señalados que aspiraron a ser reelegidos, presenta una disminución importante. Lo que no es tan fácil de percibir es que con la reforma política el énfasis del análisis recae sobre los partidos políticos, que para el caso del nuevo congreso 2006 – 2010, tienen un énfasis distinto. La segunda premisa falsa fue obviar un argumento contundente: a menudo la disminución de la tasa de homicidios o de acciones armadas de un actor específico, no expresan la ausencia de ingerencia y control del mismo, sino por el contrario evidencian que este control se estabiliza, complejiza y consolida.

Desde esta óptica, el panorama es aún más complejo en tanto es posible afirmar que un 70% de los partidos políticos presentes en el congreso actual tienen algún congresista acusado de vinculaciones con grupos paramilitares o con votaciones atípicas en las regiones, situación que es aún más grave si se considera que la tendencia para el 2007 (elecciones locales) y para los próximos comicios legislativos (2010) es la consolidación de un nuevo mapa político. Dicho mapa, con viejas prácticas y viejos protagonistas, relacionado con nuevas mafias y construido a sangre y fuego, en cuatro años, ante los ojos de la hoy preocupada opinión pública, será sólo el conjunto de actores políticos que por su nivel de hibridación con los convencionales y las nuevas propuestas, definirán la agenda política institucional y estatal, generando también nuevas marginalidades políticas.

Los nuevos y viejos mapas políticos en la Costa Atlántica

La estrategia de copamiento de las instituciones públicas en la Costa Atlántica nace a la par con la agrupación de los distintos grupos paramilitares bajo la estructura de las AUC en 1997. De esta manera, al amparo de la nueva figura, distintos intereses –en su gran mayoría ligados con el narcotráfico, aunque también con presencia de viejas clases políticas– conformaron el Bloque Norte, inicialmente al mando de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo. No obstante, la intención de apropiación o ingerencia en distintas instituciones estatales se inició a sangre y fuego. Según cifras oficiales, entre 1993 y 1994 fueron asesinados 127 políticos del nivel nacional[7], contando únicamente personas elegidas por voto popular y excluyendo la cantidad aún no revelada de líderes sociales y comunitarios en los municipios y regiones. Esta cifra se dispara a 176 en 1997 y posteriormente desciende levemente a 135 para el 2001 -2002, y a 50 homicidios para el año 2006. El comportamiento de las cifras oficiales revela un accionar “campana” de los homicidios a alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales y candidatos a corporaciones públicas, modificando sustancialmente el panorama político en municipios y departamentos. El problema de los comportamientos campana es el retorno a niveles abismales de la violencia política, al monopolio de la relación ciudadanía –Estado por la fragmentación del canal de los partidos políticos o por la ausencia de un sistema de partidos que organice el multipartidismo moderado al que se logró llegar con la reforma política.

Una investigación de la Corporación Nuevo Arcoiris, reveló a partir de testimonios regionales, niveles alarmantes de ingerencia de Rodrigo Tovar Pupo en la configuración de un nuevo mapa con viejos protagonistas, y de la estrategia de ampliación de su ingerencia por medio de la manipulación de resultados electorales y las presiones directas a candidatos para plegarse al proyecto político de las AUC. Esta situación se había venido presentando, mediante la aparición de pequeños partidos políticos que agrupaban viejas clases tradicionales de la política, en su mayoría heredadas del partido liberal, que permitieron la alianza legalidad–ilegalidad que consolidó los fundamentos locales que a su vez le permitieron a las AUC anunciar que el 35 % del Congreso de la República 2002–2006 era funcional a sus intereses. La mayoría de estos pequeños movimientos comenzaron en las elecciones regionales y locales de 1997, en las cuales la presencia municipal de partidos políticos –cuyos miembros hoy son cuestionados– como MPU (Movimiento Popular Unido), MIPOL, Movimiento de Integración Regional y el Movimiento Nacional Progresista, ALAS, en alianza con el Partido Liberal tradicional, llegó a tener algo más del 40% de control sobre las elecciones locales de departamentos como Córdoba, Bolívar, Norte de Santander, Sucre, Atlántico y Magdalena.

Para el año 2006 son reelegidos varios congresistas señalados por la relación entre votaciones claramente atípicas en regiones de influencia paramilitar[8]. Jorge Luís Caballero y Salomón Saade fueron dos de los congresistas desertores, con fuertes sospechas de vinculación y acuerdos con grupos paramilitares. Jorge Enrique Ramírez, Jorge Luís Feris, Miguel de Jesús Arenas, Carlos Barriga, conocidos barones electorales de diferentes regiones, también se ausentaron de otros partidos para integrar coaliciones que fueron elegidas en el Congreso para los próximos cuatro años. De estos, resultaron electos Barriga y Arenas, ambos vinculados a un partido cuya votación en el Congreso no es nada sorprendente, aunque sí atípica y extraña si se hace la correlación entre los resultados electorales atípicos en las elecciones del 2002 y 2003 y los escándalos de financiación, corrupción y alianzas con grupos paramilitares.

