En relación con la celebración los próximos 9 y 10 de diciembre, por iniciativa de la administración de Estados Unidos, de la llamada cumbre por la democracia, consideramos necesario señalar lo siguiente.
Los organizadores y entusiastas de este extraño evento pretenden ser líderes en la promoción de la democracia y los Derechos Humanos en todo el mundo. Sin embargo, el "historial" y la reputación de los Estados Unidos de América, Gran Bretaña y los estados miembros de la Unión Europea, en cuanto a la garantía de los derechos y libertades democráticas en sus propios países, así como en el escenario internacional, está lejos de ser ideal, por decirlo suavemente.
Los hechos manifiestan que Estados Unidos y sus aliados no pueden ni deben pretender ser un “faro” de la democracia, ya que ellos mismos tienen problemas crónicos en materia de libertad de expresión, sistema electoral, corrupción y Derechos Humanos.
La política editorial de los medios occidentales más importantes está controlada, de hecho, por las élites partidarias y corporativas. Para reprimir la disidencia en el entorno de la información, operan mecanismos bien configurados de censura, autocensura y eliminación de cuentas y contenido indeseables de las plataformas digitales. Es una flagrante violación del derecho a la libertad de expresión, publicitado por Occidente. Las redes sociales controladas por empresas estadounidenses son ampliamente utilizadas para la desinformación, propaganda y manipulación de la opinión pública. El espionaje electrónico masivo por parte de servicios especiales y corporaciones de TI, que cooperan con ellos, se ha convertido en una realidad de la vida cotidiana de los ciudadanos de los Estados occidentales.
Hace aproximadamente un año, durante la campaña electoral en Estados Unidos, el mundo entero vio cómo el arcaico sistema electoral de este país comenzaba a desmoronarse. El mecanismo de recuento de votos existente demostró muchas deficiencias. Millones de estadounidenses ponen en duda la imparcialidad y transparencia de las elecciones presidenciales de 2020. Y esto es comprensible, porque su organización y resultados estuvieron asociados con prácticas tan dudosas como el "corte" artificial de distritos electorales, la votación por correo de varias semanas y la no admisión de observadores, especialmente internacionales, a las mesas electorales.
Surgen serios interrogantes por la continua represión por parte de las autoridades estadounidenses contra los manifestantes frente al Capitolio el 6 de enero del corriente, a quienes la administración estadounidense y los medios de comunicación asociados llaman abiertamente "terroristas domésticos". Decenas de personas que no estaban de acuerdo con los resultados de las elecciones presidenciales recibieron penas de prisión desproporcionadas a su actividad opositora.
Tratando de asumir el papel de "líder democrático global", los Estados Unidos de América ya durante muchos años lideran a nivel mundial en número de presos en las cárceles (más de 2.000.000 de personas). Las condiciones de reclusión en muchas instituciones penitenciarias degradan la dignidad humana. Washington sigue guardando silencio sobre los casos de tortura en la prisión de Guantánamo. Los servicios de inteligencia estadounidenses son los autores de la creación de cárceles secretas en los territorios de los Estados aliados, práctica sin precedentes para el mundo moderno.
El cabildeo en EEUU es, en realidad, una forma legitimada de corrupción. Los representantes del poder legislativo están controlados, de facto, por las grandes empresas. Tanto dentro, como fuera del país, ellos defienden principalmente los intereses de sus "patrocinadores", corporaciones privadas, por regla general, y no de los ciudadanos, ni de los votantes.
En este contexto, la retórica democratizadora que emana de Washington, no solo está completamente alejada de la realidad, sino que además es muy hipócrita. Antes de ponerse a "exportar la democracia", instamos a los socios norteamericanos a solucionar primero los problemas no resueltos en su propia casa, y tratar de superar la división cada vez más profunda en la sociedad en cuestiones de ética, valores, visión de su pasado y futuro. Y aquí no resulta suficiente la admisión humilde de que la democracia estadounidense sea imperfecta.
Gran Bretaña tampoco tiene derecho a posicionarse como una democracia progresista. En el país existen cómodamente organizaciones que profesan la ideología neonazi, se registra un aumento de las manifestaciones de racismo, discriminación de minorías étnicas y culturales en muchos ámbitos de la vida pública. Están surgiendo los hechos de la recopilación ilegal de datos personales de sus propios ciudadanos por parte de los servicios especiales británicos, se está volviendo común la violencia policial, incluso contra manifestantes pacíficos.
La situación no es mejor en la Unión Europea. Bruselas siempre ha ignorado los derechos e intereses legales de los residentes rusos y de habla rusa en los países bálticos, Ucrania y Moldavia. Hace la vista gorda ante los mitos de la historia política, creados por los "jóvenes europeos", cuando los ex cómplices nazis, que cometieron crímenes de guerra, son proclamados héroes nacionales. La supresión administrativa de la disidencia, la implantación agresiva de valores y prácticas ultraliberales, que destruyen los cimientos cristianos de la civilización europea, se está convirtiendo en una norma diaria para muchos estados de la UE.
