Los hechos de Venezuela del pasado 9 de Mayo, donde fueron detenidos 90 paramilitares, quienes presuntamente tenían planeadas acciones de sabotaje contra el régimen chavista [1], son indicios de una nueva etapa del proceso de internacionalización del conflicto colombiano [2].

El hecho fue objeto de las más diversas opiniones: tanto para los opositores de Chávez, entre los que se encuentra el jefe paramilitar Mancuso como para el ex ministro Juan Manuel Santos se trata de un montaje del Presidente de Venezuela para reprimir a los sectores que se oponen a su régimen. Pero, el presidente Chávez manifiesta que el hecho responde a una conspiración donde están aliados la oposición a su gobierno, sectores de ultraderecha y hasta el propio Ejército colombiano.

La internacionalización -países vecinos- de las acciones de los grupos armados no se limita al accionar y a la disputa entre los grupos guerrilleros y los paramilitares en las fronteras, sino que pretenden «exportar» su modelo, según las empatias o animosidades con los gobiernos de turno de los países vecinos. Por otra parte, los gobiernos de los países vecinos explotan el conflicto armado colombiano para justificar medidas represivas como Fujimori en Perú, o entregar la soberanía nacional como lo hizo el gobierno de Ecuador, al permitir la base militar de los Estados Unidos en Manta. Pero al margen de estas dos posibles intepretaciones, lo único cierto es que hablamos de una nueva etapa del proceso de internacionalización del conflicto armado colombiano.

Por último, otra situación que evidencia las dificultades de un proceso de paz integral con todas las facciones de paramilitares, es el incierto paradero de Carlos Castaño, hasta hace poco tiempo jefe político de las autodefensas. Además, las diferencias sobre la negociación expresan problemas estructurales para que estos grupos armados puedan convertirse en un actor político legal.

El mediano plazo

El tema de la justicia se ha constituido en una de las mayores pruebas del proceso, ya que lo enfrenta a las presiones de terceros que rebasan la capacidad de decisión y acción de las partes. Además, éste sintetiza varias de las tensiones claves en procesos de esta índole, como paz o justicia, justicia internacional o justicia interna.

Para Estados Unidos resulta esencial que el proceso conduzca a la desaparición de los vínculos entre la economía del narcotráfico, los paramilitares y los militares. Y que esta negociación no sirva de reconversión o sombrilla para legalizar a los mafiosos que han financiado el fenómeno paramilitar, para quienes este país sólo considera dos caminos: el sometimiento a la justicia interna dentro de los parámetros de los Estados Unidos o la extradición.

El segundo problema, el de la alternatividad penal, o en su versión más reciente la ley de justicia y reparación [3], remite a un aspecto central de las dinámicas de paz y guerra. Si se aplica un estatuto permisivo, se soluciona un problema coyuntural pero se emite un mensaje equívoco: por despiadados que sean los actores del conflicto, las razones políticas terminarán primando sobre la justicia. Por el contrario, un estatuto riguroso da mayores garantías de reconstrucción social a largo plazo, pero aleja a las partes de la mesa de negociación, salvo que se llegue a ella en condición de rendición.

El equilibrio entre los dos polos no es tarea fácil. Pero si se aprueba el proyecto tal como está en la actualidad, minaría mucho las posibilidades de verdad, justicia y reparación moral, material y simbólica que necesita un país para que un proceso de diálogo sea sólido y duradero. Es decir: hacerlo mediante el esquema que hay, es dejar las heridas abiertas.

Las retaliaciones, las garantías de una reinserción efectiva a la sociedad de los jóvenes paramilitares y su financiación son también un escollo formidable en el desarrollo del proceso de negociación con las autodefensas.

Así lo indican el asesinato en Medellín del coordinador de los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara [4], la guerra que mantienen los paramilitares del Bloque Centauros y de las autodefensas de los Llanos, que ya cobra más de un centenar de muertos, secuestrados y desplazados, y recientemente los confusos hechos y versiones sobre el presunto atentado contra el que fuera su máximo jefe político, Carlos Castaño [5]. A lo que se suman las constantes y reiteradas exigencias de la alcaldía de Medellín y de los mismos jefes de Bloque Cacique Nutibara, en el sentido de que el proceso de desmovilización y reinserción necesita más ayuda y compromiso por parte del gobierno nacional.

Sobre este caldo de cultivo, no es de extrañar que el mero planteamiento de los temas de tregua y concentración, que aparentemente habían sido conversados en el pasado sin mayores concreciones, encuentre un camino menos expedito al inicialmente anunciado.

