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O el gobierno reforma al Estado, o ese Estado termina subordinando al Gobierno y derrotando a las fuerzas del cambio.

Ecuador: El significado de la Asamblea Nacional Constituyente de 2007

«El desafío es cambiar al Estado, desde el poder acumulado en un Gobierno democrático de transición, elegido el 26 de noviembre, con gran respaldo de la sociedad civil ecuatoriana. La suerte está echada: o el gobierno reforma al Estado, o ese Estado termina subordinando al Gobierno, y derrotando a las fuerzas del cambio...»

| Quito (Ecuador)
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I. INTRODUCCIÓN: LA CRISIS POLÍTICA DEL PRIMER MES DE GOBIERNO

Al iniciar el 2007, el Ecuador experimentó una crisis política controlada, casi como un estado de conflicto natural entre el Ejecutivo y el Congreso, agravada por el hecho de que el movimiento político del Presidente Correa (Alianza País, Lista 35), al no haber presentado candidatos/as a la legislatura, obligó al Gobierno a dejarse representar, muy a pesar suyo, por otros partidos en ese centro de poder.

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Además, estos trances conflictivos de por sí, fueron coincidentes con el momento de formación aliancista inadvertida, compleja, e incluso penosa [1] del nuevo gobierno, que significaron acercamientos forzados a viejos enemigos y distanciamientos con aliados.

Por su parte, los partidos de la mayoría congresil opositora al Gobierno, en especial el Partido Sociedad Patriótica (PSP de Lucio Gutiérrez), conformada ya en octubre de 2006, sabiéndose inestable en la política de un espacio desprestigiado como el Congreso, fueron muy celosos y no se dejarían restar miembros, expulsando a dos diputadas, y exhibiendo una conducta muy movediza.

Esa oposición tiene también a su haber más de la mitad de alcaldías y prefecturas, la Contraloría General del Estado, buena parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la mayoría del Tribunal Supremo Electoral (TSE), parte de la Iglesia, también regionalizada en el país; el gran capital financiero, nacional e internacional y una porción significativa de la burocracia estatal, a varios niveles [2].

A la postre, sin embargo, el Congreso ha decidido (con una escasa mayoría, de 57/100 votos) dar su apoyo interesado a la consulta popular para que el pueblo decida si hay o no elecciones para la asamblea, a sabiendas de que sí la habrá [3] . Esa decisión fue obligada por la presión moral a favor de la Asamblea Constituyente, la movilización ciudadana en todo el país, y el liderazgo político del propio presidente, en la coyuntura [4] .

Sin duda, éste es un triunfo del gobierno de Rafael Correa, que goza de un amplio respaldo popular, de hasta el 76% de la población encuestada, al mes de su mandato, durante el cual ha cumplido importantes promesas de campaña con la población más necesitada, en un país que demanda cambios radicales [5].

Al otro lado de los corrillos del poder, la mayoría de los diputados del nuevo Congreso, instalado el 5 de enero de este año, y que se ha venido deslegitimando en la confrontación con el ejecutivo, no quiere una reforma integral, a pesar de la decisión ya adoptada por el Congreso, sino, una Constituyente con limitados poderes que no toque ni modifique el sistema de privilegios del país que el nuevo gobierno cuestiona.

¿Qué está detrás de esta crisis política?

II. LA PRESENCIA DE UN CRECIENTE MOVIMIENTO CIUDADANO

Por un lado está la autoconciencia de un heterogéneo pero creciente movimiento ciudadano de que “las cosas deben cambiar”, en un país cuyo crecimiento económico nunca se ha traducido en fortaleza productiva ni en la creación secuencial de nuevos capitales, ni en desarrollo social; y en un país dependiente de las exportaciones de pocos productos primarios, sujeto siempre al pago oneroso de intereses de una deuda externa, pagada con un presupuesto que en un 30% lo genera una sola empresa minera meramente extractiva (Petroproducción), lo que es síntoma de una estructura productiva sin articulaciones ramales significativas en la economía.

