EMCALI en la mira

Por estos días, las altas esferas del Gobierno colombiano han tenido que responder por la existencia de una red paralela de inteligencia a la cual pertenecen miembros, activos y en retiro, del Ejército Nacional, quienes con el apoyo de instancias del Ejecutivo y empresas privadas diseñaron un minucioso plan de seguimiento contra lideres políticos de oposición, defensores de derechos humanos y particularmente contra los trabajadores de EMCALI E.I.C.E. E.S.P., la segunda empresa de servicios públicos más importante del país.

Esta red tiene centros de operación en Bogotá, Calí, Medellín, Ibagué y Barranquilla y está directamente relacionada con procesos de liquidación de varias empresas públicas del país. Lo que inicialmente se dio como una advertencia para varias personas que estaban siendo observadas y seguidas por esta red, con el objetivo de ser eliminadas, fue corroborada por la Fiscalía General de la Nación.

El pasado 25 de agosto, efectivos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, (CTI) realizaron dos allanamientos simultáneos, uno en Medellín y otro en Calí, donde el Teniente Coronel, Julián Villate Leal, manifestó que trabajaba para la Consultaría Integral Latinoamericana y una compañía asociada de nombre, Serasys, con las que intercambiaban información sobre los procesos de liquidación de varias empresas públicas: la Empresa de Teléfonos de Barranquilla, la Empresa Eléctrica del Tolima y la Empresa de Servicios Públicos de Cali EMCALI, entre otras.

En poder del Teniente Coronel Villate se encontró un documento de la Central de Inteligencia de la III Brigada del Ejército en la que se efectúa un minucioso análisis de las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, desde 1994. La información además precisa las posiciones políticas, costumbres, actividades y sobre todo, la vulnerabilidad de los desplazamientos cotidianos de los miembros de la Junta Directiva de SINTRAEMCALI, líderes políticos de oposición, dirigentes sindicales, sociales y defensores de derechos humanos, amenazados de muerte.

Villate, justificó ante la Fiscalía que dicha información había sido entregada oficialmente por las autoridades y por las directivas de EMCALI, entre los que se encuentra el Coronel Germán Huertas, jefe de seguridad de EMCALI, y manifestó igualmente que, sus actividades eran conocidas y apoyadas por el Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional, SIPOL; la Financiera Eléctrica Nacional, FEN; el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS y el General Mario Gutiérrez, comandante de la Policía Metropolitana de Calí.

EMCALI, una de las primeras víctimas

Como en el Cataclismo de Damocles: Una espada, pende de un hilo sobre la humanidad de hombres y mujeres que se la han jugado, para que EMCALI, siga siendo pública.

«Inspección detallada de las hojas de vida de los trabajadores de EMCALI;» «elaboración de estudios de seguridad de personal, pruebas de vulnerabilidad y grado de confiabilidad de trabajadores, Junta Directiva y asesores de SINTRAEMCALI;» «creación de una red de informantes al interior de la empresa para seguimiento diario de actividades sindicales y caracterización del sindicato y sus directivas;» son las primeras recomendaciones de la «Operación Dragón».

En Semana Santa, el 11 de abril de 2004, el jefe de seguridad de EMCALI, Coronel Germán Huertas intentó sacar, a escondidas, las hojas de vida de los trabajadores para enviarlas a Bogotá. El Coronel Huertas fue sorprendido por varios trabajadores que denunciaron la irregularidad del hecho. Además, de este hecho, han sido denunciados, permanentemente, los seguimientos percibidos por los activistas de SINTRAEMCALI, a través del departamento de derechos humanos de la organización sindical.

Esta coincidencia no es la única. Las recomendaciones efectuadas en el documento de la Operación Dragón ordena, también, «Cambiar la dirección sindical a una más favorable», ¿favorable para quién? Recordemos que el pasado 14 de julio fueron despedidos 51 trabajadores por el gerente general de EMCALI, Alfonso Potes Victoria. Entre los despedidos se encuentran seis miembros de la Junta Directiva: el presidente de SINTRAEMCALI Luis Hernández, el vicepresidente Luis Imbachi, el tesorero Carlos Ocampo, el fiscal Oscar Figueroa, el secretario general Fabio Bejarano y el vocal Carlos Marmolejo.

Desde el 24 de mayo de 2003, cuando la III Brigada envió el documento a la Central de inteligencia de Bogotá se incrementaron los medios técnicos en la seguridad pasiva -cámaras y acceso electrónico- y se establecieron una red y un sistema de información internas. Además, en dicho documento están las fotos de los trabajadores y de los miembros de la Junta Directiva, incluso la del Representante a la Cámara, Alexander López.

