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No es la primera vez que esto ocurre en Arauca. De acuerdo al Banco de Datos del Cinep, en sólo seis meses de 2004 (enero 1 a junio 30) fueron ejecutados extrajudicialmente 39 personas, además 4 fueron torturadas, 2 desaparecidas, 44 detenidas arbitrariamente y 11 amenazadas.

Los datos son de terror. En Arauca el espacio para la organización social no existe y menos para la protesta. Todo el departamento está militarizado y es común encontrar retenes militares oficiales y a pocos kilómetros (1 o 2), su complemento, el extraoficial.

Irresponsable de derecho humanos

El mismo día que se conoció esta nueva masacre (5 de agosto), sin tomarse el tiempo debido para confirmar las primeras informaciones que le llegaron y sin reparar en los comunicados de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, el Vicepresidente de la República, Francisco Santos, responsable de la política en derechos humanos, el Ministro de Defensa y Luis Fabio García, comandante de la División del ejército con jurisdicción en esta parte del país, confirmaron que los asesinados en verdad eran guerrilleros, que su acción social era una mampara. Que por demás, fueron dados de baja cuando le disparaban a la tropa.

Todo el país escuchó esa versión. Toda Colombia se enteró por boca del segundo funcionario en rango de la República, que Leonel Goyeneche (tesorero de la Cut Arauca), Héctor Alirio Martinez (líder campesino histórico) y Jorge Prieto (presidente de Anthoc Arauca) eran guerrilleros y como tal habían muerto.

Que se recuerde, no hay paralelo con este gobierno que sin descanso señala a todos los luchadores sociales de guerrilleros o de protectores de estos. Que se recuerde, no hay parangón. De pronto con otros países (España) donde una sola mentira, sostenida sin vergüenza, le costó la cabeza al partido en el gobierno.

Campañas

Las organizaciones defensoras de derechos humanos han liderado constantes campañas para llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en esta parte del país. Según lo denunciaron, allí se lleva a cabo una operación de exterminio y control con el beneplácito, o al menos el silencio cómplice, del gobierno nacional.

Es inconcebible, según estas organizaciones, que una región que cuenta con una inmensa inversión del Plan Colombia en tropa y tecnología, no pueda controlar la constante violación de derechos a que se ven sometidos sus pobladores.

Atendiendo a estas organizaciones, la Fiscalía General de la Nación tomó cartas en el asunto, verificó que lo sucedido en el caserío de Caño Seco (Saravena) respondía en verdad a una masacre a sangre fría. Por lo hechos elevó cargos contra oficiales del grupo mecanizado Revéir Martínez, perteneciente a la Brigada XVIII del ejército.

Ahora se espera que la investigación y el juicio quede en manos de una institución autónoma y no a cargo de la misma Brigada, como lo solicitan desde la parte oficial. Pero al mismo tiempo, que la barbarie pare en Arauca y sus pobladores puedan compartir sin miedo a ser asesinados por diferir del establecimiento.