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Esa autoconciencia de cambios requiere una clara conducción política [6]. Rafael Correa y sus aliados hemos planteado –en la campaña y lo seguimos haciendo-, la necesidad de reformar el Estado para extirpar el neoliberalismo y adecuarlo al siglo XXI y hemos indicado algunos aspectos relativos a su adaptación al tipo de desarrollo humano/social/soberano que se propondría impulsar [7] , y si el Presidente Correa, que lidera el primer Gobierno alejado de las políticas neoliberales desde el retorno al régimen democrático en 1979, -no ha especificado en detalle qué deberá hacer la asamblea, es porque ello dependerá de la correlación de fuerzas que exhiba dicha convención.

Nadie puede plantearse especificar todas las acciones que pretende llevar a cabo, sin saber con qué fuerzas cuenta en un momento dado. Y ese es un problema político que se resolverá en la coyuntura, ya que la experiencia histórica de las asambleas constituyentes es compleja [8]. Incluso, las habidas en el siglo XX igualmente lo fueron [9].

En esto deben reflexionar los «más radicales aliados de Correa», y ciertos críticos y actores académicos, políticos y sociales populares organizados, algunos con más membrete que seguidores, quienes levantan expectativas exageradas sobre el papel transformador, «revolucionario» de la Asamblea, y creen que ella misma -en el tiempo de su desempeño- podrá cambiar el modelo de desarrollo del país.

Parece por lo tanto que el por qué reformar está más claro que el qué reformar, en tanto que los efectos del sistema vigente son más transparentes que las causas que provocan la reproducción institucional de la ilegitimidad del Estado y del sistema político, que no son tan visibles pues se esconden tras una maraña de leyes, disposiciones, decretos, prácticas, etc.

Estas causas estarían determinadas:

a) por el tipo de poder oligárquico que controla el Estado;

b) por el diseño específico de ese Estado prebendista, clientelar-corporativista que se ha ido reajustando desde los 70’s hasta el momento actual mediado por el manejo del poder oligárquico;

c) por su funcionamiento; y,

d) por los “pactos” entre los distintos actores que lo sustentan.

III. LA PRESENCIA DE FUERZAS ’PASADISTAS’

Por otro lado están las fuerzas pasadistas opuestas al cambio, en búsqueda de un reacomodo sistémico. Sospecho que el manejo oligárquico del Estado lo ha «feudalizado» (¿De qué centralismo se habla? ¿De qué autonomías?). Más bien, parecería ser una suma de aparatos, centros de poder, instituciones que se han ido «autonomizando» para garantizar un manejo caciquil, prebendal, clientelista y corrupto para absorber recursos con fines particulares-privados bajo distintos rostros (oligarquías, instituciones regionales llamadas «autónomas» en las que reina la corrupción, el nepotismo, incluso algunas dirigencias «sindicales», políticos corruptos, burocracias de “instituciones” que se dicen “autónomas” y se aumentan sus sueldos al doble del presidencial de la república.

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Sospecho que no podrá existir una racionalidad moderna en el funcionamiento del Estado, sin una reforma integral, pues no hay normativas ni regulaciones únicas. Es decir, en lugar de modernizarse nos encontraríamos en presencia de un Estado pre-modernizado, que funciona sobre la base de un sistema de privilegios, prebendas, corrupciones, clientelismos, nepotismos muy resistente en tanto se sustenta sobre pactos con una diversidad de actores (oligarquías, burócratas, gremios, etc.) que se benefician de su acceso a éste, pero que al mismo tiempo es excluyente de la mayoría de la población. Naturalmente, este sistema de privilegios está sustentado en el sistema político de mandos.

