Hecho que llevó a la “catedral” a Pablo Escobar y posteriormente, luego de la fuga, a ser perseguido y dado de baja por la Fuerza Pública, quienes se aliaron con el cartel de Cali y con un sector del mismo denominado los “pepes” [1], encabezados por aquellos que luego serían los jefes del paramilitarismo.

Las bandas de delincuencia común crecen en Medellín paralelas al fenómeno del narcotráfico y para enfrentarlas surgen las milicias populares en los barrios de la zona Nororiental de la ciudad. Dichas milicias cobran notoriedad en los primeros años de los noventa hasta el punto de llegar a una negociación con el gobierno de Cesar Gaviria en mayo de 1994, dando como resultado la desmovilización de aproximadamente 800 personas. Sin embargo, una experiencia fracasada fue la creación de Coosercom, cooperativa de seguridad conformada por ex milicianos que prestaban vigilancia en los mismos barrios donde actuaban las milicias.

Entre 1995 y 2000 se ensaya la pactación entre bandas con el apoyo del municipio a través de la Asesoría de Paz y Convivencia. Con el fin de reducir la criminalidad en algunas zonas críticas se firmaron cerca de 60 pactos en las zonas Centro oriental, Nororiental y Noroccidental. Pero, las estadísticas en torno a los homicidios y a los robos no registraron una disminución significativa. Incluso a partir de 1998 se incrementaron y el alcalde Luis Pérez decidió suspender el proceso de pactación, argumentando que los recursos que entregaba el municipio se usaban para fines ilícitos como la compra de armas. Al tiempo que se desarrollaba la pactación aumentó el número de bandas y se produjo una “monopolización” como el caso de la Terraza en la comuna Nororiental, la banda del Tino y posteriormente el combo de Frank en el barrio París y la Cañada en la zona Centroriental.

Entre 1998 y 2000 los paramilitares actúan en Medellín a través de las bandas, pero deciden actuar directamente cuando capacitan a grupos de jóvenes en sus campamentos del Nordeste. Durante este período someten por la fuerza a los bandas que se le oponen y cooptan a otras como los Triana en la Nororiental. En el 2001 aparece como dominante el Bloque Metro de las autodefensas con presencia en el Suroeste, el Oriente, el Valle de Aburrá y el Nordeste.

Entre 2002 y 2003 se produce el enfrentamiento entre el Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara dirigido por “Don Berna”, producto de este enfrentamiento -inicialmente en barrios de la zona Centroriental y Nororiental- es desplazado el Bloque Metro de Medellín y el Valle de Aburrá, y parte de su estructura es cooptada por el Cacique Nutibara, luego de que otras regiones del departamento entre ellas el nordeste el Bloque Metro fuera atacado por otros bloques paramilitares que hacen parte de las AUC. Esta situación lleva a los paramilitares del Cacique Nutibara a afirmar que tienen el control del 70% de la ciudad en el 2002.

La disputa entre los bloques paramilitares se puede explicar a través de diversas hipótesis: el enfrentamiento entre paramilitares por el papel del narcotráfico, unos que lo aceptan y otros que lo rechazan; la persecución para acallar, al interior de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, la oposición a la negociación; y el control por las redes de distribución del narcotráfico.

En este contexto, el alcalde Luis Pérez termina la asesoría de Paz y Convivencia y los pactos con las bandas. Luego redefine algunos componentes del programa de convivencia ciudadana financiado por el BID, dándole importancia entre otras actividades a la capacitación de jóvenes para el empleo y la constitución de las mesas barriales de convivencia. En el segundo semestre del 2002, propone «compro la guerra» como una política pública de seguridad y de reincorporación a la civilidad, además de una consulta popular sobre el desarme.

Desmovilización del BCN

La desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, BCN , tiene varias explicaciones: la autorización del Gobierno nacional al alcalde Luis Pérez para establecer contactos y diálogos con los grupos armados; la composición del BCN, de reciente aparición, contaba entre sus filas con miembros de bandas que no tenían procesos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; y por último, tener una “experiencia piloto” que sondeara las dificultades para la desmovilización de los mandos del paramilitarismo y demostrar ante la opinión pública que la desmovilización de las autodefensas es posible.

Ante los afanes por el término del periodo de Luis Pérez se produce en noviembre de 2003 un improvisado acto de entrega de armas por los 870 hombres que se desmovilizaron del BCN, quienes se concentraron durante tres semanas en un viejo centro vacacional para capacitarse y reincorporarse a la vida civil. Sin embargo, son pocos los que creen que, en un período tan corto, sea posible cambiar una mentalidad de guerra para apropiarse de una ética ciudadana y civilista, máxime cuando sus jefes aún no se han desmovilizado.

