La estructura productiva no es inocua ni inalterable. Ello realza la relevancia de las preguntas formuladas, dado el contexto de alta concentración de los medios en pocos grupos empresarios; la ausencia de una autoridad reguladora no interferida por el Poder Ejecutivo que tenga al servicio público como meta; las vallas al acceso a las licencias de operadores no lucrativos (comunitarios, gremiales, cooperativos, etc.); la falta de transparencia en las ayudas que el Estado destina al conjunto de medios y la extendida precarización laboral enquistada en el sector.

Los problemas que surgen apuntan a la médula del ejercicio de una profesión cuya razón de ser es oficiar de mediación entre hechos que ocurren y una sociedad necesitada de conocerlos. Se presume que la información que se publica o divulga por los medios de comunicación es “socialmente necesaria” y, en tal sentido, una eventual lesión del cuidado en la producción de esa información lesiona a la vez el interés público convocado a través de la noticia.

Asimismo, en los problemas surgidos de las preguntas iniciales anida una doble consecuencia: además de los inquietantes efectos sobre el desempeño laboral del periodista, también afectan a los destinatarios de su labor, es decir a la comunidad toda. De hecho, la precariedad laboral es emergente de las condiciones en que la noticia es producida, y es difícil que no esté acompañada de condiciones de precariedad en el tipo de acceso y uso de esa información. La conclusión es que el espacio público en general es afectado y limitado.

Merecen destacarse, entonces, la concentración, la ausencia de políticas públicas y la precarización laboral como amenazas al pluralismo informativo y a la diversidad cultural, tal como sostiene el ex relator de la OEA para la Libertad de Expresión, Eduardo Bertoni.

En los países latinoamericanos la alta concentración de las industrias culturales que hemos definido y medido en el trabajo que con Guillermo Mastrini y otros colegas realizamos en el marco del Instituto Prensa y Sociedad(“Periodistas y magnates: estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina”, Prometeo) constituye, como se señaló, una muy seria complicación. Pero el proceso de concentración no puede analizarse aisladamente. De hecho, no siempre el número relativamente amplio de las organizaciones que a escala industrial producen, procesan o distribuyen contenidos (acciones que en muchas ocasiones, realiza un mismo grupo corporativo) garantizó diversidad (léase variedad) de expresiones y opiniones. Hay ejemplos críticos que respaldan esta afirmación: el documental “La crisis causó 2 nuevas muertes” de Patricio Escobar y Damián Finvarb, muestra cómo antes, durante y después del asesinato de los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteski la mayoría de los diarios, canales de televisión abierta y señales de información de la televisión por cable coincidieron en un mismo y único punto de referencia: la versión sobre la realidad de la protesta social machacó con su vinculación con la violencia, con la intrusión en la presunta normalidad de la vida urbana y citadina y con el desorden. No resulta antojadizo asociar el imaginario construido y repuesto cotidianamente por los principales medios de comunicación respecto de las expresiones de la protesta social popular con la peculiar tematización de la inseguridad a partir de una selección intencionada de episodios, amputados siempre de sus contextos y determinaciones de producción.

De modo que la cantidad de medios no garantiza, por sí misma, diversidad de contenidos. Siendo condición necesaria, no es suficiente. Ahora bien, el Estado sostiene una relación fáustica con los grandes grupos y ello no contribuye a mejorar las cosas: el gobierno se comporta con lógica de absolutismo monárquico identificándose con el Estado disponiendo por decreto la prórroga del uso del espacio público radioeléctrico a cambio de no ser molestado políticamente por esos sobresalientes (no únicos) configuradores de agenda pública que son los grandes medios. Sin embargo, negocios son negocios y los medios nunca honran el pacto de sangre cuando el cambio de humor de la sociedad y el eventual malestar con las políticas gubernamentales es negocio editorial.

La democratización de la palabra en la Argentina demanda la recreación del ideal de servicio público, desplazado ya desde la primera ley de Radiodifusión de 1953 (14.241) en adelante, como mandato social para la creación de espacios públicos autónomos. El espacio público necesita nutrirse de foros no intermediados por los poderes estatuidos, incluidos entre éstos, de modo ineludible, el llamado “cuarto poder” de los medios de comunicación. La creación de estos espacios públicos también se concibe como estrategia de vitalización de la actividad periodística, pues oxigenará el proceso de producción de noticias añadiendo un espacio no empresarial-corporativo al sistema de medios y liberándolo de algunas de sus coerciones, presiones e intimidaciones de hecho y de derecho.