Este Estado pre-modernizado (que ha tenido ya 19 Constituciones y unas cuantas «Convenciones» o «Congresos» Constituyentes que no redactaron «Cartas Magnas» y fueron fallidas) y este sistema de privilegios son contrarios a la construcción de un Estado de Derecho en tanto no pueden construir la ciudadanía como una relación política entre el Estado y los/as individuos/as sobre la base de deberes y derechos iguales ante la ley.

Es esto precisamente, lo que reclamamos los sectores más modernos (asimismo diversos) que demandamos la difusión, extensión y ejercicio de los derechos en una amplia escala. Es eso también lo que expresó la candidatura de Rafael Correa y Lenin Moreno que el PS-FA, como un partido de la izquierda del siglo XXI, apoyó desde la primera vuelta.

Esta es la razón poderosa para justificar la reforma integral del país.

La historia del país, nos ha colocado a la izquierda radical en la necesidad de impulsar no otra cosa sino esa reforma, y reconocer en Rafael Correa al dirigente de la misma. Hasta el momento lo ha hecho de manera consecuente. En ese conflicto está la raíz de la crisis por resolverse.

Como esa reforma acarrea aspectos de afirmación nacionalista profundos, ella es en sí muy transformadora y conllevará a un cambio en la correlación de fuerzas dentro de la sociedad ecuatoriana y con respecto al poder imperial.

Esto significaría el levantamiento, formación-consolidación de un Estado Nacional, en el país. Esto sí sería y constituiría un aspecto revolucionario, "alfarista y bolivariano".

IV. LAS MANIFESTACIONES DEL SISTEMA DE PRIVILEGIOS

Se expresan en básicamente tres fenómenos:

1) En la fuerte corporativización de la representación política, que convierte a las Cámaras de las clases propietarias y a algunos pocos Gremios de empleados y trabajadores en voceros de las llamadas «fuerzas vivas», muy activas en el sistema político, siempre presionando por la mantención y extensión de «derechos» exclusivos a su sector.

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Estos privilegios, por ejemplo, se manifiestan en un sistema de impuestos que convierte a los 400 mil ricos de nuestro país (con propiedades o bienes de más de un millón de dólares) en verdaderos no contribuyentes, evasores inveterados de impuestos, o, en el mejor de los casos, en contribuyentes deficitarios, desprovistos de un sentido nacional; y a los gremializados empleados y trabajadores, contaminados por el espíritu de «toma y daca», utilizando el sindicalismo como una plataforma desde la cual deben «arranchar derechos» a las élites, a las burocracias estatales o a los dueños de empresas, pero exclusivamente para los miembros de sus sindicatos y gremios, lo que les parece normal.

En ambos campos -el de las cámaras y de los gremios- hay capas o franjas superiores muy privilegiadas, mientras otros sectores -que conforman la mayoría- carecen de derechos, solo actúan como auxiliares «de los de arriba», y hasta se debaten, como sucede con la mayoría de los obreros y trabajadores sindicalizados con salarios de hambre, menores a los 200 dólares mensuales.

Situación precaria viven también los miembros de las llamadas Cámaras de la Pequeña Industria, el comercio minorista, los comerciantes autónomos, etc.

Como cinturón de trasmisión de este sistema de representación corporativa -de los unos y los otros- funciona la alta burocracia estatal, coloquialmente llamada en el país «burocracia dorada», pletórica en servicios especiales de entre las cuales hay un mundillo de privilegios escandalosos que en los últimos tiempos reciben salarios cercanos a los 10,000 dólares mensuales.

Tamaño despropósito en un país que se debate en la miseria [10] .

2) Ese sistema de privilegios bloquea la construcción de la democracia, la ciudadanía, el desarrollo, la equidad, etc. porque convierte a los/as ecuatorianos/as en súbditos esperanzados de obtener una relación clientelar con el poder privado o estatal.

Y al Estado se lo «mira», desde todos los lados y veredas sociales, como una suerte de ’botín’.

