«No esperes que un hombre muera para saber que todo corre peligro ni a que te cuenten los libros lo que están tramando ahí fuera...» J.M. Serrat

El éxito de la privatización del terrorismo de Estado, culpando a otros de lo que hace la Fuerza Pública o sus mandatarios, se aprecia en la forma como simultáneamente disminuyen las cifras de violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública y aumentan las de los grupos paramilitares.

En Colombia se han presentado casos donde se ha comprobado que el Estado, en su afán por acabar con todo aquel que entorpezca su labor, está dispuesto a unir sus fuerzas militares con las paramilitares. Este es el caso de la masacre de Mapiripán, ocurrida en una pequeña población del Meta, a mediados del año 1997, donde un basto grupo de paramilitares, en coordinación con miembros del Ejército Nacional, torturaron, desaparecieron y quitaron la vida a aproximadamente 50 personas.

Meses antes del suceso, los paramilitares hicieron reuniones previas con militares para organizar la incursión al municipio de Mapiripán, tal como lo declara Pedro Alex Conde Anaya, paramilitar confeso, quien narra la manera como se coordinaron las acciones para tomarse a la población.

La llegada de un gran grupo de hombres armados al Meta y al Guaviare, tanto por tierra como por vía fluvial y aérea, marcan un punto clave en la coordinación de dicho crimen, debido a que por razones de seguridad pública, estos departamentos cuentan con numerosas estaciones, puestos de control y personal armado en la región. De lo anterior, no se ha logrado dar una explicación convincente frente a la presencia de más de 200 hombres armados en la zona, algunos de los cuales salieron de los aeropuertos de Bogotá y Medellín y se dirigieron a Necoclí y Apartadó para recoger a paramilitares uniformados y armados, y luego aterrizar en los aeropuertos de Villavicencio y San José del Guaviare, sin que se haya ejercido control alguno. Otros se movilizaron libremente por vía terrestre y fluvial hasta Mapiripán, a pesar del exagerado número de hombres armados.

En este sentido, se cuestiona la manera de cómo un grupo de criminales pasan sin problemas por los puestos de control fluviales en Charras, el Barrancón y vía Mapiripán, así como los terrestres en Charras, San Martín, Puerto López y El Dorado. Situación que evidencia una coordinación desde los altos mandos militares ya que los medios no controlan el acceso a una población desde tantos puntos y sin ningún indicio extraño.

En el proceso judicial está claro que la población de Mapiripán estaba bajo el control del Batallón Joaquín París de San José del Guaviare, al mando titular del coronel Carlos Eduardo Ávila Beltrán y adscrito a la VII Brigada, con sede en Villavicencio, a cargo del general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez.

Mapiripán se quedó solo

Otro hecho signifativo tiene que ver con la crítica situación de orden público que vivía la población de Mapiripán en la época de la masacre. Argumento sustentado por el juez de esta localidad, Leonardo Iván Cortes Novoa; el coronel Mauricio Herrán Martínez, segundo comandante de la Séptima Brigada; el comandante (e) del Batallón Joaquín París, mayor Hernán Orozco Castro; y el jefe de la Sección Segunda de esta unidad militar, sargento Jesús Alberto Ramírez Machado. Sin embargo, resulta curioso que días antes de la masacre se dispuso el envío de la tropa de ese Batallón a las localidades de Calamar, El Retorno y Puerto Concordia, quedando desamparadas las poblaciones de San José del Guaviare y Mapiripán.

La orden de movilización de las tropas fue coordinada por el Comando de la Séptima Brigada a cargo del general Uscátegui Ramírez y el comandante del Batallón Joaquín París, Coronel Ávila Beltrán, a quien extrañamente y sin acto administrativo le fueron atrasadas hasta el 8 de julio las vacaciones, fecha muy cercana a la incursión paramilitar, pese a que las tenía programadas a partir del 1 de junio de 1997. Dato confirmado por el general Uscátegui.

Pero, la movilización de estas tropas se basó en conjeturas, o simplemente todo se preparó para ejecutar la masacre en Mapiripán. Lo cierto es que no hubo argumentos contundentes que ameritarán la desprotección total de la población. Esto se demuestra con los informes Números 0545 del 14 de julio de 1997, procedente de la Sección Segunda del Batallón Joaquín París y 0546 de la misma fecha. La declaración que el Coronel Orozco rindió en la audiencia pública, afirma que autorizó un movimiento equivocado -refiriéndose al envío de la tropa de reserva a Calamar- por las informaciones falsas que recibió sobre una posible incursión guerrillera a este lugar.

