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México es el país con más desigualdad en el mundo, concluye el libro de reciente aparición La creciente desigualdad en México, de Isabel Rueda Peiro. Con datos del Banco Mundial, describe que a partir de la década de 1980 la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso se aceleraron hasta convertir al país en el más inequitativo en América Latina, la región, también, más desigual del mundo.

“La pobreza afecta a más de la mitad de la población mexicana y en algunas entidades federativas alcanza proporciones mucho más elevadas”, señala la economista y doctora en estudios latinoamericanos adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Advierte, en entrevista, que el país “tiene bien merecido” ese lugar.

El estudio asegura que este fenómeno se refleja en las disparidades en educación, desnutrición, infraestructura básica y vivienda; así como en las condiciones laborales entre los trabajadores, ya sea por ingreso, género o actividad económica.

Sugiere que es necesario cambiar la política económica y social; agrega que el gobierno que se proponga hacer un cambio en la política económica, contará con la aprobación de la mayoría: “Más empleos, salarios, inversión y gasto público generarían mayor demanda, la que a su vez impulsaría la inversión privada y generaría un círculo virtuoso que permita al Estado recabar más impuestos para financiar sus erogaciones en inversión y gasto”.

Neoliberalismo, una causa

La desigualdad, explica la autora, se acrecentó a partir de la “crisis de la deuda” de 1983. Entonces, se abandonó la política de industrialización por sustitución de importaciones y se suplantó por el neoliberalismo. El Estado abandonó su participación y regulación en la actividad económica para dejarla en manos del mercado.

Desde el inicio de su gobierno, Miguel de la Madrid orientó su política a la privatización de las empresas públicas. En 1982 al sector paraestatal lo constituían 107 organismos descentralizados; seis años más tarde, sólo 89. Las empresas de participación mayoritaria eran 744, y en 1988, 252. En tanto, las empresas con participación minoritaria pasaron de 78 a cero. El total de entidades paraestatales se redujo de 1 mil 155 a 412, y en 1994 únicamente había 215.

También se estimularon las exportaciones y se desalentaron las importaciones, reduciendo la demanda interna mediante la disminución de salarios y la inversión del gasto público, especialmente en desarrollo social. Así, por ejemplo, el subsidio alimentario se redujo de 1.25 por ciento del Producto Interno Bruto en 1983 a 0.37 por ciento en 1988. Además, la apertura del libre flujo de mercancías y capitales extranjeros significó una competencia desleal para las empresas nacionales.

Por otro lado, observa que desde 1980 las empresas privadas contribuyeron a aumentar el desempleo, pues generalizan la flexibilidad laboral. Para Rueda Peiro, esto acrecienta la desigualdad, debilita a los sindicatos y dificulta más las acciones en la búsqueda de mayores salarios o mejores condiciones de trabajo.

Además, en los últimos 20 años México ha pasado por un proceso de recesión económica “que ha transformado profundamente las estructuras y la forma de vida de la población, llevando a algunos a cambiar sus hábitos de consumo y a otros a adoptar nuevas formas de sobrevivencia”.

El resultado, advierte Rueda Peiro, es un escaso crecimiento económico, el rompimiento de cadenas productivas, de la industria y el desempleo: “Lo que originó el incremento de la desigualdad en la distribución del ingreso, como lo muestra el aumento de la pobreza a la par que un reducido número de mexicanos se vuelve inmensamente rico”.

De 1984 en adelante, apunta, ocurrió un incremento de la desigualdad, beneficiando, básicamente, al 10 por ciento más rico de la población. A partir de ese año y hasta 2000, los estratos medios y medios altos perdieron 9.1 por ciento de su ingreso y los más pobres, 1.1 por ciento, mientras que los más ricos lo aumentaron en 10.2 por ciento.

La docente refiere que en 2005 más del 5 por ciento de la riqueza del país estaba en manos de 11 mexicanos, que en conjunto poseían 35 mil 500 millones de dólares. En 2009 Forbes declaró que los nueve hombres más ricos poseían en total 55 mil 100 millones de dólares, es decir que, en tan sólo cuatro años, la suma de su fortuna aumentó casi 36 por ciento.

