Enero: mes decisivo para el país

El 2009 se ha caracterizado por ser un año más intenso que los anteriores, en la dinámica social y política del Ecuador: comenzando por la aplicación de la nueva Constitución, con ella la elección de nuevos representantes, además de la elaboración y aprobación de leyes en la Asamblea.

Los sectores populares en este nuevo proceso han jugado un papel importante, pues como era de esperarse la derecha, de forma oportunista, ha presentado propuestas anti populares en los distintos proyectos de ley, ante lo cual la respuesta del pueblo no se hizo esperar.

Importantes jornadas de lucha de los trabajadores por la derogatoria del Decreto 1701, de los maestros por mejores condiciones de la educación, de los indígenas y campesinos por una ley de aguas que garantice el derecho a este recurso natural, la de los estudiantes en busca de una ley de educación justa y consecuente, los artistas populares por una ley de cultura popular, jornadas que han marcado un hito trascendental al mostrar que a pesar de vivir un proceso democrático, el pueblo continúa vigilante a que el proceso de cambio no se desvíe.

De esta manera quedó demostrado que la movilización en defensa de los derechos del pueblo continúa en plena vigencia, y ha logrado que se realice el debate de cada proyecto en las diferentes comisiones especializadas temporales, ante las cuales los diferentes movimientos sociales han presentado sus observaciones para que se recojan en el momento de redactar la ley.

No obstante, Enero del 2010 será un mes de definiciones, ya que varios de los proyectos de ley serán debatidos por primera y en algunos casos segunda ocasión, puesto que el debate en los diferentes gremios ha sido intenso, lo que ha permitido puntualizar sus propuestas a la Asamblea Legislativa.
Materias como: Ley General de Educación, Ley orgánica de Educación Superior, Ley de recursos hídricos, Ley de Cultura y Ley de Comunicación son las más opcionadas en las comisiones legislativas para iniciar su trabajo en el nuevo año. Los sectores sociales han anunciado continuar con sus acciones en defensa de sus derechos.

En el caso de este proyecto, se ha realizado el debate pero únicamente de la propuesta de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), lo cual generó el rechazo por parte de los estudiantes y docentes de las universidades, ya que en esa propuesta se violentan derechos como la Autonomía universitaria, con la creación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, la misma que estaría dirigida por un representante del gobierno, dejando así el futuro de las universidades en manos de los gobiernos de turno.

En este tema importante, a pesar de la gran controversia en su debate por intentos de privatizar el agua, los sectores de izquierda han logrado avances en aspectos importantes como: reconocimiento del agua como un derecho humano irrenunciable; que la gestión de este recurso sea solamente pública o comunitaria; que la conservación de las fuentes de agua es responsabilidad del Estado; las actividades productivas con autorización para aprovechamiento del agua tendrán que tratarla previamente a la descarga en ríos y vertederos. Además se pide respetar el orden constitucional de prelación del agua, es decir primero se utilizará para el consumo humano, luego para riego y abrevadero de animales, caudal ecológico y actividades productivas.

En este tema el Ejecutivo hizo una propuesta que contradice parte de la nueva Constitución de la República, pues contemplaba el despido intempestivo, además de limitar el libre derecho a la organización y atentar contra las conquistas salariales de los maestros. Por ello en la comisión que trata este tema los sectores progresistas se han encargado de defender los derechos de los servidores públicos mediante la elaboración de un nuevo articulado que regule el servicio público sin inconstitucionalidades, a pesar de la insistencia del pacto de la “regalada gana” PAIS-PRE al interior de la Comisión, que insiste en artículos que afectan a las servidoras y servidores públicos.

La cultura ha jugado un papel importante dentro de los procesos sociales, por lo que su ley también debe ser enfocada hacia esos procesos. Pero en la actualidad se pretende hacer de este proyecto de cultura un instrumento más para acallar la voz popular, ya que mediante dicho proyecto se pone una serie de limitaciones y trabas para el desarrollo de la cultura popular, remitiéndola solamente a un acto de pueblo meramente festivo y religioso, además de atentar contra las organizaciones de artistas populares con la creación de las “nuevas instituciones culturales” que son dependientes del gobierno, además de intentar industrializar a la cultura.

Este tema quizá sea uno de los más cruciales ya que hay aspectos importantes que se debe definir, como por ejemplo qué se entiende por censura previa, ya que hay sectores que se escudan bajo este tipo de principios para impedir que se difundan ideas revolucionarias y todas las que afectan los gobiernos, argumentando razones de seguridad del Estado.

Además, a nombre de que el periodismo debe ser una tarea “imparcial y objetiva” se pretende que el periodista trabaje sin interés sobre los hechos que registra, cuando en realidad este no puede mantenerse como ente pasivo ante los diferentes procesos sociales.