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En Ecuador hay quienes defienden los intereses de Álvaro Uribe

Entrevista a Jorge Morett,padre de Lucía Morett estudiante mexicana, victima y sobreviviente del bombardeo por parte del ejército colombiano en Angostura el 1 de abril del 2008

| Quito (Ecuador)
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- ¿Existe un sentimiento de rencor o de revancha por parte de la familia de Lucía Morett contra el Estado ecuatoriano, por eso presentan ustedes la demanda por torturas a su hija?

- La familia está profundamente agradecida con el pueblo ecuatoriano, con sectores del Ejército y del gobierno de este país, por salvarle la vida a Lucía y por brindarnos una solidaridad muy amplia. Lamentablemente, la verdad de los hechos es que mi hija no solo fue vejada sexualmente, torturada y amenazada de muerte por parte del Ejército colombiano, sino que también, el 2 de marzo de 2008, cuando fue trasladada en helicóptero a Lago Agrio, fue sometida a un interrogatorio extrajudicial y a una tortura por parte de militares ecuatorianos.

Esto contrasta con la actitud de los uniformados cuando encontraron a mi hija; ahí tuvo un trato humanitario, cordial, tratando de que supere el trauma que significaba para ella el tener que pasar toda la noche junto a los cadáveres. Mi reconocimiento a esos militares. El problema se suscita con un sector de inteligencia militar ecuatoriana que torturó a mi hija al llegar al policlínico de Lago Agrio, en clara intención de obtener información por métodos que son violatorios de los derechos internacionales humanitarios y del propio Código militar ecuatoriano. Desde que llegan cierran las cortinas, empiezan a interrogarla, a amenazarla, a condicionarle que si no contesta lo que le preguntan le va a pasar algo malo. El video lo muestra claramente: “si nos dices la verdad no te va a pasar nada, pero si nos estás mintiendo…”. Ese video fue ocultado a las autoridades ecuatorianas por un período más o menos largo, fue difundido en México y en Colombia antes de que muchas autoridades de Ecuador lo conocieran. Es hasta mayo de 2008 cuando se hace público a través de una organización de ultraderecha en México, que es la que ha hecho una persecución en contra de Lucía y que ha interpuesto una demanda en mi país contra ella por terrorismo internacional y asociación delictuosa. Esta organización, que tiene un nombre muy bonito: “Consejo ciudadano para la seguridad pública y la justicia penal”, no solo que no hace honor a ese nombre, sino que para mí sus miembros son empleados del señor Álvaro Uribe Vélez, porque han estado públicamente con él en acuerdos que buscan evitar que lo que pueda decir mi hija afecte al gobierno colombiano.

-  Pero si el video es usado por esta organización ultraderechista, se supone que contiene algo que pueda incriminar a Lucía…
- Realmente no, porque Lucía deja testimonio de esa tortura ante notario público en Ecuador, el día 15 de abril, un día antes de que saliéramos legalmente a Nicaragua; ahí sostiene que fue obligada a decir cosas que no son ciertas, que fue obligada a contestar lo que ellos querían para que ya la dejaran en paz, como por ejemplo que conocía a Raúl Reyes.

- ¿Por qué no se conoció esto antes?
- No se hizo público en ese momento por lo delicado de la situación. La organización de Derechos humanos que estaba asesorando a Lucía consideró que no era prudente hacerlo, porque en esos momentos el presidente Rafael Correa venía señalando que miembros del Ejército estaban infiltrados por la Central de Inteligencia Americana (CIA), y eso ponía más en riesgo la seguridad de mi hija, su propia vida, y la recomendación entonces fue hacer las cosas de esta manera, dejar constancia de ese hecho ante alguien que tiene fe pública, para que las propias autoridades ecuatorianas pudieran, a partir de la información que se les entregara, de manera discreta, investigar y actuar en consecuencia.

- ¿Usted piensa que los militares que torturaron a Lucía tenían vínculos, relación directa con las fuerzas de seguridad colombianas, o de los Estados Unidos?
- Creo que como hipótesis es posible plantearlo, aunque corresponderá a las autoridades de este país investigar ese vínculo, y si hay un elemento de traición a su patria. Esta denuncia ayuda a la verdad de los hechos. Creo que los ofendidos con esta acción somos nosotros, el pueblo ecuatoriano y la soberanía de este país. Acuérdese que fueron asesinados cuatro estudiantes mexicanos, Lucía tiene secuelas que le van a quedar de por vida, tanto físicas como emocionales. Lo que corresponde es investigar los hechos violentos que ahí sucedieron, investigar la transgresión a la soberanía ecuatoriana.

- Pero, ¿cómo entienden entonces la acusación que hace el Fiscal General? ¿Es una consecuencia de la presión del gobierno colombiano?
- O a lo mejor de cuestiones internas, de intereses internos de proteger al gobierno colombiano. Se están invirtiendo los papeles: las víctimas son procesadas y los victimarios simplemente piden perdón, y qué bueno que lo hagan porque es un reconocimiento de su culpa, pero eso no es suficiente; Uribe tiene responsabilidades desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista de la historia, se cometieron crímenes de lesa humanidad y aquí deben pagar, la justicia así lo establece.

A Lucía lo único que se le demuestra es algo de lo que todos supimos cuando fue rescatada: el hecho de haber estado en ese campamento, lo cual es así, pero no es ningún delito. Ella ingresó y transitó legalmente en Ecuador, no tenía ningún problema para llegar a ese lugar. Sus inquietudes sociales, sus intereses de investigación la llevaron a estar ahí, sabemos que antes fueron otros estudiantes, y qué bueno que no hayan tenido ningún problema.