Por ejemplo, las leyes y reglamentos que regulan el funcionamiento institucional del Banco Central, del Congreso Nacional, de la Policía Nacional, por ejemplo, no podrían existir en un país moderno, pues contienen disposiciones que «institucionalizan» fueros especiales, blindajes particulares exclusivos para evitar el control del ciudadano común hacia esas «corporaciones», y se las convierte en autorreguladoras de su propio accionar.

Es decir, ellas -esas leyes y reglamentos- han hecho desaparecer la esfera de lo público desde la actual deben ser juzgadas todas las instituciones del Estado. En consecuencia, el manejo que esas instituciones exhiben ha resultado en la creciente reducción de la esfera pública y en el virtual control de la misma por parte de intereses corporativos-privados. Atribuirle solo al neoliberalismo esta deformación estructural del estado es un error, pues a mi entender el fenómeno es anterior a su aparecimiento en los años 1980.

Otros ejemplos son el de los salarios que evidencia la existencia de distintos regímenes salariales dentro del «sector público», o el de partidización de los tribunales e instituciones de control), o el de los monopolios (tipo Junta de Beneficencia) garantizados por el Estado, que no rinden cuentas a nadie.

3) Al vaciarse el estado de la capacidad de ejercer soberanía, de asignar recursos con discrecionalidad legalizada, de mantener iniciativas de políticas fiscales, monetarias, económico-globales, y no poseer ya una base renovable de poder político, esa estructura institucionalizada pierde su carácter público.

Se vuelve un mero remedo de Estado, y su titular (Presidente y sus ministros) albaceas de intereses privados, corporativos y de quienes tienen poder económico o militar para ejercer presión sobre ellos [11].

V. CONCLUSIONES: LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE ES UN RETO REFORMADOR

1. El desafío, entonces, es cambiar a ese Estado, desde el poder acumulado en un Gobierno democrático de transición, elegido el 26 de noviembre, con gran respaldo de la sociedad civil ecuatoriana. La suerte está echada: o el gobierno reforma al Estado, o ese Estado termina subordinando al Gobierno, y derrotando a las fuerzas del cambio. Por ello he ilustrado aquí empíricamente esto, para levantar unas tesis, con una propuesta concreta en torno a erradicar ese sistema de privilegios para ser reemplazado por un sistema de derechos y deberes que permita construir un verdadero Estado de Derecho.

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2. Es decir, la reforma integral, que implica cambios en la política, lo político, las relaciones económicas y sociales, así como en el terreno de la cultura, solo podrá realizarse si ganamos las elecciones de la asamblea nacional constituyente. Y este reto requiere de una mega alianza política que derrote a las oligarquías regionales.

Esa Asamblea, que debe ser la expresión de toda la ciudadanía, y convertirse en un poder originario con capacidad de emitir una nueva constitución, y podrá hacer “otras cosas”, entre las cuales, proponemos, aborde las siguientes reformas: política, económica, social y cultural señaladas en el Anexo.

3. Por último, es mi criterio que gobierno democrático de transición no puede tener solo un centro de gravedad para la aplicación de sus políticas de transformaciones. Eso sería un error, al que aconsejan algunos, desde una óptica que me abstengo de comentar, pero que llevaría a confrontaciones innecesarias, en un momento como el actual.

VI. ANEXOS [12]

A.- Las propuestas para la Reforma Política

Los ejes políticos de la reforma serían:

1. Cambiar la legislatura en forma radical mediante una reforma de su sistema de elección y de ejercicio de la representación. Evaluación de los diputados y posibilidad de revocatoria del mandato de una manera menos engorrosa. Legislación urgente para cambiar el congreso, especialmente la evaluación técnica de la labor de los diputados y la revocatoria del mandato de los que no cumplen sus funciones.

2. Elección de diputados mediante distritos pluripersonales en que se elijan hasta tres legisladores, de modo que la ciudadanía conozca a sus representantes.