La disparidad se observa también entre los magnates: existe una diferencia de 29 mil 300 millones de pesos entre Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México y tercero en el mundo, y Alberto Bailleres, quien ocupa el segundo lugar en el país.

De 1984 a 1996, la diferencia de ingreso entre el 10 por ciento más rico y el 40 por ciento más pobre creció 111 por ciento. Durante ese periodo, el 1 por ciento más rico aumentó su participación en el ingreso de 8.3 a casi el 30 por ciento. Es así que esa ganancia equivalía a 59 veces el ingreso medio por persona del 90 por ciento más pobre.

“La creciente desigualdad –expone– es engendrada por la estructura económica, política y social interna e internacional, basada en la explotación del trabajo asalariado por el capital, con el objetivo de la ganancia privada y no con el propósito de satisfacer las necesidades de la población”. Sostiene que esta situación se agrava en México, donde no existe un seguro de desempleo y es una nación sujeta a la dominación imperialista.

Juan Arancibia Córdova, maestro en economía y planificación en desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explica el proceso de desigualdad como consecuencia del modelo económico que se ha volcado hacia la explotación: “A los grandes capitales no les interesa el mercado interno y no hay ningún interés por retribuir en salarios, sino sólo producir al más bajo costo posible castigando a los trabajadores para ser más competitivo”.

Pobreza imparable

La creciente desigualdad en México apunta que entre 1968 y 1981 la pobreza se redujo. Señala que este logro se revirtió con la implantación de la política neoliberal; desde 1996 se mantiene a la alza de manera continua.

La autora apunta que un indicador que da cuenta de una “grave desigualdad y marginación” es el riesgo nutricional. Éste se mide a partir de la mortalidad por enfermedades diarreicas agudas, mortalidad preescolar e infantil.

“La grave desnutrición, habitual en las comunidades marginales, provoca enfermedades que, junto con la pobreza, generan un círculo vicioso que se manifiesta en una alta mortalidad infantil. Así, la pobreza es al mismo tiempo causa y efecto que agudiza la desnutrición”.

En una lista realizada por la autora, 19 estados del país tienen riesgo nutricional que va de muy alto a moderado. Los de peor rango son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Yucatán y Campeche. Guerrero está categorizado como en riesgo nutricional extremo. Por el contrario, 12 entidades se consideran en un rango bajo, entre ellos, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Distrito Federal.

Los más afectados, señala la investigadora, son las áreas y grupos indígenas La relación de municipios con riesgo nutricional extremo, alto y muy alto es mayor que la referente a la población. En 2000 el 14.9 por ciento de los habitantes en los municipios, en el universo de población total este indicador, significó sólo el 3 por ciento.

En cinco años, entre 1995 y 2000, el número de municipios catalogados en riesgo nutricional extremo aumentó de 361 a 365. De ellos, 182 eran de Oaxaca; 43, de Chiapas; 39, de Veracruz; 34, de Puebla; 26, de Guerrero; 12, de Yucatán; 10, de Chihuahua; siete, de Hidalgo; cinco, de San Luis Potosí; dos, de Michoacán y Durango; uno, de Campeche; uno, de Jalisco, y uno, de Nayarit.

Y es que –refiere la doctora en estudios latinoamericanos– el Banco Mundial observa que la pobreza extrema es mucho mayor en el medio rural, pues en 2004 afectaba a una de cada tres personas y en el medio urbano sólo uno de cada 10 habitantes la padecía.

“Los pobres rurales generalmente no han terminado la primaria, dependen principalmente de la agricultura de subsistencia y del autoempleo en actividades no agrícolas; en tanto que los pobres urbanos no han concluido la educación secundaria, dependen del trabajo asalariado.”

Unos y otros viven precariedades en vivienda y educación. Para el primer caso, el 46 por ciento de las casas en el país están en condiciones de hacinamiento. Cerca del 15 por ciento de los habitantes del país viven en casas con pisos de tierra, y el 10 por ciento ocupa viviendas que carecen de drenaje y de servicio sanitario exclusivo.