Las tropas del Batallón Joaquín París llegaron a Mapiripán el 23 de julio, procedentes de Calamar, lo cual permite inferir que no había perturbación del orden público y que no era necesaria la presencia de la tropa. La declaración de José Luis Parra Vásquez, Fiscal Regional de San José del Guaviare de la época señala que, curiosamente, la tropa llegó cuando el grupo armado ilegal había abandonado Mapiripán.

Operación conjunta

Otra situación que genera interrogantes es lo sucedido en el aeropuerto de San José del Guaviare el 12 de julio de 1997, cuando organismos de registro y control permitieron el ingreso de los vuelos irregulares, procedentes de Necoclí y Apartadó, y el libre desplazamiento de los pasajeros que subieron a los camiones que allí los esperaban, como si se tratara de una operación militar. Un desembarque tan numeroso de hombres que omitían el control en el aeropuerto como si fuesen militares, no podía ser desconocido por los superiores militares de la zona, entre ellos, el general Uscátegui.

Es evidente el “trabajo conjunto” entre Ejército y paramilitares. Las acciones del sargento Juan Carlos Gamarra Polo, miembro del Batallón Joaquín París, sección de inteligencia no pueden pasar desapercibidas por sus superiores, teniendo en cuenta que los controles realizados al interior de un Batallón son coordinados e informados a los superiores, y un miembro de la sección de inteligencia no podía tener entre sus funciones facilitar la entrada de los grupos paramilitares, sin que ningún superior hiciera reparo alguno y permitiera sus actividades.

De la misma forma se demuestra la vinculación del Coronel Lino Hernando Sánchez Prado, comandante encargado de la Brigada Móvil 2, con las actividades de los paramilitares, quien, tampoco, recibió ninguna sanción por parte de sus superiores. Este oficial a su vez dependía directamente del general Uscátegui, quien no hizo nada para evitarlo y que por el contrario ayudó a patrocinar.

Además, el libre transitó de la agrupación paramilitar, en su recorrido de San José del Guaviare a Mapiripán, por lugares destinados al entrenamiento de las tropas de la Brigada Móvil 2 -El Barrancón- evidencia otro elemento de coordinación porque allí se encontraba suficiente tropa, helicópteros y material de intendencia, para evitar la masacre de Mapiripán.

Luego de esta macabra preparación, casi cincuenta campesinos y pobladores de Mapiripán fueron asesinados y arrojados al río Guaviare. De las víctimas sólo se ha identificado a ocho, pese a que el mismo Carlos Castaño reconoció el asesinato de 50.

Altos mandos involucrados

El general Uscátegui fue informado de los sucesos, telefónicamente el 15 de julio de 1997 y por escrito, mediante el oficio No. 2919 el 16 de julio en la mañana por parte del mayor Hernán Orozco Castro. Pero el general Uscátegui, mediante maniobras engañosas, coaccionó, presionó, chantajeó y obligó al mayor Orozco Castro a cambiar el contenido del informe inicial, enviado el 16 de julio -No. 2919- para eludir su responsabilidad en el crimen.

La masacre en Mapiripán se realizó con tanta precisión, para dejar impunes los hechos, que la estructura criminal fue perfeccionada desde el más alto superior de la zona: coronel Sánchez Prado, comandante de la Brigada Móvil Nº 2, el general Uscátegui, comandante de la Séptima Brigada y el comandante del Batallón Joaquín París, coronel Ávila Beltrán. Incluso se considera la participación de otros altos mandos porque se permitió que la población fuera secuestrada de tal forma que se cerraran todas las posibilidades de denuncia o solicitud de auxilio.

Por otra parte, el inexplicable desplazamiento de tropas hacia lugares muy alejados de Mapiripán que no reportaban una clara situación de perturbación de orden público constituye no sólo una mera omisión de apoyo a dicha población, sino un verdadero acto positivo del cual se infiere el propósito de crear las condiciones necesarias para que la operación paramilitar lograra el resultado previsto meses atrás.