Durante estos cinco meses, a la par que se desmovilizaba el BCN, aparecen en las mismas zonas otros bloques paramilitares: el Elmer Cárdenas en la Centroccidental y Nororiental; Héroes de Granada en la Centrooriental; el José Luis Zuluaga en la Centroccidental; y Héroes del Nordeste en la Nororiental. Lo anterior, le plantea serias preguntas a las AUC quienes, en últimas, deciden la desmovilización. No es explicable para el ciudadano corriente que algunos se desmovilicen y aparezcan otros cobrando vacunas y ejerciendo el control en los barrios. Es como si se cambiara la marca, pero manteniendo el proyecto paramilitar. Se actúa contrario a la voluntad de reinsertarse a la vida civil.

Otro aspecto que genera discusión son las implicaciones que se derivan de la articulación del BCN con las bandas. Primero porque, sí es como afirman, controlan más del 80% de las bandas, lo cual sugiere que los crímenes cometidos por ellas tendrían algún móvil político. Segundo porque al desmovilizarse 855 personas, significa sólo un 10% del total de integrantes pertenecientes a las bandas. Entonces, ¿Qué pasa con los desmovilizados, se rearticulan como bandas o continúan adscritos a los nuevos bloques paramilitares que actúan en la ciudad? Finalmente, es importante cuestionarse acerca de la percepción de los jefes de bandas que aún no se desmovilizan, ¿Será que no creen en el proceso?

Por último, se resaltan algunos planteamientos acerca de la desmovilización del BCN, surgidos desde distintos escenarios. Primero, se desmoviliza todo el BCN, como dicen sus voceros, entonces sólo actúan las bandas, hecho que implica un tratamiento especial para ellas. Segundo, se desmoviliza parte del BCN, operan con otras marcas y las bandas se articulan. Tercero, se desmoviliza el BCN pero llegan a la ciudad otros bloques y las bandas quedan sueltas. Cuarto, se desmovilizan unas bandas pero sigue ejerciendo el control el BCN con otros nombres.

Participación social y política

El trabajo social y político que vienen adelantando los voceros legales de las AUC que hacen parte del proceso de negociación con el Gobierno y los desmovilizados está orientado a crear las condiciones necesarias para posicionar dicho proceso, a través de la participación en las audiencias públicas sobre el proyecto de alternatividad penal y la organización de marchas y actos públicos de contrición para pedir perdón.

Además, están participando y promoviendo a sus líderes más cercanos para que encabecen las Juntas de Acción Comunal, los grupos juveniles y las asociaciones de vivienda. Dicha participación genera algunos interrogantes: ¿Se participa desde una estrategia antisubversiva que coarta la libertad de expresión e intimida al ciudadano?, ¿Se usan métodos cómo es el de señalar como corruptos y ladrones a los líderes que no comparten sus ideas?, ¿Imponen el trabajo comunitario con base en un proyecto autoritario? o ¿Se hace desde una perspectiva democrática, respetando las ideas del otro, resolviendo las diferencias sin recurrir a la violencia y ofreciendo garantías al opositor? Con respecto a lo anterior, existen muchas más inquietudes frente a las elecciones de las Juntas de Acción Comunal que se realizarán el próximo 25 de abril.

¿Qué sigue?

El establecimiento de una comisión de la verdad cobra mayor importancia dentro del proceso de desmovilización del BCN, debido a que persisten serías dudas frente a la situación y garantías jurídicas de sus miembros - pues apenas cerca de 30 tenían algunas cuentas pendientes- para no dejar en la impunidad los crímenes atroces y los crímenes de lesa humanidad. Una comisión que le informe a la sociedad: quiénes fueron los responsables de las diversas masacres ocurridas en Medellín en los últimos años; esclarezca la aparición de las fosas comunes; y muestre las conexiones existentes entre el BCN y la esfera pública, así como sus conexiones con el narcotráfico.

La verificación a la desmovilización del BCN es otro de los aspectos importantes por resolver porque la ciudadanía necesita estar segura de que el proceso es transparente y real. De lo contrario, se podrían establecer acuerdos entre los desmovilizados y otros bloques -que aún no entran en las negociaciones con el Gobierno- para que, en una especie de división de funciones, se combinen todas las formas de lucha. Allí estaría la opción de concentrarse.

A pesar de las dudas que genera el proceso de desmovilización de los paramilitares, lo único cierto es que la extradición y la Corte Penal Internacional juegan un papel importante en el debate público. Hechos que definirán la suerte del proceso de negociación con las AUC.

[1] Los “pepes” son los autodenominados perseguidos por Pablo Escobar. Allí se incluyen narcotraficantes de los carteles de Calí y Medellín, quienes le pagaban tributos a Pablo Escobar por las rutas y luego, a las bandas para la persecución de Escobar. De esta alianza hacía parte Don Berna y los hermanos Fidel y Carlos Castaño.