Tres hechos evidencian estas dificultades: la misma desaparición de Carlos Castaño, en cuya voz de mando reposaban varias de las ingenuas ilusiones de mantener unidos a los interlocutores del Gobierno, las posteriores declaraciones de Mancuso sobre este episodio, que mas bien parecen fijar la nueva posición de las autodefensas sobre el diálogo [6]; y las últimas declaraciones de la Presidencia, donde se denuncian amenazas de las autodefensas contra la vida del Primer Mandatario y se explicita un grave malestar frente a la actitud de los paramilitares en temas como la extradición, sus relaciones con el narcotráfico y sus constantes vendetas [7]. A pesar de los tibios anuncios en sentido contrario, son síntomas que amenazan con la total parálisis de una negociación con la que el Álvaro Uribe intentaba demostrar su «corazón grande».

Los limites estructurales

Pero, tras la coyuntura, lo que produce más incertidumbre sobre los diálogos con las autodefensas es su incapacidad para convertirse de actor económico a político y actuar bajo un mando unificado en el mediano plazo. Guardadas las proporciones, se está ante una situación muy similar a la acontecida entre 1991 y 1992, cuando se desarrollaron diálogos entre la presidencia de César Gaviria y el más importante de los grupos paramilitares de ese entonces, el del Magdalena Medio.

Primero, una serie de grupos paramilitares que durante la década de los 80 habían crecido regionalmente, buscan agruparse. En buena medida, lo hacen a través del grupo de mayor fortaleza político y militar del momento: los denominados grupos paramilitares del Magdalena Medio. Luego, cuando en el contexto de la Constituyente se inicia el proceso de negociación y de sometimiento a la justicia, entre ellos empieza un proceso de retaliación que estuvo esencialmente vinculado con el tema de cuáles eran grupos de autodefensas genuinos de campesinos y ganaderos, cuáles grupos que estaban vinculados con el narcotráfico, especialmente con los carteles de Rodríguez Gacha y Pablo Escobar. Finalmente, el proyecto político militar de carácter nacional que se quería agenciar termina relegado a segundo plano, enterrado bajo las dispares motivaciones de cada uno de los grupúsculos.

Las coincidencias son múltiples. El proceso al cual asistimos estuvo marcado en su origen por el proyecto político militar de carácter nacional que quería agenciar y protagonizar Carlos Castaño, a través de la autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia, pero que en la actualidad parece totalmente desbaratado. Las posibilidades de alcanzar una mesa única de negociación con las tres grandes bloques de paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Central Bolívar y las Autodefensas del Magdalena Medio) son bastantes remotas. La meta fijada por el Gobierno de alcanzar dicha mesa para finales del 2004 no pasa se ser un acto de voluntad, que no se sustenta en un análisis objetivo de la naturaleza del fenómeno paramilitar.

Podría entonces pensarse que los quince meses del proceso van camino a la basura. Pero, por fortuna, las dificultades anunciadas han ido también ampliando el campo de juego. El manejo de la situación ya no es exclusivo de Gobierno y grupos paramilitares. Así lo evidencian mecanismos de participación de la sociedad en el proceso, como las mesas o audiencias publicas en el Congreso, bajo la iniciativa del senador uribista Rafael Pardo Rueda, que explican en parte los cambios y el giro en la ley de alternatividad penal y su nueva versión en tanto ley de justicia y reconciliación. También, el ingreso de la OEA como instancia internacional de acompañamiento y verificación, a instancias del secretario general de esta organización el expresidente Cesar Gaviria, lo cual había sido una reiterada exigencia de los críticos del proceso [8]. Y, más recientemente, hasta la propuesta de los paramilitares de someter la extradición a la votación popular, mediante un plebiscito.

[1] www.eltiempo.com. Mayo 10 de 2004.

[2] www.eltiempo.com. Mayo 11 de 2004.

[3] Esta nueva versión de la ley fue rechazada tajantemente por los paramilitares, en carta abierta a la opinión pública. Ver: www.colombialibre.org. Manifiesto a la opinión pública, abril 14 de 2004.

[4] El Colombiano, Enero 6 del 2004, pág. 8ª.

[5] El Tiempo, Abril 20 de 2004, pág. 1 y 2ª.

[6] www.elcolombiano.com, Abril 22 de 2004.

[7] www.eltiempo.com , Abril 24 de 2004.

[8] El ingreso de esta instancia internacional desató una polémica en la comunidad internacional, que involucró al representante del Secretario General de Naciones Unidas para la Paz en Colombia, el Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, la Unión Europea y algunos países de América Latina, la cual fue rápidamente superada al realizarse declaraciones públicas de apoyo a dicha gestión. El Tiempo, Enero 27 de 2004. Pág. 1 y 3ª.