Apenas usurpado el poder en septiembre de 1973 la entonces llamada Junta de Gobierno inició un cúmulo de medidas de corte tiránico como la clausura del Parlamento, la supresión de los partidos políticos, la eliminación de elecciones de cualquier naturaleza, incluidos los clubes de fútbol y federaciones estudiantiles. Para materializar aquello se emitió centenares de leyes o decretos, sistema que reproducía la insania de Hitler cuyo régimen elaboró leyes hasta para los hornos crematorios.

En los años noventa del siglo pasado, cuando Pinochet ya no estaba en el Poder Ejecutivo, el semanario El Siglo, del Partido Comunista, publicó en exclusiva los textos de las reuniones secretas a las que asistían los miembros de la Junta y los ministros del régimen. Constituyen documentos de gran valor histórico que revelan la mentalidad claramente fascista de los golpistas, su afán de liquidar por completo la democracia liberal que caracterizaba a Chile y el propósito de convertir al país en un enorme cuartel militar.

Como reacción frente a las repulsas exteriores provenientes de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de gobiernos y organizaciones de diversa índole, el régimen promulgó el Decreto 175 que, se dijo, “legisla sobre quienes atentan gravemente contra los intereses del Estado desde el extranjero”. El documento no lo dice, pero en el acta se la sesión secreta del 4 de noviembre de 1974, se apunta con claridad que se perseguía quitar la nacionalidad a determinados chilenos.

Tuve el honor de convertirme en el primer “desnacionalizado”. La versión acerca de la mencionada reunión de noviembre reproducida por El Siglo en julio de 1990, me ahorra hoy detalles. El ministro de Relaciones Exteriores se lee, “presentó al Consejo de Gabinete el caso de Hernán Uribe Ortega, periodista chileno, socialista asilado después del 11 (sic) en la embajada de Panamá, y actualmente en México, quien escribió el artículo ‘La Junta chilena y sus planes para atacar a Perú’ publicado en el diario Excélsior de México, Presencia de Bolivia y La Opinión de Buenos Aires”. De inmediato intervino Pinochet para inquirir “¿Cuándo se aplicará esta medida contra Volodia Teitelboim? Como se sabría después, Pinochet y otros ignaros pensaban que el político y luego Premio Nacional de Literatura era de origen ruso y que así era más posible cancelar su nacionalidad. (Volodia Teitelboim nació en Curicó, ciudad en el centro de Chile)

El Canciller respondió: “Falta el informe de la Delegación Diplomática respectiva, requisito indispensable que se ve difícil de conseguir porque este sujeto actúa en países soviéticos”. (sic) Los usurpadores se habían cocinado en su propia salsa burocrática de manera que la cancelación de la nacionalidad para Teitelboim sólo se aplicó en 1976, imputándosele –como a este periodista– una entelequial “traición a la patria”. Según mis recuerdos, los desnacionalizados fuimos doce y quiero mencionar entre ellos a Luis Figueroa, alto dirigente de la Central Única de Trabajadores (CUT), Anselmo Sule, senador y líder del Partido Radical; Hugo Vigorena, embajador en México en 1973, todos ellos ya fallecidos.

En cuanto a nuestro caso, fue hecho público el seis de septiembre de 1974 por Claudio Collados, capitán de navío y entonces Subsecretario (viceministro) del Exterior y quien argumentó que mi escrito “contenía informaciones falsas y tendenciosas que dañaban tanto la seguridad interna como externa del país”. Por el contrario, aquel reportaje de quince cuartillas publicado en México el 28 de julio de 1974 contenía datos precisos sobre la adquisición de armamentos que la dictadura había realizado en varios países y planteaba la hipótesis de que, con ello, se preparaba una guerra exterior.

Las cifras eran irrefutables, proporcionadas por nuestro propio “Garganta Profunda” y luego confirmadas por otras fuentes. Fue, pues, por esa causa, la exposición de una realidad que era de alto secreto, lo que motivó la ira de los golpistas. Agreguemos aquí que la acción en contra de Teitelboim tuvo el mismo origen: su constante denuncia de la violación de la legalidad y los derechos humanos en Chile lanzada implacablemente desde Radio Moscú en un programa que él dirigía.

Regreso a lo personal pues acude a mi memoria la situación que vivió el colega australiano Wilfred Burchet, a quien conocí personalmente en reuniones internacionales. El cubrió en el plano profesional la guerra de Vietnam establecido en la tierra de los agredidos y tanto por su talento como porque era un hecho casi insólito sus despachos eran apetecidos en el campo occidental. La reacción del gobierno de Australia, en una actitud de pobre venganza, fue negarle el pasaporte que equivalía a cancelar su nacionalidad. Escribí en un diario de Santiago un artículo que titulé “Un pasaporte para Burchet”. Aquí y ahora proclamo que, en mi problema, el Gobierno de México me otorgó en veinticuatro horas, un documento que se denominaba “Documento de Identidad y Viaje”. Era, cuando menos, algo parecido a un pasaporte…

Al inicio de 1988 la presión internacional había obligado a la dictadura a morigerar sus perversidades represivas como la prohibición de regresar a nuestro propio país e incluso terminó la truculenta historia de la pérdida de la nacionalidad o ciudadanía. Me parece que fue al inicio de 1988 que me encontré con Volodia en México y le dije que, con los riesgos del caso, ya se podía regresar. “¡Mañana me voy para Chile!”, me dijo. Y lo hizo.

*) Nota publicada en el portal de la FELAP (www.felap.info) (**) Periodista y escritor chileno. Es Presidente de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP).