En nuestro país, la fecha emblemática del Primero de Mayo ha servido tradicionalmente para que los trabajadores protesten ante las paupérrimas condiciones económicas, sociales y políticas en que se desarrolla nuestra sociedad (producto de la aplicación sistemática de medidas neoliberales y de la corrupción que ha imperado en toda la estructura de poder), y para reivindicar legítimos derechos, como un salario justo, estabilidad laboral, seguridad social, condiciones óptimas de trabajo, libre organización, manifestación en la huelga, entre otros.

Sin embargo, este Primero de Mayo tuvo un matiz diferente, que estuvo dado por la aprobación de la eliminación de la tercerización, intermediación y cualquier forma de precarización laboral, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Esta decisión devolvió a miles de trabajadores la concepción de dignidad y nobleza de su fuerza de trabajo, pues en esta forma se frenan los abusos y la explotación de las compañías tercerizadoras y de empresarios infames, que consideran al trabajo (y al trabajador) como una mercancía más, en el colmo de la concepción capitalista del interés individual o monopólico.

Los trabajadores del país están conscientes de que esta resolución de la ANC es producto de la lucha popular y de los anhelos de justicia social, que se han expresado durante décadas, prácticamente desde el ‘retorno a la democracia’ (¡vaya incoherencia soberana de esta expresión!).

La lucha es, ahora, por apoyar esta justa medida en todos los niveles de acción, y presionar por que se formalicen las relaciones laborales entre los ‘ex tercerizados’ y sus legítimos patronos, para beneficiarse de esta manera de todos los derechos que les otorga la Ley.

La tarea no es nada fácil, quienes han medrado de la explotación laboral acudirán a todas las instancias y mecanismos para no perder el privilegio ‘legal’ de seguir enriqueciéndose a costa del empobrecimiento de miles de obreros, empleados y trabajadores: las Cámaras de la Producción (voceras del empresariado más reaccionario), empresarios intolerantes con la justicia laboral -como Maurico Pinto, por ejemplo-, asambleístas de oposición a la corriente patriótica y progresistas -como los del PRIAN, PSP, PSC, UNO y alguno que otro ‘solitario’ como Pablo L. Paredes-, ya han alzado su voz en contra de esta Ley emitida por la ANC; y, claro, ellos encuentran espacio en sus incondicionales y aliados medios de comunicación masiva, que tratan de confundir a la sociedad respecto al alcance y la importancia, no solo de esta resolución en particular, sino de todo lo aprobado por parte de la ANC.

Sin duda, este Primero de Mayo fue diferente en el Ecuador, desde la perspectiva de la justicia laboral.

Lo que no cambió aquí, en Latinoamérica y el mundo, es que millones de personas aprovecharon esta fecha para salir a las calles y recordar a los grandes monopolios, a las transnacionales, en definitiva a los dueños del capital, que son los trabajadores, la clase obrera, el motor que genera la riqueza en la sociedad, y, por ende, quienes deben exigir respeto y las consideraciones humanas y materiales necesarias para seguir realizando su digna y noble tarea, que representa el mayor valor que tiene el ser humano frente al capital.