Los sectores de poder y los grandes medios de comunicación que actúan a su servicio, están empeñados en una profusa campaña de desprestigio de la Asamblea Nacional Constituyente, en el objetivo de confundir a la población y predisponerla a votar NO en el Referéndum que se avecina. En ese objetivo unen sus voces los empresarios tercerizadores que se llevaban la mitad de los salarios de los trabajadores, las empresas mineras que obtuvieron concesiones violando la ley, chantajeando y dividiendo a las comunidades, los sectores religiosos retrógrados que utilizan la muletilla del aborto, ocultando que desde hace veinte años está legalizado el aborto por razones de supervivencia de la madre y el tendiente a precautelar la calidad de la especie.

Sin embargo, de un análisis breve del articulado aprobado, se aprecia un saldo favorable a la lucha por la soberanía y mejores condiciones de vida que han levantado sectores populares y de izquierda. La prohibición de instalar bases militares extranjeras en nuestro país, pone fin a los intereses norteamericanos de prolongar su estancia en la Base de Manta de ampliar esa presencia a Galápagos. El principio de no sometimiento a arbitrajes internacionales frena la voracidad de las empresas extranjeras, que suelen actuar al margen de la legislación ecuatoriana para luego demandar al Estado ante esos tribunales donde ejercen fuertes presiones. El principio de potestad estatal sobre los recursos naturales limita el saqueo… Indudablemente, estos elementos no son bien vistos por las oligarquías asociadas a los intereses extranjeros.

El reconocimiento del derecho al voto para militares, policías y jóvenes de 16 años, constituye un importante avance; pues no hay razón para que esos sectores queden al margen del pronunciamiento sobre los problemas del país.

La eliminación de la economía social de mercado (neoliberalismo), deja fuera del escenario económico a las privatizaciones y privilegios empresariales. Ese modelo convirtió a la educación y la salud en servicios financiados por los usuarios, dejando de lado la obligación del Estado como principal responsable de esos derechos. Reconquistar el principio de gratuidad de la educación superior significa reconocer el derecho de la juventud a prepararse, derecho que fue desapareciendo poco a poco merced a las restricciones neoliberales.

Los neoliberales, beneficiarios de ese modelo irracional, son quienes dirigen y financian la campaña por el NO. Los sectores democráticos y de izquierda, que dan sustento al gobierno, deben enfrentar esa campaña, contrarrestar sus infundios y lograr que el pueblo visualice con propiedad los tibios cambios que se van introduciendo en la nueva Constitución.