Aunque Rocio Arias, Eleonora Pineda y Muriel Benito -figuras públicas cercanas a los jefes paramilitares- se quemaron, Rocío Arias incrementó su votación en cinco mil votos, razón por la cual no puede desaparecer del panorama político nacional. En Sucre se reeligieron los tres senadores señalados: Alvaro García Romero, Jairo Merlano y Miguel de la Espriella; En César fue reelegido Mauricio Pimiento por el partido de la U, y Álvaro Araujo encabezó un partido de coalición como Alas Equipo Colombia, que también eligió a Jorge Ballesteros en la Guajira con alianzas en las Cámaras. Partidos que se consolidaron con votaciones altas a pesar de las expulsiones del partido de la U y Cambio Radical fueron Colombia Viva y Colombia Democrática. Dieb Maloof fue reelegido por Colombia Viva en el Atlántico, y en el Magdalena, Luís Eduardo Vives por Convergencia Ciudadana al Senado; Karelly Lara Vence también obtuvo una curul por Moral, el partido que inscribió en los comicios pasados a Mario Uribe. “El Gato”, Héctor Julio Alfonso López, es la mayor votación a Cámara de Representantes y con la cual garantizó una curul más para uno de los partidos más polémicos: Apertura Liberal.

Sorprende –no obstante– la facilidad con la cual se ha desarrollado esta estrategia de copamiento y los bruscos cambios en los mapas políticos, claramente en contradicción con la permanencia de clanes políticos históricos, reciclados en nuevos partidos o movimientos.

Con respecto a las perspectivas de continuidad del fenómeno paramilitar, las elecciones locales y departamentales del 2007 se debatirán entre la consolidación y normalización de la generación de paramilitares y narcotraficantes que lograron copar la mayor parte de instituciones públicas y la posibilidad de asenso de propuestas alternativas desde el fortalecimiento de los partidos políticos y su blindaje frente a las mafias.

Desde esta óptica, resulta realmente complicada la inclusión política y la superación de marginalidades en la Costa Atlántica. No es casual que la reconfiguración del mapa político y electoral de las dos últimas décadas haya coincidido con los intentos fallidos o parcialmente exitosos de negociaciones de paz con las guerrillas, el escalamiento de la confrontación militar y la extensión del fenómeno paramilitar. Más reciente y particularmente, las elecciones locales del 2003 y las parlamentarias y presidenciales del 2006 acontecieron en el marco del vistoso proceso de negociación y desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia.[9]

Un piloto regional realizado por la MOE[10] en Soledad Atlántico con ocasión de las elecciones (cubrió el 81% de los puestos de votación ubicados en Soledad y Barranquilla) puso en sobre alerta el panorama de los próximos comicios del 2007, así como los métodos utilizados por grupos paramilitares o mafiosos para mantener el control sobre la política local y regional. Soledad es un municipio en el cual la presencia paramilitar se consolidó como hegemónica, manteniendo su control debido a que el municipio es el corredor de seguridad de protección a Barranquilla. La Observación electoral hizo evidente la compra, venta e intercambio de votos por dinero o elementos de construcción (tejas, ladrillos y bolsas de cemento) en todos los barrios del municipio. “Fue tan relevante este hecho, que dos días antes del evento electoral las autoridades realizaron allanamientos a las residencias de los candidatos y a varias casas denunciadas por la ciudadanía, encontrándose en una de ellas gran cantidad de mercados listos para ser entregados a cambio de votos.”[11]

De las llamadas recibidas por la MOE Jurídica, se destaca la realizada por un ciudadano que informó que el sábado previo a las elecciones, un candidato a la alcaldía se encontraba a las 5 a.m. en la sede de la Registraduría sacando cédulas de entre las 8 mil que estaban sin reclamar, con el fin de que fueran utilizadas en el evento electoral del día siguiente. Este hecho fue informado a la Defensoría del Pueblo y aunque no se pudo judicializar por falta de pruebas, alertó aún más a las autoridades sobre la posibilidad de fraude electoral. Adicionalmente, el día de elecciones el CTI realizó varias capturas por suplantación de votantes en el municipio.

El debate es apenas incipiente y tiene la profunda necesidad de superar el contraste entre juicios de valor y columnas de opinión. Es necesario, además de señalar un problema humanitario específico, abordar las condiciones y características estructurales que alumbran cualquier análisis de coyuntura.

Cualquier sociedad con un régimen democrático nacional debe garantizar una corresponsabilidad en los regímenes locales y regionales. La estabilidad y la gobernabilidad no pueden seguir fundándose en la nefasta alianza legalidad–ilegalidad que ha sido la constante en varios territorios nacionales durante varios años.