Del total de población de 15 años o más, el 9.46 por ciento es analfabeta. En los estados con mayor grado de marginación este indicador se sitúa en niveles más elevados: casi 15 por ciento en Veracruz e Hidalgo y entre 21.5 y 23 por ciento en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. El promedio nacional de población de 15 años o más sin primaria completa alcanza el 34 por ciento.

Hasta 2000, el 8.35 por ciento de la población ocupada no percibía ingresos; el 3.52 por ciento percibía máximo la mitad de un salario mínimo, y 8.8 por ciento, entre medio y un salario mínimo. Eso quiere decir que más de la quinta parte no percibe ingresos o llegan a apenas un salario mínimo. La investigadora describe que desde 1977 el salario mínimo se reduce en términos reales en nuestro país; de ese año a 1982 disminuye 20 por ciento. Ese descenso continúa, apunta Rueda Peiro, y si bien en algunos años del presente siglo ha tenido aumentos, éstos han sido insignificantes. Por ello la reducción se sitúa en -66.8 por ciento de 1980 a 2001.

Existen, además, diferencias en las remuneraciones por sector. Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza tienen los niveles salariales más bajos. Y es que el 34 por ciento de la población dedicado a esta área no recibe ingresos, mientras que el 6.42 por ciento recibe la mitad del salario mínimo; el 18.2 hasta un salario mínimo y el 28 por ciento hasta dos salarios mínimos. Ello, menciona el estudio, explica los mayores grados de pobreza e ilustra el porqué de la migración.

Crisis de desigualdad

Arancibia Córdova define la crisis económica como de desigualdad, pues comenzó en Estados Unidos, en el sector hipotecario, con la entrega de créditos: “Por la sobreinversión, personas no aptas para crédito, lo obtuvieron. Ese fenómeno expresa una condición de desigualdad”.

En tanto las empresas aumentaban su riqueza invirtiendo en el mercado inmobiliario, aquéllos que no podían acceder a una vivienda, por condiciones de inequidad, se endeudaron. El resultado, una crisis similar al crack de 1929.

Entre los factores que agravaron la desigualdad, de acuerdo con las observaciones de Rueda Peiro, está el proceso de reformas estructurales, la privatización, la disminución del Estado, la apertura inclinada al comercio exterior, la inversión extranjera, la flexibilidad y la precariedad laboral y la sobrevaluación del peso.

Además, las políticas sociales (salud, educación, seguridad social) han sido abandonadas por el Estado: “Lo que históricamente se ha llamado salario social, que los trabajadores reciben no directamente, ha disminuido también”.

En entrevista con Fortuna, Isabel Rueda Peiro agrega que el acceso a los medios de producción y la propiedad de la tierra también fomentan la inequidad: “Son distintas las condiciones de un trabajador que realiza labores prácticamente artesanales con medios de producción muy precarios, que aquellos empresarios que tienen capital en mayor cuantía y, por tanto, métodos más avanzados”.

Reconoce que no ha existido una preocupación social en los gobiernos mexicanos, “especialmente en los que han estado en funciones desde 2000; no conocen el país que gobiernan”. Aclara que, aunque durante los sexenios priistas tampoco hubo una verdadera acción social, sí había cierto compromiso.

Al respecto, Víctor Varela, diputado y secretario de la Comisión de Desarrollo Social, considera que si el Estado no se compromete con programas que combatan la desigualdad, la situación no cambiará. Expone que se abandonan los programas sociales, los subsidios a la alimentación y la educación, a la que sólo pueden acceder quienes tienen recursos: “Se perpetúa y se abre esa enorme brecha entre unos y otros”.

En su opinión, la política anticrisis de Felipe Calderón no ataca la desigualdad. Por el contrario, se desmantelan programas como Liconsa, Adultos Mayores y los que atienden zonas prioritarias y la alimentación. El legislador explica que se ha reportado el uso de recursos de esas estrategias en entidades y municipios que no reportan niveles de pobreza.