3. Una legislación pertinente para despartidizar los organismos de control (Contraloría, Comisión Anticorrupción, Fiscalía) y el Tribunal Constitucional. Designación por concurso.

4. Una Legislación tendiente a reemplazar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por un organismo de carácter técnico-operativo y otro de justicia electoral, ambos electos por concurso y no por cuotas políticas.

5. Legislación reformatoria de la Ley de Elecciones para eliminar el voto en plancha. ÿ Legislación sobre la revocatoria del mandato del Presidente, Vicepresidente de la República y Diputados.

6. Expresar taxativamente que los tratados y convenios públicos pasen por el escrutinio público y el voto nominal de cada miembro de la legislatura nacional.

7. Autorización al Presidente de la República para disolver el Congreso una sola vez si éste bloquea sus propuestas de cambio.

B.- Las propuestas para la reforma económica

1. Estatuir la existencia de las diversas formas de propiedad: la propiedad privada, la pública; la propiedad mixta; la propiedad cooperativista, la propiedad comunitaria, y la mixta.

2. Reforma a la Ley de Hidrocarburos, de modo que el país recobre soberanamente para el desarrollo nacional, los recursos petroleros actualmente en manos de compañías petroleras internacionales privadas.

3. Recuperación de otros recursos naturales, minerales, aguas, con prohibiciones expresas de que sean concesionados a capitales extranjeros.

4. Que el estado se reserve las áreas estratégicas de la economía (petróleo, gas, minas, aguas, recursos naturales), y se promueva, con metas fijas a logarse, la exploración y explotación de otras fuentes energéticas.

5. Regular estrictamente las concesiones que han dado entidades estatales y públicas a intereses particulares, y en las cuales aflora la corrupción y la entrega de patrimonios nacionales, sin beneficio de inventario.

6. Establecer las condiciones normativas para impedir que las autoridades gasten fondos públicos a discreción.

7. Ley de Promoción del Turismo, que permita que parte de los recursos provenientes de los altos precios del petróleo se destinen a desarrollar la actividad turística, mediante créditos blandos y construcción de infraestructura y servicios.

8. El reestablecimiento de un sistema de planificación nacional.

10. Una Legislación sobre defensa de la Biodiversidad.

C.- Las propuestas para la reforma social-cultural

1. Asegurar mecanismos de redistribución de la riqueza agraria y la seguridad alimentaría de la población del país.

2. Garantizar el seguro social obligatorio y señalar un calendario de pagos de la deuda del estado para con el IESS (Seguro Social), que no podrá ser mayor a 10 años.

3. La regulación de sueldos y salarios de todas las instituciones del sector público y estatal ecuatorianos, incluyendo los de funcionarios de las hoy llamadas instituciones “autónomas” (Banco Central, Contraloría, CN, TSE, TC, CNJ, etc.)

4. Impulsar la aprobación de la Ley de Educación en trámite, en la que la bancada socialista tuvo un papel preponderante. Con esta ley se modernizará y democratizará el sistema educativo.

5. Ampliación de la cobertura de la Ley de Beca Estudiantil ya aprobada por impulso de la representación parlamentaria socialista. De este modo la cobertura actual de 3,000 alumnos podrá extenderse a 10,000. Ley de incentivo a las empresas para que den empleo a jóvenes estudiantes, por cuotas de equidad de género. Creación de la Comisión Legislativa Permanente de la Juventud y los Estudiantes.

6. Promoción de la interculturalidad y desarrollo mediante una legislación sobre los derechos colectivos de indígenas y afro ecuatorianos garantizados en la Constitución.

7. Reforma a la Ley de deportes, tendiente a impulsar la efectiva participación de los deportistas en la ejecución de los beneficios que actualmente les brinda la legislación vigente.

