El tráfico de niños y mujeres, el narcotráfico, el lavado de dinero, el robo de vehículos, el secuestro y la extorsión extienden su lucrativo negocio por todo el continente ante la debilidad de los Estados nacionales, señalan estudiosos de este fenómeno y autoridades de América Latina.
Doce países de América del sur, siete de América central, 13 del Caribe y México sufren los efectos del crimen organizado que se trasnacionalizó y estructuró redes y grupos.

El crimen organizado –definido como la asociación permanente o temporal de personas para obtener un beneficio económico o material por la provisión de bienes o servicios ilegales o de bienes legales adquiridos a través de medios ilícitos– parece incontenible.

Los vacíos legales, la falta de capacidad estatal, la corrupción y la existencia de un gran sector de la sociedad sin acceso a la economía formal, abonan la extensión del crimen organizado en América Latina y el Caribe, señalan analistas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y organismos civiles como Viva Río.

Explican que en las últimas dos décadas, el crimen organizado proliferó en América Latina a la par de las crisis económicas que dejaron, como herencia de los planes de ajuste fiscal y privatización del sector público, el endeudamiento externo y el desmantelamiento estatal.

Centroamérica, vulnerable

Los países de América central son los más vulnerables, pues sus instituciones carecen de la capacidad necesaria para enfrentar a la criminalidad organizada. La tendencia reciente en esta región es reforzar sus capacidades institucionales y promover reformas a las leyes que logren combatir al crimen organizado a través de penas más fuertes, así como una mayor fiscalización y el desarrollo de políticas que promuevan la cooperación interinstitucional.

El tráfico de armas ilegales hacia Centroamérica amenaza la seguridad de esa región. Datos de 2006, surgidos de estudios realizados por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, refieren que en el 66 por ciento de las muertes, suicidios y lesiones en la subregión estuvo presente un arma de fuego, producto del tráfico ilícito. El Salvador ostenta la mayor proporción de víctimas por armas de fuego (27 por ciento), seguido por Guatemala (24 por ciento) y Honduras (24 por ciento).

En materia de narcotráfico, Centroamérica sigue siendo una zona de tránsito y reexpedición de drogas ilícitas, en especial de cocaína, que proceden de América del sur, fundamentalmente de Colombia, y con destino a Estados Unidos y Europa. Se estima que el 88 por ciento de la cocaína que ingresa a Estados Unidos ha pasado por esa región.
En el tránsito de esas sustancias, el territorio de Guatemala se usa como zona de aterrizaje de aeronaves particulares que transportan cocaína clandestinamente desde Colombia hacia Estados Unidos, además de ser una zona de reexpedición de envíos de cocaína que se transitan por mar hacia Europa, y como zona de almacenamiento de las drogas que trasladan a México.

Otra cara del crimen organizado es el tráfico de personas, que en América central se trata principalmente de mujeres jóvenes, adolescentes (de entre 12 y 17 años de edad) y niños, principalmente para la explotación sexual.

Las rutas y corredores que siguen las redes de ese tráfico pasan de Nicaragua a Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice. El país de origen de estos flujos es Nicaragua, que recibe corrientes de Sudamérica y sirve en direcciones sur (Costa Rica) y norte (Honduras). Hasta ahora, las víctimas de ese delito viajan por una ruta que pasa por Honduras, El Salvador y concluye en Guatemala, Belice o el sur de México.

En enero de 2008, el Programa de la Organización Internacional para las Migraciones para Combatir la Trata de Personas asistió a 54 víctimas de la trata de personas: el 80 por ciento provenía de América central; 47 víctimas eran mujeres.

De ese total, el 53 por ciento eran víctimas de la explotación sexual, el 39 por ciento de la explotación laboral y el 7 por ciento confirmaron haber sido víctimas tanto de la explotación sexual como laboral, según esa organización.

