Con el lamentable saldo de eventos como el de Vargas, de sismos como los de Caracas y Cariaco, se hace patente el alto grado de vulnerabilidad del país. Pero también con eventos no tan excepcionales. Anualmente, con las lluvias, nos acostumbramos fatídicamente a esperar víctimas, damnificados y destrucción.

Las amenazas naturales pueden ser equivalentes en otras regiones, pero el riesgo de catástrofes es muy alto en América Latina, donde la vulnerabilidad aumenta día a día, como aumentan las brechas con los países desarrollados, acompañadas por la pobreza, el proceso acelerado de concentración urbana, la ocupación no planificada e irracional del territorio, el crecimiento de la población, las carencias en dotación adecuada de viviendas e infraestructura, la degradación ambiental, deforestación y erosión de los suelos, y las debilidades institucionales de los sectores públicos, con la ausencia de mecanismos adecuados de control y regulación.

Un factor importante de vulnerabilidad se asocia con el problema de la vivienda, la proliferación de la construcción informal y el crecimiento espontáneo de los barrios en las grandes ciudades, sin ningún control o seguimiento técnico. Los ranchos son estructuras de mampostería, de bloques de concreto o de arcilla, que, en Caracas, alcanzan hasta 7 u 8 pisos, y se ubican en zonas de alto riesgo de sismos, derrumbes o crecimiento de quebradas. El riesgo en los barrios es muy alto, no sólo por la vulnerabilidad de las edificaciones, sino por las difíciles condiciones para el manejo de emergencias en estas zonas, donde las vías de acceso, los servicios de asistencia, las condiciones sanitarias, la infraestructura y el equipamiento en general, son precarios.

Otro factor de vulnerabilidad, no menos preocupante pero tal vez más fácil de atacar a corto plazo, se relaciona con la vivienda «formal». Aquí, la vulnerabilidad sísmica se asocia con la inexistencia de normas técnicas adaptadas a las prácticas locales, y a deficiencias en el diseño conceptual de las estructuras, seguimiento, y control de las construcciones. Anualmente se construyen grandes desarrollos de viviendas repetitivas, promovidos por el Estado para la solución económica del problema habitacional. Muchas de estas estructuras son de mampostería, y se proyectan y diseñan siguiendo criterios erróneos.

No existen en Venezuela normas vigentes para el análisis, diseño y construcción de estructuras de mampostería. Esto hace que se utilicen normas del extranjero, sin evaluar si son apropiadas para los materiales y métodos constructivos nacionales. En otros casos, se utilizan normas que no son aplicables a este tipo de estructuras, con un comportamiento diferente a las de concreto o acero.

En América Latina, numerosos países disponen de normas para estructuras de mampostería. Colombia, Chile, Argentina, México, por ejemplo. En Venezuela nos hemos quedado atrás. Las últimas normas con recomendaciones para la utilización estructural de la mampostería datan de 1955, y no incluían requerimientos sísmicos.
Actualizar las normativas es una necesidad prioritaria. Esto es una responsabilidad a asumir por el recién creado Sencamer. Tenemos las capacidades y conocimientos técnicos necesarios para lograrlo a corto plazo, ya que existe una amplia experiencia en el área, y esfuerzos liderados por el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la UCV.

Pero también, el Estado debe encarar urgentemente la tarea de evaluar y reforzar las estructuras existentes, y crear mecanismos de control adecuados que garanticen la seguridad de nuevas viviendas. Si no, con la entrega anual de cincuenta mil o más viviendas económicas, en lugar de solucionar un problema, cada vez que construimos una vivienda que no cumple con estrictos criterios de seguridad ante sismos, estamos, irresponsablemente, construyendo la amenaza de otro problema, tal vez mayor.

Caracas, Alia2

Marianela Lafuente