8. Legislación favorable a la «Quinta Región» del Ecuador, aquella integrada y compuesta por los emigrados que viven en otros países, precautelando por sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

9. Apoyo a toda la legislación progresistas represada en el Congreso Nacional durante los últimos años, mucha de la cual fue propuesta por miembros del bloque parlamentario del Partido Socialista-Frente Amplio (PS-FA), sobre temas de salud, medio ambiente, el pago de la deuda del Estado al IESS, y aspectos económicos.

En síntesis, esto significará una Legislación de contenido nacional-popular.



BIBLIOGRAFÍA

-Alberto Acosta y Fander Falconí, editores, 2007, ’TLC más que un tratado de libre comercio’, Quito, ILDIS-FLACSO.

-Enrique Ayala, 2006, Documento enviado por Internet, ’Conferencia dada en curso para dirigentes del PS-FA sobre las Constituyentes’. Quito, 18 de febrero, 2007.

-Diego Delgado Jara, ’¿Estatuto Antipopular y Antinacional?’. Entregado por el autor, por Internet, 2007.

-Rafael Quintero, ’El carácter de la estructura de representación política en el Estado ecuatoriano del siglo XIX’, en Revista Ciencias Sociales (Quito: UCE, 1978) 7-8, págs. 69-109.

-Rafael Quintero, 1999, ’El Régimen seccional autónomo en el Ecuador’.

-Rafael Quintero y Erika Silva (Editores), 2006, ’Hacia un modelo alternativo de desarrollo histórico’, Quito, Ediciones La Tierra.

-Informe Confidencial, 2007. Varios números.

-ILDIS-FLACSO, 2007, ’Análisis de la Coyuntura Económica: Ecuador 2006’.


Nota del editor:

Este artículo será publicado en un versión corregida y aumentada en la Revista «REFLEXIONES» de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.

[1] A los 9 días de iniciado el gobierno falleció, el 24 de enero de 2007, la Ministra de Defensa, Guadalupe Larriva, Presidenta del Partido Socialista-Frente Amplio. Esta enorme pérdida para el partido socialista, le significaría, además, su descolocación del Gabinete gubernamental.. Ya antes, en la campaña para las elecciones al Congreso nacional, se descolocó a los aliados electorales del Presidente, al no apoyar a los candidatos al Congreso, en elecciones conjuntas, para el Binomio Presidencial y para el Congreso Nacional, realizadas el 15 de octubre de 2006.

[2] Habría que añadir a esta lista de opositoras fuerzas, aquel sindicalismo sectario, que funciona a veces como “llanta de repuesto” de la derecha política en el país, y que tiene relación (¡“autónoma” también!) con algunos partidos de la izquierda radical.

[3] El Art. 104, num. 2, de la Constitución autoriza al Presidente del país a "convocar a consulta popular" cuando "a su juicio, se trate de cuestiones de trascendental importancia para el país".

[4] Con razón el Presidente Correa, convocó a una asamblea para elaborar una nueva constitución, y no para reformar la actual, asunto que le competiría al CN. Véase D. Delgado, 2007.

[5] Entre estas medidas progresistas podemos contar: la reversión de la tendencia negativa en las importaciones de derivados, mediante convenio de canje de crudo por derivados (diesel y nafta) con Venezuela; el avance cierto en las negociaciones para impulsar la integración económica con los países de la región, adoptada con la suspensión de negociar un TLC desventajoso con EEUU; el incremento del bono de la vivienda (de 1,800 a 3,600 dólares); el incremento del bono solidario (para más de 1’300,000 personas pobres) de 15 a 30 dólares mensuales; el incremento significativo (en 27% respecto al del año anterior) en el presupuesto para salud y educación para su primer año de gobierno; una política de negociación soberana de la deuda externa; la iniciativa de participar en la creación del Banco del Sur, con otros países de la región, y el cumplimiento de su promesa de convocar a consulta popular para una asamblea constituyente con plenos poderes, entre otras medidas progresistas en el sector petrolero, en políticas de empleo, salarios.