Estados Unidos y un reducido grupo de sus aliados, que pretenden tener la justeza ideológica y moral, socavaron su fiabilidad mediante acciones agresivas en el escenario mundial bajo el disfraz de "promover la democracia". Las intervenciones violentas e intentos de "cambiar el régimen" (ha habido más de una docena de ellos en los últimos 30 años), acciones provocadoras en el ámbito político-militar a menudo violan gravemente el Derecho Internacional, generan caos y devastación.
La historia contemporánea muestra que las aventuras militares de "democratización" forzada llevaron a guerras sangrientas y desembocaron en tragedias nacionales para los países que fueron víctimas de tales políticas. Se puede mencionar a la ex Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria y otros Estados. Para desencadenar guerras se utilizaron todos los pretextos – la lucha contra el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, la "protección de la población civil".
Todos recuerdan cómo en 2003, tras la intervención militar en Irak de la "Coalición de la Voluntad", el presidente George Walker Bush anunció, desde el bordo de portaaviones “Abraham Lincoln”, la "victoria de la democracia" en ese país. Lo que sucedió a continuación es bien conocido: todavía no hay estadísticas exactas sobre el número de muertos, pero según algunas estimaciones, cientos de miles de iraquíes murieron prematuramente.
A pesar de los colosales gastos de un billón de dólares, la misión estadounidense en Afganistán culminó con un estrepitoso fracaso. El triste resumen de la "guerra contra el terrorismo", que duró más de 20 años, fue la febril retirada de Kabul de los estadounidenses y otros miembros de la coalición liderada por ellos en agosto de este año.
Hasta ahora no puede recuperarse, después de la operación de la OTAN para "proteger a la población civil", Libia, el país que, con todas las peculiaridades de la estructura sociopolítica de la ex Yamahiriya, mantenía la estabilidad y aseguraba condiciones de vida dignas para la población. Esta acción militar mal calculada condujo, entre otras consecuencias desastrosas, a la proliferación incontrolada de armas y terroristas en toda la región del Sahara-Sahel.
Se puede seguir aduciendo los ejemplos que muestran la hipocresía de los inspiradores de la “cumbre por la democracia”. Pero, ¿es necesario?
Rusia, a que nuestros colegas occidentales últimamente han acusado de casi todos los pecados mortales, está construyendo su línea de política exterior de una manera diferente. No imponemos a nadie nuestro propio modelo de desarrollo. Respetamos la identidad cultural y religiosa y las peculiaridades del sistema político de cualquier Estado, el derecho de cada nación a determinar independientemente su propio camino. No vamos a dictar nuestra propia idea de la vida a nadie. Y en el ámbito internacional nuestras reglas son disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
Rusia busca jugar un papel equilibrador y estabilizador en la política global. Defendemos la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos, no uso de la fuerza o amenaza de fuerza, resolución pacífica de controversias. Defendemos las relaciones internacionales basadas en la coexistencia pacífica, la cooperación y la solidaridad, la igualdad de seguridad universal y la distribución justa de los beneficios de la globalización.
Rusia es una potencia mundial que tiene raíces euroasiáticas y europeas en la base de su identidad y no correlaciona su trayectoria de desarrollo exclusivamente con patrones políticos, económicos y culturales transatlánticos. No estamos de acuerdo con la implementación agresiva de la llamada nueva ética, que destruye las normas de moral, consagradas en las religiones tradicionales, veneradas por la Humanidad durante siglos.
Siguiendo una línea de política exterior equilibrada y sin confrontaciones, nos esforzamos por crear oportunidades para el desarrollo sin obstáculos de todos los participantes de la vida internacional. No copiamos el ejemplo de los países occidentales y no nos inmiscuimos en su agenda interna: si las personas que viven allí o alguna parte de ellos quieren seguir el rumbo de la destrucción de los valores espirituales y morales tradicionales, esto nos causa compasión, pero nada más.
Defendemos el diálogo intercultural, interreligioso e intercivilizacional como una herramienta importante para dar forma a una agenda unificadora, ampliando el espacio de confianza en las relaciones entre Estados y sociedades.
Para resolver los problemas urgentes de nuestro tiempo, instamos a todos los socios extranjeros a que no se involucren en la "democratización", no tracen nuevas líneas divisorias, sino que vuelvan a la observancia del Derecho Internacional y, en la práctica, reconozcan el principio de igualdad soberana de los Estados consagrado en la Carta de la ONU. Plasma la base de un orden mundial democrático que Estados Unidos y sus aliados rechazan.
Ahora, cuando la Humanidad está luchando contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, la cooperación de todos los Estados es necesaria más que nunca, con la observancia incondicional de los principios consagrados en la Carta de la ONU.
Seguiremos de cerca la marcha de la "cumbre por la democracia".
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