Esta acción macabra fue coordinada por medios ilícitos que comprometieron el deber legal y constitucional de las fuerzas militares -Art. 2 Constitución Política- porque se utilizaron medios oficiales para dotar a los paramilitares con elementos bélicos de uso privativo del Ejército, se facilitó su trasporte y se atentó contra la vida y la integridad de la población con el propósito de causar terror a través del terrorismo de Estado, orientado por el general Uscátegui.

Las declaraciones de Uscátegui

Las últimas declaraciones del general Uscátegui en la revista Cambio del 29 de Marzo del presente año, edición Nº 561 ponen entre la espada y la pared a los altos mandos de las fuerzas militares. Hasta el momento, en el proceso se ha demostrado la coordinación, omisión y acción del Ejército Nacional con paramilitares de Urabá, Meta y Casanare para perpetrar la masacre de Mapiripán. Pero, falta identificar a los otros militares involucrados -altos medios y bajos-, quienes, después de siete años, podrían enfrentar procesos penales como consecuencia de los señalamientos del general Uscátegui, debido a que no piensa permitir que lo dejen solo en la responsabilidad de la masacre, en el momento que se le dicte la sentencia.

La organización, ejecución y ocultamiento de este execrable crimen de lesa humanidad no puede ser justificado con órdenes o desordenes. La muerte de casi 50 colombianos no debe quedar impune, se requiere la verdad de los acontecimientos y la aplicación de la justicia a los culpables, hechos que vayan más allá de la comprobación de documentos. Entre tanto, si el general Uscátegui posee información que ayude a esclarecer estos hechos, por su condición de persona, de militar y de colombiano tiene la obligación de hablar. El General debió aportar esas pruebas desde el inicio de la investigación y no haber permitido que pasarán tantos años, ahora que se siente solo y abandonado por aquellos que un día lo obligaron a callar, según sus afirmaciones, se decidirá a hablar.

En el artículo Uscátegui acusa, de la revista Cambio, el general realiza afirmaciones como:

«Yo no me dejo condenar a 40 años de prisión»

En la conversación con una persona cuya voz no se identifica, el militar deja claro que, si el alto mando militar no lo ayuda, sacará a relucir pruebas que no dejan duda sobre la cercanía del Ejército con las autodefensas.

«Vea, mi general, yo ya estoy mamado de esto. Ustedes saben que yo soy inocente y han dejado ir esto muy lejos. Entonces hagámonos pasito... hagámonos pasito»

«si me voy a juicio va a ser una cuestión mucho más grave que el proceso 8.000. Mejor dicho, va a ser más grave que todo lo que ha sucedido en Colombia»

«Aquí vino el general Mora a hablar conmigo. Yo le dije: vea mi general, usted sabe que yo soy inocente, yo estoy esperando que este fiscal tumbe eso, pero si no lo tumba, yo me voy a juicio y no me voy a dejar meter 40 años. Lo que yo sé ya está en el proceso, lo que pasa es que lo tienen tapado porque no quieren que trascienda, pero lo que está ahí lo hago público si voy a juicio».

Estas afirmaciones son graves, toda vez que se entienden como una amenaza o condición para la cúpula militar, la rama judicial y el mismo juez del proceso, debido a que se deja claro que si Uscátegui es condenado se sabrá la verdad. Razón por la cual la Cúpula debe garantizar la no coacción a la administración de justicia para que este crimen no quede en la impunidad.

Impunidad que ha estado presente en el proceso de la masacre de Mapiripán, teniendo en cuenta que su significado no se limita a la falta de aplicación de la de justicia, sino que se extiende a los instrumentos que facilitan los crímenes y al ocultamiento de aquellos que comenten este tipo de atrocidades. Hasta ahora, no se ha logrado un alcance de justicia real porque de todos los paramilitares involucrados sólo se ha detenido a uno de ellos, René Cárdenas Galeano a quien se le permitió la fuga el año pasado. A lo anterior, se suma la negligencia de los operadores de la justicia en el sentido de que, a pesar de la orden del Juzgado y el Tribunal para que se investiguen a las autoridades municipales, civiles y militares de San José del Guaviare, Mapiripán y Charras no se han adelantado las vinculaciones correspondientes, además de las de los militares de alto rango como el coronel Ávila Beltrán. Sólo resta esperar que el general Uscátegui ponga al descubierto, en el juicio que se realizará el próximo 20 de abril, el vínculo de los militares con los paramilitares, cuestión que siempre ha negado el establecimiento, para que por fin se sepa la verdad de los hechos ocurridos en julio de 1997 en Mapiripán.