- ¿Hay quienes defienden los intereses del gobierno colombiano en Ecuador?
- Por lo menos a mí me dejó muchas dudas el conocer que ese día los radares estaban apagados, que tardaron más de dos horas en llegar al lugar en que se produjo el bombardeo, que sí hubo comunicación entre el Ejército ecuatoriano y el colombiano en diferentes momentos; que se haya señalado a responsables de inteligencia por no haber pasado la información o que la pasaron a destiempo, todo eso me llena de dudas, me genera una sospecha fundada o razonable de que a lo mejor quienes debían actuar en defensa de su patria no lo hicieron.

- ¿Cuáles son los pasos que en términos jurídicos usted y la familia de Lucía siguen en Ecuador, y a nivel del derecho internacional?
- Estamos aquí para restablecer la representación legal de Lucía, porque estuvo en manos de ALDHU, y esa organización ha tenido que cambiarse de sede, entonces INREDH la representa ahora desde el punto legal, y lo que va a hacer esta organización es tratar de determinar la nulidad del proceso que se le sigue a mi hija, por supuestamente atentar contra la seguridad interna del Estado. Hará una denuncia por tortura, porque existe un convenio internacional en contra de la tortura que además de suscribirlo México, Colombia y Ecuador, integra a muchos países sobre la base del Estatuto de Estambul, el cual determina dos prohibiciones expresas: cualquier forma de tortura; y que cualquier autoridad que conozca de un hecho de tortura está obligada a actuar en términos de justicia, a procesar y encausar a los responsables. Aquí hay responsables directos de inteligencia militar ecuatoriana, y hay autoridades que tuvieron que conocer de este hecho: el Fiscal de Sucumbíos, que murió en lamentables condiciones; el Juez Tercero de Sucumbíos, que es quien determina encausar a Lucía; el mismo Fiscal General de la Nación debe haber tenido conocimiento del hecho para apoyar el encausamiento y, por último, la Corte Nacional de Justicia, a través de su presidente, el doctor Vicente Troya.

- ¿Estarían hablando de hacer una denuncia contra el Estado ecuatoriano?
- Debe hacerse en particular contra el Ejército ecuatoriano, y ahí tendrá que verse quiénes están implicados, nosotros no podemos señalar el responsable directo. Lucía podría identificar a sus torturadores, luego habría que ver quién dio las órdenes, si funcionó o no una cadena de mando, quiénes conocieron estos hechos y por qué no actuaron, o si actuaron cómo lo hicieron. Es una investigación que parte además de un estudio médico sobre las condiciones de Lucía. Un perito registrado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho el estudio médico y el análisis concreto de la tortura. Además, el video no deja lugar a dudas, fue interrogada estando sin ropa, aparentemente se le estaba haciendo curaciones, pero era un disfraz para ocultar un interrogatorio ilegal. Lucía pedía en varias ocasiones que no la filmaran sin ropa, sin embargo la siguieron filmando y fotografiando; hubo alrededor de 10 personas en ese lugar, que tienen cierto nivel de responsabilidad, en particular dos que le estuvieron interrogando con mayor insistencia.

-  El Estado Ecuatoriano ha planteado la extradición de Lucía, ¿cómo responderán a eso?
- Hemos dado los elementos al Estado mexicano para que niegue la extradición. Nadie puede ser extraditado por cuestiones políticas, así lo establece el tratado entre México y Ecuador en la materia, y también, nadie puede ser extraditado a un país donde fue torturado, porque hay la presunción de que va a seguir siendo torturado o maltratado, o que corra riesgo su vida o su seguridad.

- ¿Está de por medio el riesgo de que se criminalice el pensamiento libre que puede generarse en un académico, en un intelectual en América Latina?
- Así es, acuérdate que en Colombia se criminalizó a muchos periodistas; investigadores con una posición crítica han sido señalados de colaborar con el terrorismo, y ahora ese es un delito de moda. No necesitan demostrar nada, solo te estigmatizan al decirte que eres terrorista y con eso es suficiente. El mismo presidente Rafael Correa ha sido señalado de colaborar con las FARC, de recibir dinero de esa organización, y no se necesita más que tener una fuerza mediática para generar un efecto en la opinión pública al menos de duda, entonces parecería que uno tiene que demostrar que no ha violado la ley en lugar de que se le demuestre la culpabilidad. En el derecho mexicano nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, aquí parece ser que Lucía tiene que demostrar que no es de las FARC, lo cual es así, porque Lucía no es guerrillera, mucho menos terrorista, no es parte de ningún movimiento armado, ni de ninguna acción violenta. Es decir, no se está partiendo de la presunción de inocencia. Aquí hay intereses políticos de quienes quieren proteger a lo mejor a quienes colaboraron en la invasión.

Franklin Falconí

Franklin Falconí Comunicador social titulado en la Universidad Central del Ecuador. Es catedrático de la Universidad Técnica de Cotopaxi, además de coordinador de investigación de la Carrera de Comunicación Social. Fue periodista en dos de los principales diarios ecuatorianos: El Comercio y diario Hoy. Actualmente es editor general del quincenario alternativo Opción. Autor del texto inédito: Comunicación Alternativa, respuesta actual a la estrategia mass mediática del poder.

 
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