Más o menos quince días atrás, el Contralor General de la República, Edgar Alarcón, anunció en Radio Capital, en uno de los últimos programas de Philip Butters, que era inminente la acción del Ministerio Público contra los responsables de haber comprado con sobreprecio el pasaporte electrónico, el 2015.
Se refería, el titular de Contraloría, al conjunto de funcionarios que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, bruñó, construyó y urdió un desabastecimiento de pasaportes y en días feriados, a horas insólitas, sábados y feriados, recabó propuestas y otorgó la buena pro al monopolio Imprimerie Nationale-Gemalto de Francia, la responsabilidad de 400 mil pasaportes electrónicos.
Como es de público conocimiento, pocos meses antes, en octubre 2015, el mismo consorcio Imprimerie Nationale-Gemalto “había ganado la buena pro” para Migraciones, para 1’200,000 pasaportes electrónicos. Y se hizo bajo la “supervisión” de OACI-ICAO, que sabía poco o nada de este documento de alta seguridad, no obstante las presiones internacionales y desde el mismísimo gobierno de Ollanta Humala fueron inocultables. Imposible dejar de recordar la atenta mirada colaboradora y sumisa del entonces Superintendente, Boris Potozén.
Mientras que un pasaporte electrónico comprado por Migraciones costó S/ 85.28, en Cancillería, cada uno de estos, costó: S/ 217.41
La diferencia de precios fue así: 217.41 – 85.28 = S/ 132.13 Si se multiplica este guarismo por los 400,000 de la buena pro en Cancillería, se obtiene la siguiente cifra: S/ 52’852,000 o casi US$ 16 millones de dólares.
Y a ese sobreprecio se refirió el Contralor Edgar Alarcón anunciando la acción inminente de que damos cuenta.
Como descartamos que estos días accidentados y plenos en catástrofes naturales contra Perú sean un psicosocial o cortina de humo fabricada por algún malhadado servicio de inteligencia, hay que convenir que las autoridades del Ministerio Público, deben haber estado muy ocupadas y no han actuado conforme lo que el Contralor anticipó con tanta precisión.
Nuestras fuentes afirman que, en efecto, hay suficientes indicios como para acusar penalmente a los fautores de este sobreprecio monstruoso en Cancillería con el ríspido tema del pasaporte electrónico. Y ni siquiera la distancia, algunos fuera del país, podrá mitigar el ejercicio de la justicia que tiene y debe castigar a los pésimos funcionarios públicos que se hicieron cómplices de este desperdicio del dinero de los contribuyentes.
Hay quienes, en el colmo del cinismo, minimizan que sea “apenas” ascendiente a casi US$ 16 millones el asalto al Estado. Lo he oído muchas veces. No saben los insensatos que profieren esta desverguenza que del Estado no debe tomarse ¡ni un centavo!, ¡menos millones que hoy deberían estar sirviendo para vituallas, lanchas, vehículos, medicinas, ropa, alimentos, para contribuir con nuestros hermanos del norte del país!
El Contralor Edgar Alarcón tiene la palabra y es menester que su dinamismo consiga que el Ministerio Público lleve a cabo su deber y para lo que paga el contribuyente: atrapar a los cacos, establecer su delito y sancionar estos imperdonables crímenes.
El Perú tiene que aprender a reclamar justicia y no es mala idea escarmentar a los sinverguenzas que no respetan las normas y, en cambio, actúan por consigna por sinecuras y limosnas o viajes al exterior u ofertas de trabajo en países de refugio.
¿Y a dónde fueron a parar esos casi US$ 16 millones de dólares?
Manténgase en contacto
Síganos en las redes sociales
Subscribe to weekly newsletter