Contrariamente a lo que afirma la prensa europea, la decisión rusa de cancelar la construcción del gasoducto South Stream, lejos de ser simplemente un revés para Rusia –que pierde así 4 500 millones de dólares–, es sobre todo una grave pérdida para los países de la Unión Europea. Estos países pierden simultáneamente monumentales contratos de construcción, los derechos de tránsito que iban a percibir por el paso del gasoducto por sus territorios y el desarrollo económico facilitado por el acceso a un recurso energético barato. Se trata, sin dudas, de la peor catástrofe económica que ha sufrido la Unión Europea.
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«Rusia se ve por el momento obligada a retirarse del proyecto South Stream debido a la falta de voluntad de la Unión Europea para apoyarlo y dado el hecho que Bulgaria no ha autorizado todavía el paso del gasoducto por su territorio.» Así anunció el presidente ruso Vladimir Putin la interrupción del proyecto South Stream, el gasoducto concebido para llevar el gas ruso hasta los países de la Unión Europea a través de un corredor energético meridional, sin pasar por Ucrania. De esta manera, escribe la agencia [italiana] Ansa, Moscú «asesta una bofetada a Europa».
En realidad es Washington quien asesta otra fuerte bofetada a Europa al bloquear un proyecto de 16 000 millones de euros que habría podido ser de gran importancia económica para los Estados de la Unión Europea, empezando por Italia, donde se habría construido la terminal del gasoducto.
Para entender lo sucedido, hay que recordar la historia de South Stream.
El proyecto nace del acuerdo de asociación estratégica formulado entre la compañía estatal rusa Gazprom y la italiana ENI en noviembre de 2006, durante el segundo gobierno de Prodi. En junio de 2007, el ministro [italiano] de Desarrollo Económico, Pierluigi Bersani, firma con el ministro ruso de Industrias y Energía el memorándum de entendimiento para la realización de South Stream. El proyecto prevé que el gasoducto constará de un tramo submarino de 930 kilómetros a través del Mar Negro (en aguas territoriales de Rusia, Bulgaria y Turquía) y de un tramo terrestre a través de Bulgaria, Serbia, Hungría, Eslovenia e Italia hasta Tarvisio (provincia [italiana] de Udine). En 2012 entran también en la compañía accionista que financia la realización del tramo submarino la firma alemana Wintershall y la compañía francesa EDF –con un 15% cada una– mientras que [la italiana] ENI (que cedió un 30%) conserva un 20% y Gazprom se mantiene con el 50% de las acciones. La construcción del gasoducto comienza en diciembre de 2012, para iniciar la entrega de gas en 2015. En marzo de 2014, Saipem (ENI) se adjudica un contrato de 2 000 millones de euros para la construcción de la primera línea del gasoducto submarino.
Pero mientras tanto estalla la crisis ucraniana y Estados Unidos presiona a sus aliados europeos para que reduzcan las importaciones de gas y de petróleo rusos. Impedir la realización de South Stream se convierte en el objetivo número 1 de Estados Unidos. Washington ejerce entonces crecientes presiones sobre el gobierno búlgaro para obligarlo a bloquear los trabajos del gasoducto. Primeramente, lo critica por haber puesto la construcción del tramo búlgaro del gasoducto en manos de un consorcio del que forma parte la empresa rusa Stroytransgaz, objeto de las sanciones estadounidenses. Después, la embajadora de Estados Unidos en Sofía, Marcie Ries, advierte a los hombres de negocios búlgaros que deben evitar trabajar con empresas sujetas a las sanciones estadounidenses.
Washington recibe entonces una importante ayuda del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, quien anuncia la apertura de un procedimiento de la Unión Europea contra Bulgaria por presuntas irregularidades en las licitaciones para la construcción de South Stream.
