Los tozudos hechos de la parapolítica también dejan entrever el estrecho concepto de Estado que agencia el Presidente de la República, que se expresa, por ejemplo, en la búsqueda de mecanismos y estrategias que desvirtúen la autoridad, competencia e independencia que tiene la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para juzgar a quienes hicieron posible que llegara a la Casa de Nariño en dos ocasiones.

Claro que de tiempo atrás Uribe Vélez ha dejado claro qué tipo de Estado concibe. Baste con recordar que cuando fungió como Gobernador de Antioquia, entregó la personería jurídica a varias Convivir. ¿Por qué no aumentó el número de efectivos de la fuerza pública, en lugar de entregar la responsabilidad estatal de salvaguardar la vida de los ciudadanos, a agentes privados de sospechosa procedencia? ¿Desconfianza en las propias tropas e instituciones de seguridad? o quizás, pretendió cuidar a las propias tropas del trabajo sucio ejecutado por particulares. Son preguntas que van y vienen, desde los terrenos de Guacharacas, hasta la Casa de Nariño.

Es evidente que al Presidente no le gusta la separación de poderes y menos la acción político-jurídica de la Corte Suprema de Justicia al investigar a políticos cercanos y afectos al Gobierno. Qué curioso que hasta ahí le llega el sentido de Patria al Presidente.

Con la propuesta de crear un Tribunal Especial que remplace a la CSJ y a la ineficaz Comisión de Acusaciones de la Cámara, el Gobierno, en cabeza del Presidente, del Ministro de Justicia, Carlos Holguín, se desestabiliza el orden político, buscando con ello generar un estado de incertidumbre de tal magnitud que le facilite el camino para perpetuarse en el poder, apoyado en una engañosa popularidad y en el interesado respaldo de empresarios, industriales y banqueros, a quienes les ha asegurado ganancias extraordinarias desde el 2002, de ahí que le mantengan el respaldo a pesar de la evidente ilegitimidad e ilegalidad de su Gobierno.

Sin duda, una salida en falso de la administración Uribe que advierte descontento ante el desenmascaramiento de un Congreso cooptado por el paramilitarismo y un Gobierno preso de sus simpatías con el actuar criminal de las AUC.

De cooptaciones y proyectos pre políticos [1]

Miremos un poco el reciente pasado de Colombia para tratar de advertir en él, las causas y las consecuencias de la crisis institucional que afronta hoy el país. El espejo retrovisor nos puede dar luces de cómo llegamos a esta insostenible situación.

Los proyectos pre- políticos puestos en marcha por los carteles de Cali y Medellín, las guerrillas del Eln y las Farc, y las propias AUC, buscaron y lograron en buena medida la cooptación del Estado, esto es, el ‘secuestro’ de sus rentas y de instituciones claves para el normal andamiaje del régimen político, tal como sucedió con la infiltración paramilitar en el DAS y en el Congreso, entre otras.

Se trató, sin duda, de proyectos pre-políticos [2] de cooptación, pues se dieron a través de la intimidación, la amenaza, la compra de conciencias, la desaparición de retractores y la consecuente perdida de legitimidad del Estado colombiano. Nada más alejado de verdaderos proyectos políticos capaces de articular diversas formas de pensar y actuar, en aras de garantizar la felicidad de amplias mayorías.

Cada uno de estos actores ilegales intentó y logró cooptar las instituciones estatales a partir de disímiles mecanismos y estrategias que van desde la búsqueda de un lugar en los partidos tradicionales, tal como lo hizo el capo Pablo Escobar Gaviria, pasando por el reclutamiento de testaferros sociales, económicos y políticos, por parte del cartel de Cali, y terminando con la más efectiva y preocupante acción de los paramilitares: filtrar el Congreso para modificar la constitución política colombiana, garantizando, por ejemplo, la reelección presidencial inmediata, en cabeza de un régimen de derecha afecto al proyecto pre-político de las AUC. Por esa vía, la concepción de políticas públicas de desarrollo es y será el paso definitivo para garantizar que la cooptación efectiva del Estado dé los réditos a los grupos legales e ilegales interesados. Luis Jorge Garay señala que el Estatuto Rural es el resultado tangible de dicha cooptación paramilitar del Estado colombiano.

Después de lograda la cooptación del Congreso, del DAS y de otras instituciones del Estado, lo que se viene es la institucionalización y la entronización de los valores y principios del proyecto paramilitar, cuya tarea ha sido asumida en parte por algunos medios de comunicación que han sido incapaces de hurgar, por ejemplo, en los reales alcances del proceso de negociación adelantado entre el Gobierno Uribe y las AUC, en Santafé de Ralito y en los inefectivos procesos de reparación a las víctimas.

Pero quizás la profundización del proyecto paramilitar en la conciencia colectiva se sostenga y se logre en un artificioso imaginario, repetido una y otra vez por líderes de opinión, periodistas, empresas mediáticas, académicos, amas de casa y obreros, entre otros; y que se expresa en frases como: Colombia sería otra sin guerrilla; los problemas de Colombia son las Farc; no progresamos por culpa de la guerrilla…

Quienes así piensan -sin que ello pretenda negar el daño que las guerrillas le hacen al país-, se convierten, por acción u omisión, en testaferros ideológicos de los paramilitares. Logrado lo anterior, a la preocupación por la cooptación del Estado, se le sumará la cooptación de las conciencias de un número importante de ciudadanos que creen ciegamente en aquél imaginario.

[1] Recientemente el economista Luis Jorge Garay dio una charla en la ciudad de Cali, en torno a la cooptación del Estado. Su intervención se dio a partir de un documento que él mismo tituló La Reconfiguración Cooptada del Estado: más allá de la concepción tradicional de captura económica del Estado. Garay dijo que las acciones de cooptación del Estado adelantadas por los carteles de Cali y Medellín y las de las propias AUC se sostenían en proyectos políticos claramente definidos.

[2] Pre-político hace referencia a actuaciones, estrategias y acciones propias de actores ilegales que pretendida y decididamente pretenden imponer, por la fuerza, o a través de la intimidación y el asesinato, un ideal de Estado en el que la vida de los ciudadanos se garantiza sí y solo sí, se abandonan principios éticos, morales y la propia ideología política, y se obedecen formas pre modernas de convivencia social.