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El juez suizo Paul Perraudin
Foto Humberto Salgado / Red Voltaire

El juez de Ginebra, Suiza, Paul Perraudin, resolvió encomendar a la PGR concluir con el procedimiento sobre el botin de los Salinas descubierto en Suiza. La argumentada decisión de una decena de páginas constituye una delegación del último tramo de la persecución penal de Suiza a México. Fue elaborada a fines del pasado mes de abril, siendo comunicada a la fiscalia de Ginebra y a los abogados locales de Raúl Salinas y Paulina Castañon, ambos acusados por infracciones a las leyes helvéticas que penalisan el comercio de drogas y el lavado de dinero. Los inculpados pueden recurrir el dictamen en Suiza para impedir que el expediente sea trasmitido a México, pero una apelación, según la tradición judicial helvética, solo conseguirá postergar el inevitable envio del sumario suizo, miles de páginas de documentos que obligaran a Méjico a investigar a los Salinas.

El fallo fue firmado el 30 de abril, luego que el juez Perraudin recibiera la visita de la subprocuradora de la PGR, Luz Lima Malvido. Adelantado por el fiscal general de Ginebra, Bernard Bertossa a comienzos de este año, este punto final provisorio y sujeto a lo que dilucide México, interviene en momentos que tanto Bernard Bertossa como Paul Perraudin dejan sus responsabilidades en Ginebra a fines del presente mes de mayo. El fiscal se retira de la judicatura, probablemente para postularse a integrar el Tribunal Penal Internacional que se conformará en julio proximo, en tanto que Paul Perraudin ha sido promovido de juez cantonal a juez federal.

Hasta tanto la PGR determine fehacientemente como Raúl Salinas se procuró los 130 millones de dólares localizados en la banca suiza, distribuidos en una trama de varias decenas de cuentas a su nombre y a las de sus familiares, amigos y sociedades instrumentales, queda pendiente la eventual expropiación y devolución a México. Por lo pronto, los fondos seguirán congelados bajo control judicial en Suiza aguardando que los tribunales mexicanos sancionen judicialmente si su procedencia es legal o ilegal. De confirmarse en México que Raúl Salinas no cometió delitos al reunir los capitales que llevó a Suiza, quedará habilitado a reclamar la restitución de los 130 millones de dólares que el juez Perraudin acaba de poner en cuarentena en espera que la PGR dilucide si sus fuentes son licitas o ilicitas.

A la luz de lo que dictamine la justicia mejicana en la materia, Suiza se pronunciará posteriormente de manera definitiva sobre el destino final del dinero. La ley helvética prohibe adueñarse de bienes patrimoniales producidos por hechos de corrupción perpetrados en el extranjero, exigiendo su devolución a los Estados donde se hayan cometido las fechorias, aunque faculta apropiarse de dinero proveniente del narcotrafico, en el contexto de una negociación judicial con los paises que hayan participado en la pesquisa.

Finalizan así siete años de investigación en Suiza, que ahora se trasladan a México, diligencias que comenzaron aquí bajo la competencia de la entonces Procuradora General de la Confederación, Carla del Ponte, tras la detención de Paulina Castañon, esposa de Raúl Salinas, el 15 de noviembre de 1995, tratando de retirar 84 millones de dólares del Banco Pictet de Ginebra, una porción importante del faraónico botín.

El 6 de noviembre de 2000, habiendo relevado a Carla del Ponte desde un año antes, prosiguió con el sumario el juez de Ginebra, Paul Perraudin, quien notificó por escrito a México las imputaciones de Raúl Salinas y Paulina Castañon, cuyos cargos comunicó personalmente a los inculpados el 24 de julio siguiente, sin que los mismos replicaran o emitieran descargo, ni ejercieran el derecho a la defensa.

Colaboración judicial infructuosa

La pista explorada por Perraudin, radiografiada en el acta de inculpación de los Salinas antes consignada, del cual una copia fue publicada en la prensa, refleja que de los 130 millones de dólares acopiados por Raúl Salinas en una red de cuentas en seis bancos suizos, alrededor de 70 millones de dólares emanan del narcotrafico, mientras que el resto tuvo por origen diferentes hombres de negocios mexicanos, entre los que se destacan Carlos Peralta Quintero, Carlos Cabal Peniche y Carlos Hank Rhon.