Pero el momento decisivo se produce cuando, en junio de 2014, llega a Sofía el senador estadounidense John McCain, quien se reúne con el primer ministro búlgaro Plamen Orecharski y le transmite las órdenes de Washington [1]. Inmediatamente después, Orecharski anuncia el bloqueo de los trabajos de South Stream, en los que Gazprom ya había invertido 4 500 millones de dólares.
Al mismo tiempo, la compañía estadounidense Chevron comienza las perforaciones en Polonia, Rumania y Ucrania para la extracción de gas de esquistos mediante el uso de la fracturación hidráulica, o sea inyectando agua y disolventes químicos a altas presiones en los estratos rocosos profundos. Esta técnica es extremadamente peligrosa para el medio ambiente y para la salud de la población, fundamentalmente porque contamina el manto freático. El proyecto de Washington de sustituir el gas natural ruso importado por la Unión Europea por el gas de esquistos extraído en Europa o en Estados Unidos no pasa de ser lo que los españoles llaman “un farol”, una apuesta engañosa, tanto por sus elevados costos como por los daños medioambientales y sanitarios que provoca esa técnica de extracción. Y, en efecto, varias comunidades locales ya se rebelan contra ella en Polonia y en Rumania.
Como consecuencia del bloqueo contra South Stream, anunció Putin, Rusia se ve obligada a «reorientar sus entregas de gas». Aumentarán las destinadas a Turquía, a través del gasoducto Blue Stream. Y aumentarán sobre todo las destinadas a China. De aquí al 2018, Gazprom entregará a este último país 38 000 millones de metros cúbicos de gas al año, o sea alrededor de la cuarta parte de lo que actualmente entrega a Europa. Utilizando las inversiones chinas, previstas en unos 20 000 millones de dólares, Moscú proyectar potenciar el oleoducto entre la Siberia oriental y el Pacífico, agregándole un gasoducto de 4 000 kilómetros para garantizar el aprovisionamiento a China. Pekín también tiene interés en invertir en Crimea, principalmente en la producción de gas natural licuado.
Los perdedores son los países de la Unión Europea.
Bulgaria, por ejemplo, tendrá que renunciar a los derechos de tránsito [del gasoducto a través de su territorio], estimados en 500 millones de dólares al año. En Italia, en cuanto se anunció la suspensión del proyecto South Stream, las acciones de Saipem sufrieron un brusco descenso, cayendo a sus niveles más bajos de los 6 últimos años. Con el bloqueo de South Stream, Saipem pierde, además del contrato para la construcción de la primera línea del gasoducto submarino, otro contrato para los trabajos de respaldo de la segunda línea, por un valor total de 2 400 millones de euros, a los que se habrían agregado nuevos contratos si se hubiese mantenido el proyecto.
También se prevén graves repercusiones en materia de empleo. Como consecuencia de la suspensión del proyecto South Stream se reducirán o se anularán las nuevas contrataciones de personal que Saipem había previsto para aumentar sus efectivos en Italia. También habrá que prever un recorte de sus actuales efectivos.
La cancelación de South Stream es por consiguiente un duro golpe no sólo para Saipem sino para otros sectores de la industria y los servicios en un momento crítico, cuando ya está produciéndose una caída de la producción y, por lo tanto, del empleo. Basta con pensar que la terminal de Tarvisio prevista en el proyecto original podía haberse convertido en el nudo de distribución del gas ruso, y por lo tanto en fuente de importantes ingresos y de aumento del empleo [en Italia].
Pero ahora todo eso se desvanece como un sueño. Mientras que se benefician con la suspensión de South Stream las compañías estadounidenses como Chevron, contratadas para reemplazar el gas que Rusia garantizaba a la Unión Europea.
Sólo nos queda darle las gracias a «nuestro amigo americano».
Traducido al español por la Red Voltaire a partir de la versión al francés de Marie-Ange Patrizio
[1] «Sabotaje al gasoducto South Stream», por Manlio Dinucci y Tommaso di Francesco, Il Manifesto (Italia), Red Voltaire, 12 de junio de 2014.
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