[6] Muchos grupos iniciales convocantes han venido participando en la discusión de la anc, bajo distintos nombres: “comunas”, “colectivos”, “asambleas”, “esquinas constituyentes”. Para cuando escribimos este artículo hay más de 150 en el país.

[7] En enero de 2006, se publicó una obra con la participación de 40 autores donde se exponían algunas de las ideas hoy implementadas por el Gobierno. Véase, Rafael Quintero y Erika Silva (Editores), 2006, Hacia un modelo alternativo de desarrollo histórico, Quito, Ediciones La Tierra. El Ec. Rafael Correa era uno de los autores. Poco después, Alberto Acosta, editaría otra obra dirigida en la misma dirección, con múltiples e importantes artículos de colaboradores del actual Gobierno democrático.

[8] En una reflexión sobre las constituyentes del siglo XIX, había anotado el papel cumplido por ellas: la de haber sido, en su mayoría, mecanismos de transmisión del mando, entre un sector y otro de las sectores dominantes, habiendo jugado un papel más vale conservador, en la historia del país, salvo aquellas que estuvieron marcadas por momentos constitutivos. Véase Rafael Quintero, “El carácter de la estructura de representación política en el Estado ecuatoriano del siglo XIX”, en Revista Ciencias Sociales (Quito: UCE, 1978) 7-8, págs. 69-109. Es evidente que hoy hay quienes quieren convertir a la asamblea constituyente de 2007, solo en eso: un mecanismo para obtener la Presidencia, al margen de elecciones generales: Lucio Gutiérrez quiere llegar a la Asamblea Constituyente y de allí catapultarse como candidato a la Presidencia de la República. Esa aspiración no la esconde él ni sus 500 simpatizantes que este fin de semana se congregaron en el Country Club de la Armenia.

[9] Enrique Ayala ha escrito con razón que las asambleas constituyentes “no han sido motor de transformaciones. Al revés, han venido luego de procesos de cambio social y político, y los han consolidado en el ámbito jurídico. Al país lo cambian los grandes procesos de movilización social, de los que el pueblo es protagonista. Las instancias jurídicas vienen después. Así ha sucedido, por ejemplo, luego de la revolución que comenzó en 1895 y culminó once años más tarde con la Constituyente que estableció en 1906 el Estado Laico; o en 1944, luego de la “Gloriosa”. Las constituyentes progresistas han seguido un proyecto ya delineado por un proceso social previo. Ahora no hay ese proyecto, ni siquiera unas pocas ideas claras sobre los cambios propuestos. Solo el deseo de librarse de la clase política, sin tocar el poder económico real” (Ayala, Documento enviado por Internet, 2006,1).

[10] Hay en el Ecuador más de 92 “entidades autónomas” en el sector público, financiadas con recursos fiscales, aparte de las universidades públicas, privadas, confesionales que también reciben fondos fiscales. Esas entidades (entre las cuales está el Banco Central, el Tribunal Constitucional -TC, el Tribunal Supremo Electoral -TSE, la Corte Suprema de Justicia -CSJ, la Procuraduría, las Superintendencias de Bancos, Compañías y Telecomunicaciones, entre otras tantas “instituciones autónomas”), cuyo presupuesto de operaciones (pago de sueldos) alcanza más del 40% de sus recursos. Hay otras instituciones, también cobijadas en esa “autonomía” para fijar sueldos a sus autoridades, como las del Régimen Seccional Autónomo (RSA) en donde, se ha llegado, aunque sea en un caso aislado, a fijar el sueldo de un Prefecto en 17.000 dólares mensuales.

[11] Por ejemplo, Las reformas a la ley del sector eléctrico, impulsado por la derecha (Partido Social Cristiano (PSC), Izquierda Democrática (ID), Unión Demócrata Cristiana (UDC) entregó el sector a privatizadores y restó poder al Ejecutivo Nacional.

[12] Lo que este apéndice contiene es una primera propuesta para que se complete en la discusión.

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