El primer interlocutor de Paul Perraudin en la PGR fue Eduardo Ibarola, quien tras largas averiguaciones abandonó la sospecha que el narcotrafico estuviera detras de esos 70 millones de dólares que componen la fortuna del hermano del ex-presidente Carlos Salinas de Gortari. Luz Lima Malvido reemplazó a Ibarola y ha trabajado la hipotesis que esos 70 millones de dólares habrian sido desglosados de la "partida secreta" otorgada a la Presidencia de la República de la época, sin conseguir ningun resultado tangible todavía. Ernesto Senties, el administrador de la misma ha muerto, y la indagación sobre el presunto enriquecimiento ilicito y peculado de Raúl Salinas que instruye Lima Malvido no arroja por ahora indicios relevantes que certifiquen desvio de fondos públicos.

Los carteles colombianos y mexicanos

El juez Perraudin ha disecado la ingeniería bancaria aparejada por Salinas y en cuanto a los 70 millones de dólares engendrados en el narcotrafico, sus acusaciones son graves. Se trata de depositos en efectivo efectuados por Salinas en Méjico por un total de 400 millones de dólares, de los cuales 70 terminaron en Suiza, desconociendose lo acontecido con los 330 restantes.

Los testimonios de unos 16 jerarcas de los carteles de Medellin, Cali, Tijuana y del Golfo que declararon en el procedimiento suizo son inquietantes en cuanto a como llegaron a Salinas esos 70 millones de dólares. Se trata, entre otros, de los dichos de Juan García Ábrego, Marco Enrique Torres García, Joaquin Guzmán Loera, el difunto Amado Carrillo Fuentes, Francisco Rafael Arellano Félix, Joaquín Guzmán Loera, Oscar Malherbe de León, Héctor Luis Palma Salazar, José Pérez de la Rosa y María Bernal Romero. Estas confesiones se extienden a complicidades de fuerzas de seguridad y aduana en el arribo, tránsito y transporte a otros paises de cargamentos con estupefacientes, cuyo fruto financiero terminara en cuentas bancarias mejicanas de Raúl Salinas y sus acólitos, parte del cual fuera transferido a Suiza.

El juez Perraudin quiso confrontar estas alegaciones con Raúl Salinas, quien se negó a responder, según él por falta de garantias en México. Perraudin ofreció de inmediato que le "prestaran" al detenido en linea con las costumbres en los mecanismos de cooperación judicial para interrogarlo en Suiza y contrastarlo con sus acusadores, ante lo cual la PGR no dio su consentimiento. Se propuso como alternativa careos por videoconferencia con las salvaguardas judiciales de uso internacional pero México desechó la oferta.

Al margen de las confesiones obtenidas de individuos detenidos, especialmente en Estados Unidos, la centena de pruebas testimoniales que se fueron acumulando en Suiza, aportadas por personas que viajaban de incognito a Ginebra para declarar confidencialmente ante el juez Perraudin, se interrumpieron abruptamente en noviembre de 2001. Rafael Duenas, un personaje clave que tenía agendada una cita con el magistrado ese mes para descorrer el velo sobre operaciones de narcotrafico, fue presuntamente torturado y asesinado en México antes de viajar a Suiza. Después nadie más aceptó venir a declarar. El supuesto crimen ha quedado en las sombras. El juez Perraudin no ha recibido explicaciones satisfactorias de México sobre este episodio.

La versión de Salinas

Según trascendidos de las comunicacionesentre la PGR y la justicia de Ginebra durante estos años, en los tribunales mexicanos no se han encontrado vinculaciones de Raúl Salinas con el narcotrafico, ni con la llamada "partida secreta", es decir los fondos reservados que disponía el entonces Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. No obstante, en su sentencia el juez Perraudin estima que las justificaciones articuladas por los abogados de Raúl Salinas carecen de fundamento y no coinciden con los elementos probatorios que figuran en el expediente incoado en Suiza. Los abogados de Raúl Salinas han venido sosteniendo que su cliente manejaba un fondo de inversión de 85 millones de dólares que en su momento le proporcionaron los conocidos hombres de negocios Carlos Peralta (50 millones de dólares), Roberto González Barrera (20 millones de dólares) y Carlos Hank Rhon (10 millones de dólares), pero han rechazado relaciones de ese dinero con narcotraficantes o con desvíos de la "partida secreta" que manejaba el hermano del acusado, o sea el Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. En este capítulo perdura un misterio: la declaración tomada por la PGR a Carlos Hank Rhon nunca fue trasmitida a Ginebra.

