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Lo nuevo, ahora, es el interés por recursos vitales como el agua dulce o por «patentar» la vida a través de apropiarse de especies animales o vegetales, de la riqueza genética o de áreas especialmente ricas en biodiversidad.

Para el imperialismo ese es el interés fundamental. De allí que Estados Unidos no haya firmado los más importantes Convenios internacionales sobre medio ambiente (como la Carta de La Tierra, la Convención de Diversidad Biológica o el Protocolo de Kioto) o que haya declarado como peligro para su seguridad nacional la existencia de una estrategia de biodiversidad suscrita por los cinco países andinos. Sin embargo, en un claro gesto de intromisión, la embajadora de Estados Unidos en nuestro país ha señalado que la aprobación de la Ley de Biodiversidad es una exigencia de su país para firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC).

La explicación de este comportamiento aparentemente contradictorio está en que de hecho, tal y como está el proyecto, aunque se titula «Ley para la Conservación y Manejo Sustentable de la Biodiversidad», es una propuesta privatizadora de la biodiversidad (incluyendo los parques nacionales), que se enmarca en la forma neoliberal de concentrar la riqueza en pocas manos.

La naturaleza como mercancía

La ley se basa en el criterio de que la naturaleza constituye el «Capital Natural» del país.

Conociendo que «capital» son los recursos empleados para obtener ganancia, está claro que esa es la visión básica, asignando a la naturaleza el simple rol de recursos para producir lo que, en el marco del sistema, significa ganancias para pocos.

El Art. 2 es más claro cuando señala que este «capital natural» debe «proporcionar un flujo constante de bienes y servicios...» En pocas palabras, la conservación es un asunto secundario y lo que está por encima es la producción de «bienes o servicios».

Este anhelo se expresa en diferentes partes del texto, en el que una de las partes más graves está en el Art. 29, que señala que se podrá entregar «derechos de uso y manejo sustentable sobre las áreas y los bienes del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales a favor de entidades públicas, privadas o mixtas»; y si no queda claro el afán privatizador, a continuación aclara que será «através de concesión, delegación y otras figuras legales». Los privatizadores siempre dicen que concesionar no es privatizar, porque la propiedad del área sigue en manos del Estado, pero el hecho es que precisamente ése, que se suponía un bien común de uso público, pasa a ser manejado por intereses privados y eso es privatización real. Más aún cuando se permitiría «uso múltiple», es decir que hagan lo que quieran.

Para engañar a los incautos, se dice que el Ministerio del Ambiente fijará cláusulas de revocatoria unilateral en casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el beneficiario del contrato (reconocen que será beneficiario). La verdad es que estas cláusulas serán imposibles de cumplir y menos si se firma el TLC con Estados Unidos, porque las normas vigentes y anunciadas de la Organización Mundial del Comercio impiden cualquier forma de nacionalización y este tipo de cláusulas entran en esa categoría.

Adicionalmente, hay una serie de mecanismos para empleo de las Fuerzas Armadas para impedir cualquier resistencia de los pobladores de las áreas protegidas, especialmente los indígenas, a quienes se les quitan derechos reconocidos dentro y fuera del país en la consulta previa y en el manejo del área en donde viven.

No se incluye la riqueza genética en la definición de biodiversidad, aunque sí lo hace la Convención de Diversidad Biológica, instrumento internacional suscrito por el Ecuador. Se deja abierta la posibilidad de ingreso de los peligrosos transgénicos, lo que significa de hecho debilitar la aplicación del principio precautorio incorporado en nuestra Constitución política. En otras palabras, existe una serie de consecuencias gravísimas de esa visión privatizadora que manejan esas personas que pueden hablar muy bonito sobre la ecología, pero que traicionan sus palabras al momento de legislar o impulsar esas leyes desde fuera del Congreso.

La embajadora norteamericana es una de ellas, pero no la única.