La aplicación del Acto Legislativo 01 de 2001, contribuyó al saneamiento de las finanzas públicas a través de la reducción del déficit del Sector Público Consolidado y del Gobierno Nacional. En el periodo 2002-2008 se estima que se dejarán de girar 16,5 billones de pesos de 2006, cifra bastante significativa que sumada a los más de 5 billones de superávit arrojado por las entidades territoriales en el mismo periodo, representa el mayor aporte al cuasi equilibrio fiscal que al cierre del 2005 reportó el Gobierno Nacional al Fondo Monetario Internacional y que le permitió al Sr. Presidente anunciar que Colombia no necesita más Acuerdos de Desempeño Fiscal con el FMI.

Actualmente, los gobernantes municipales reciben a diario crecientes demandas de sus comunidades para satisfacer las necesidades básicas de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, a demás de infraestructura vial, infraestructura productiva, asistencia técnica agropecuaria, atención integral a población vulnerable, vivienda de interés social, entre otras. Es evidente que el déficit social no da espera y para resolverlo debemos aunar esfuerzos y priorizar acciones y recursos de mayor magnitud a los actuales para cumplir con las metas propuestas.

En el proyecto de Acto Legislativo 11 de 2006, se propone una fórmula de crecimiento del Sistema General de Participaciones de inflación + 3,5 puntos en los años 2009 y 2010 y una caída de medio punto respecto a la fórmula vigente, inflación + 2,0 del 2011 en adelante. Este crecimiento sería insuficiente para garantizar coberturas universales en salud y educación y para incrementar de manera importante las coberturas en los demás servicios básicos como agua potable, alcantarillado, disposición de residuos sólidos, y simultáneamente generar la infraestructura productiva local y la infraestructura vial que se requiere para insertar exitosamente a los municipios en el proceso de internacionalización de la economía.

Del millón setecientos mil (1,7) niños fuera del sistema educativo, el mayor porcentaje corresponde a población sisbenizada niveles I y II que se encuentra en rango de edad de5 a 6 años, es decir que demanda educación preescolar y que se ubican en zona rural. Según la Contraloría General de la Nación, “La inasistencia escolar de los niños de la zona rural es casi el doble de la presentada en las zonas de cabecera”[1]. Esta población por atender, corresponde a una estructura de costos alto que implica considerar como base para la proyección la asignación por alumno de las tipologías 6 o 7, tanto para lograr coberturas universales como para garantizar la continuidad de cada niño en el sistema educativo hasta alcanzar la cohorte completa.

En el mismo sector, los retos en calidad son tan importantes como los de cobertura. Los resultados de las Pruebas Saber dejaron al descubierto que tenemos debilidades en la calidad del proceso pedagógico; las áreas de matemáticas, lengua castellana y competencias ciudadanas, registran resultados muy bajos, lo que exige una acción conjunta para alcanzar niveles óptimos y que los niños que reciben educación pública de calidad y competitiva. Esto requiere que se revise el concepto de gasto en calidad del sector de educación del SGP y que se asignen recursos suficientes para financiar la adecuación y mantenimiento de una infraestructura adecuada para educación de calidad, con laboratorios, bibliotecas y conectividad, dotación en textos y computadores, a demás del fortalecimiento de la capacidad pedagógica y las competencias de los docentes.

Por las anteriores razones solicitamos para este sector un incremento de $2 billones de pesos que permitan el logro de las coberturas universales al 2010 y resolver el problema de la cobertura neta en los primeros años, que según los expertos son los más importantes para garantizar oportunidades similares a las de los niños de instituciones privadas de alto desempeño, y a su vez, garantizar el mejoramiento de la calidad física y pedagógica para producir resultados óptimos en la evaluación de las competencias académicas.

En el sector de la salud, el reto está en incluir a los más de 6 millones de colombianos fuera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) sisbenizados en niveles I y II, homologar los planes de atención de los más de 2 millones de subsidios parciales a los que tienen los subsidios totales y subsidiar la afiliación al contributivo de la población sisbenizada en nivel III. Para ello solicitamos un incremento de $0,5 billones, ya que en este sector se proyectan reformas que complementan los recursos para garantizar la financiación de las coberturas como el incremento de un punto en la cotización del régimen contributivo.

En alimentación escolar, se plantea que con el programa Familias en Acción se podría suplir la población escolar no cubierta; no obstante, los propósitos y mecanismos no son los mismos, además, este programa tiene un periodo definido y la alimentación escolar es una competencia estructural, complementaria a la de garantizar calidad y cobertura en educación y por tanto permanente. Por ello para cubrir a 4,5 millones de niños más, incluyendo los niños que ingresen por cobertura universal, se requiere un crecimiento de $1 billón en los recursos para esta competencia.

Agua potable y saneamiento básico exige un análisis especial, es el sector con mayores dificultades en la información disponible, aún así las metas trazadas por el Gobierno nacional toman como línea de base coberturas en acueducto de 97,4% y 68,6% en zona urbana y rural respectivamente y pasan al 98,5% y 75,1% en el 2010 100% y 82,2% en el 2019. En Alcantarillado se parte de coberturas de 90,2% y 57,9% en zona urbana y rural respectivamente y las metas son 94,5% y 65,5% para el 2010 y 100% y 75,2% para el 2019. Para ello se requieren recursos adicionales que pueden estar al rededor de 2 billones año, dado que los costos de generar la infraestructura en zona rural pueden variar significativamente según las condiciones de accesibilidad y orden público, entre otras.

Por otra parte, se debe considerar y compensar el efecto que para los municipios de 4ª a 6ª categoría tendría la separación de los recursos de agua potable y saneamiento básico de la bolsa de Propósito General, ya que perderían la libre asignación de cerca de 8 de los 17 puntos que conforman dicha bolsa, y que hoy suman para efectos del cálculo de los indicadores de sostenibilidad fiscal de la ley 617 de 2000.

Las vías terciarias son un problema prioritario para el desarrollo local, permiten que los productores de todos los municipios se articulen al mercado interno y se acerquen a los mercados abiertos por el TLC. Esta competencia debe entregarse totalmente a los municipios con recursos suficientes para garantizar al menos el mantenimiento de la red existente. Según datos de INVIAS, se cuenta con 25.577 Km de vías terciarias que a precios de 2005 su mantenimiento asciende a $0,69 billones, lo que representaría un crecimiento real de la bolsa de propósito general, al menos en ese monto. Estos recursos se complementarían con recursos propios de los municipios para construcción de nuevos kilómetros de la red terciaria.

La ley de infancia le impone a los municipios mayores presiones de gasto público inicialmente estimados en $0,13 billones para las comisarías de familia. Para las demás competencias se solicita un crecimiento adicional de la bolsa de propósito general por valor de $0,5 billones que son mínimos considerando que es para dar cumplimiento a cerca de 30 competencias que deben atender los municipios y que actualmente están desfinanciadas.

Por las anteriores razones insistimos en la revisión de la fórmula de crecimiento del SGP de forma que se pueda garantizar las coberturas universales en los servicios básicos y un espacio fiscal razonable para cumplir con las demás competencias municipales, lo que se reflejaría en un verdadero desarrollo integral de las regiones y en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Definitivamente es imposible cumplir las metas con un crecimiento de tan sólo un punto adicional los dos primeros años y una reducción de 0,5 puntos del 2011 en adelante. El crecimiento óptimo debe estar por los 7 puntos sobre la inflación de manera permanente.

[1] Contraloría General de la República. “Evaluación de las Transferencias Intergubernamentales 1994 – 2005. Informe Social”. Bogotá, Agosto 2006.