Señala que, por un lado, no se les fomenta y, por otro, se ocupan con fines facciosos: “Es una perversión de la economía neoliberal y es necesario revisar ese mal uso de recursos. Se aumentó el presupuesto en desarrollo social, pero en lugar de utilizar ese incremento para revertir la pobreza, se usa para captar votos”.

El legislador de la fracción perredista reitera que el objetivo del Estado es ayudar a hacer más pequeña la brecha de desigualdad: “Si no, para qué es el Estado. No se trata de hacer un club para grandes empresarios porque pierde su objeto social, la autoridad y la legitimidad que la sociedad le dio”.

Arancibia Córdova advierte que el Estado está obligado a retribuir el ingreso a través de su política de ingreso y egreso. Describe que la primera está cada vez más dirigida al aumento de gravámenes indirectos (como el Impuesto al Valor Agregado) y a la disminución de los directos (como el Impuesto Sobre la Renta), mientras que en la segunda el gasto social se ha vuelto más “clientelar”. Ellos son, sostiene, motivos que alimentan la inequidad.

El investigador indica que lo que permite que nueve mexicanos estén en la lista de los más ricos en el mundo es el conjunto de políticas que se desarrollan desde el Estado, como la privatización, que trajo nuevos millonarios a escena: “Este tipo de procesos llevan a una creciente concentración del ingreso. La crisis provocará más quiebras y fusiones e incrementará más la desigualdad en la distribución de la riqueza”.

Advierte que no hay un cambio de actitud en el Estado. Se tiene la idea de que el modelo neoliberal no se ha agotado y que hay que profundizarlo: “Si mantenemos esta política, las perspectivas no son buenas. Se viene un proceso de recuperación muy lento, con tasas muy bajas de crecimiento y con una desigualdad mayor”.

Por su parte, Rueda Peiro observa que la desigualdad afecta todas las esferas de la vida: económica, social y política. Recuerda que la democracia tiene que ver con la igualdad en derechos; sin embargo, “no podemos llegar a una verdadera democracia si nuestras garantías están contenidas en la Constitución, pero no tenemos acceso a ellas”.

La pobreza es una violación a los derechos humanos: AI

Durante la presentación del Informe 2009 de Amnistía Internacional, el 28 de mayo, la secretaria general Irene Khan advirtió que más de seis décadas de fracasos de los gobiernos, los derechos humanos se han visto agravados por la crisis económica mundial. También han pasado a un segundo plano en la lucha por atajar la depresión.

Ello, señaló, trajo a un primer plano problemas de pobreza y desigualdad: “El aumento de la pobreza y la privación han dado lugar a la negación de los derechos económicos y sociales, incluida la escasez de alimentos y el uso de ellos como arma política; los desalojos forzosos y los abusos contra los derechos de las personas indígenas”.

Indicó que en 2008 hubo una subida en el precio de la necesidad más básica: la alimentación, lo que generó una pobreza mayor para los más pobres. A su vez, el fenómeno provocó protestas y represiones.

En toda África, la gente se manifestó contra situaciones sociales y económicas desesperadas y contra la subida drástica del costo de la vida. Detalló que “algunas manifestaciones fueron violentas, adelantándose a lo que podría venir después, y las autoridades a menudo reprimieron las protestas haciendo uso excesivo de la fuerza”.

A finales de 2008, más de 5 millones de personas carecían de alimentos en Zimbawe y cientos de protestantes contra el declive económico y social fueron detenidos y recluidos sin cargos. También en Túnez la represión de las huelgas causó la muerte de dos personas, numerosos heridos y más de 2 mil procedimientos contra supuestos organizadores. Para el resto de los continentes, la situación no fue diferente. Las tensiones sociales y las diferencias en los niveles de riqueza dieron pie a manifestaciones de miles de habitantes en China y América.

“Los dirigentes del mundo –sugirió Khan– deben tomar verdaderas medidas, basadas en los derechos humanos, para detener la creciente pobreza e invertir en derechos humanos con la misma fruición con que invierten en el crecimiento de la economía”. (PM) June 15, 2009 | Sección: Portada