La trama de las cuentas y sus proveedores

No solo han quedado probadas en Ginebra las artimañas bancarias utilizadas por el clan Salinas para administrar semejante fortuna, en donde se verifica la tentativa de disimular de donde surgen y a donde van esos capitales, constituyendo por tanto la infracción de lavado de dinero, sino que también bosqueja la posibilidad que parte de los fondos son suceptibles de haber sido derivados de sobornos a raíz de las privatizaciones de empresas públicas realizadas durante la gestión presidencial de Carlos Salinas de Gortari.

Además de los narcotraficantes ya mencionados, artífices en alimentar las cuentas del clan Salinas en Suiza con 70 millones de dólares, aparecen paralelamente en la documentación remitida por el juez Perraudin a México en noviembre de 2000, el hombre de negocios mejicano Carlos Peralta Quintero, involucrado en asuntos de criminalidad económica. Asimismo el banquero Carlos Cabal Peniche, quizá testaferro del clan Salinas en la Banca Cremi.

A su vez se enumeran gestionando capitales sociedades vinculadas a Raúl Salinas, envueltas en operaciones opacas, como "Conasupo", "Diconsa", "Miconsa", "Minsa", "Maramex", "Agropecuarias Mendocinas" e "Inmobiliarias Mendocinas".

Los bancos mexicamos mediante los cuales directa o indirectamente se encaminaron a Suiza gran parte del botin de 130 millones de dólares, son numerosos y la justicia de Ginebra no obtuvo certificaciones documentales inequivocas de quienes ordenaron los movimientos y cuales fueron las razones. Entre otros, se destacan los bancos "Cremi", "Somex", "Mercantil Probursa", "Serfin", "Bancrecer", "Atlántico", "Bancomer", "Banamex", "Multibanco Comermex", y "Bancomer".

Al tiempo, llama poderosamente la atención que varias de las cuentas digitadas por Raúl Salinas y Paulina Castañon en Suiza, se encuentren encubiertas o en relación financiera con sociedades "offshore", constituidas en paraísos fiscales con el objeto de vehiculizar dinero sucio, canalizado por las filiales Mexico, Nueva York, Londres y Zurich del "Citibank". Cabe recordar que el mencionado "Citibank" de Estados Unidos, reconoció su culpabilidad ante el Senado norteamericano en audiencias que fueron públicas el año pasado en el Congreso en Washington.

Las cuentas de los Salinas en la banca suiza son diversas y se encuentran inmersas en un tejido de parientes, compañías y socios que la PGR, a consecuencia de la documentación de acompañamiento que entregará el juez Perraudin a México con la presente sentencia provisoria, debe esclarecer. Las abrigan los bancos "Pictet", "Rothschild", "Citibank", "Julius Baer", "Banque Genevoise de Gestion" y "SBS". Aparte Raúl Salinas y Paulina Castañon, en esas cuentas se hayan incluidos como apoderados y/o beneficiarios, los familiares y allegados de los dos cónyugues, Antonio Castañon, Daniela y Claudia Ruiz Massieu, Adriana Margarita Salinas de Yañez, Enrique Salinas, María Luisa Sabau García, Paulina y Andrea Díaz Ordaz, Adriana Leonor Lagarde de Salinas, y Adriana Yañez de Salinas. En el círculo aúlico aparecen a su vez Margarita Nava Sanchez, Juan Manuel Gomez Gutierrez, Salvador Giornado Gomez, Jesus Gomez Portugal Montenegro, Juan Gomez Caro, Juan Manuel Pasalagua-Brench, Adrian Sada González, Carlos Hank Rhon, José Arsenio Farrel Campa y José Luis del Valle Gurria. Se suman varias sociedades de utilería, a saber: "Trocca", "Dozar", "Novatone", "Monacen", "Tegra", Abbey", "Brennan" y "Tyler". El dispositivo se completa con cinco apellidos de fantasía utilizados por Raúl Salinas para encubrir el tesoro, y un conocido testaferro y fiduciario suizo, autor de novelas de espionaje, el abogado de Zurich, Ulrich Kohli.