Respecto al lavado de dinero, el dólar estadunidense se trafica a granel a través de México y Centroamérica: en octubre de 2005 se incautaron en Panamá 5 millones 700 mil dólares.

Ese último país se considera un punto débil en la región para el flujo de recursos de origen ilícito, particularmente en la Zona Libre de Colón, la segunda mayor zona de libre comercio en el mundo, después de Hong Kong.

En América central el robo de autos es un problema casi endémico. Nicaragua presenta el menor promedio de este delito: entre 150 y 200 casos anuales; en contraste, Guatemala reporta 8 mil vehículos robados; El Salvador, 5 mil; Honduras, 3 mil, y Costa Rica, 800.
Para atender este delito, Nicaragua creó la Sede Centroamericana de Información sobre Robo, Hurto y Recuperación de Vehículos.
Latinoamérica, Estados débiles

En América Latina la delincuencia tiene ya carácter trasnacional, advierte el investigador brasileño Pablo Dreyfus, coordinador de Investigación del Proyecto Control de Armas de Fuego y miembro de la organización brasileña Viva Río. Agrega que las redes criminales aprovechan las vulnerabilidades sociopoliticoeconómicas de los Estados.
El también consultor de la Small Arms Survey considera que “la falta de capacidad estatal, la corrupción y la existencia de amplios sectores de la sociedad sin acceso a la economía formal representan brechas en la cohesión social y política, que el crimen organizado ocupa y magnifica”.
El colaborador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos señala que América Latina y el Caribe es una región de Estados débiles. Para el experto, la delincuencia organizada se fortalece en zonas rurales y urbanas en las que no hay estado de derecho y padecen la presencia de poderes paralelos.

Caribe: paraísos fiscales

Lillian Bobea, investigadora de la Flacso, explica que la máxima expresión del delito organizado en el Caribe es el tráfico de drogas y armas. “Estados Unidos es el mayor proveedor de armas, con el 85 por ciento de las que son usadas con fines criminales tanto en México como en las islas que están bajo dominio estadunidense”.

A decir de la investigadora “el crimen organizado y sus redes se benefician de las debilidades de los Estados en la región y de la infiltración de los poderes políticos, que también permiten que las islas caribeñas ofrezcan paraísos fiscales propicios para los recursos ilícitos y que se fomente el delito del lavado de dinero”.

Aunque el Caribe aloja a sólo el 0.5 por ciento de la población mundial, el trasiego de cocaína es tan alto que en esa región tiene lugar el 7.4 por ciento de incautación global de esa sustancia ilícita. En 2001, el comercio ilegal de drogas representó para Jamaica casi el 4 por ciento de su producto interno bruto y le generó ganancias por 3.3 mil millones de dólares.

El problema de la delincuencia en el Caribe es también estructural, señala Bobea; se trata de sociedades altamente desiguales en su interior, pues la región contiene a siete de las economías más pobres del planeta. Los países caribeños tienen gran desigualdad entre sí: mientras que Bahamas, Cuba, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbados tienen un alto índice de desarrollo humano, Belice y Dominica tienen un nivel medio, y en el más bajo nivel de desarrollo figuran Haití y Surinam.
Por otra parte, la tasa de secuestros es muy significativa en Trinidad y Tobago, donde –de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Estadísticas– ascendió a 19 personas por cada 100 mil habitantes desde 2005.

Agendas impuestas, un fracaso

Luego de analizar los tipos de delincuencia organizada en América Latina, el especialista brasileño Pablo Dreyfus propone que los países de la región no adopten agendas políticas impuestas desde el exterior. Señala que esa estrategia ya fracasó. Advierte que la militarización de la agenda de la seguridad pública y del combate al crimen organizado genera más problemas que soluciones.

El representante de Viva Río señala: “Si quieres seguridad, identifica, asume y disminuye tu vulnerabilidad”. Esa noción debe ir de la mano con políticas de inclusión y desarrollo social.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de julio de 2008