En varias oportunidades, los trabajadores han sido filmados y fotografiados a escondidas. El hecho más reciente se presentó durante la pasada Asamblea Permanente, a la que se vio obligada SINTRAEMCALI, por la inconveniencia del acuerdo firmado entre el Gobierno y la Banca Nacional e Internacional. El manejo que dio el presidente Uribe Vélez a la situación, podría ser envidiado por las peores dictaduras de América Latina. Le propinó un golpe de Estado al Gobernador del Valle Angelino Garzón y al Alcalde Municipal Apolinar Salcedo, elegidos popularmente, cuando ellos intentaban darle una salida negociada. El General Castro viajó desde Bogotá a Calí y manifestó: «señor Alcalde, señor Gobernador yo no recibo ordenes de ustedes yo sólo recibo ordenes del Presidente». La intermediación de los organismos de control y de defensa de derechos humanos, de organismos internacionales y del Alcalde y del Gobernador logró frenar que la Fuerza Pública entrara disparando a la Torre de EMCALI, donde se encontraban los trabajadores.

¿Por qué el interés en EMCALI?

EMCALI, la segunda empresa de servicios públicos más importante del país, cuenta con una de las infraestructuras más grandes de América Lantina, construida durante los 70 años de su existencia: un activo que asciende los cinco billones de pesos; 3.000 hectáreas de cuencas hidrográficas de los ríos Cauca, Calí, Meléndez, Pichinde, Pance, Cañaveralejo y Lili; 4 plantas con capacidad de producción de agua potable; 2.600 Km. de acueducto y 2.400 de alcantarillado; 2 plantas de tratamiento de aguas residuales; 30 centrales telefónicas, 527 Km. de fibra óptica y 18 subestaciones de energía.

SINTRAEMCALI: Defensa del patrimonio público

No han sido pocos los esfuerzos que se han realizado desde Cali para que el agua, la energía y las comunicaciones continúen en manos del Estado. La lucha inició cuando los trabajadores por medio su sindicato, SINTRAEMCALI, descubrieron las permanentes prácticas de corrupción implementadas por los Alcaldes del municipio y Gerentes de la Empresa. De 1995 al 2001 se habían apropiado ilícitamente de más de un billón de pesos, es decir, trescientos treinta y tres mil millones de dólares. Pero, lo que más aterraba a los trabajadores y a las directivas de SINTRAEMCALI era la insistencia de los diferentes gobiernos para vender a EMCALI al capital internacional. A partir de allí, se iniciaron procesos de investigación, denuncia y judicialización contra los responsables.

Por medio de estas investigaciones se descubrieron igualmente los intereses de varias multinacionales como Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, (Españolas) Lyonnaies des exau, General de exaus, (Francesas) Intergen, Siemens, Erikson Houston Energiesi (Estados Unidos), Bell South Degremond, Safege, Nihon Suido, Tokio Engineering, Ute, Odebrech. Multinacionales que, en la actualidad, forman parte de los acreedores de la empresa, uno de los agentes agresores más grandes con el que se enfrenta EMCALI, a causa de los altos intereses sobre las deudas.

Inicialmente, los trabajadores de las diferentes plantas organizaron equipos por sectores y temas, acompañados por asesores externos. Se constituyó un comité anti-corrupción y se realizaron estudios de viabilidad y propuestas de acueducto, alcantarillado, energía y comunicaciones. Este esfuerzo se fue consolidando con las reuniones semanales y quincenales que se organizaban por áreas. En las investigaciones se comprobó que, efectivamente, la Empresa no sólo era viable sino rentable y que las anunciadas quiebras han sido falsas, con el propósito de liquidarla.

Los trabajadores afiliados a SINTRAEMCALI, han hecho uso de los recursos constitucionales y legales, mediante la interposición de demandas, solicitudes ante autoridades y procedimientos legales internos, pero nunca han existido fallos o veredictos imparciales, todos han estado manipulados, cuyo único resultado es la impunidad frente a quienes han dilapidado la Empresa durante varias décadas.

Posteriormente, los trabajadores de EMCALI asumieron diferentes mecanismos de resistencia frente al nombramiento de Gerentes liquidadores, militarización de las plantas de trabajo y resoluciones de liquidación. Las ocupaciones pacificas de las plantas y de las instalaciones del Estado, entre ellas la Torre de EMCALI, y el taponamiento de carreteras fueron las únicas formas para revertir decisiones tomadas por el Ejecutivo y frenar su liquidación o privatización.

Uribe y la privatización de EMCALI

El Presidente Uribe ha hecho varios intentos para liquidar y privatizar a EMCALI con el criterio de «Todos Ponen». El primero lo realizó durante su campaña presidencial cuando el Vicepresidente Santos manifestó: «El gobierno central no tiene un peso para meterle a EMCALI y la empresa hay que salvarla de una manera distinta. Hay que mirar opciones y una de ellas es que se privatice» (Diario «El País» abril 12 de 2003)

El segundo intento, lo manifestó el 9 de agosto de 2002 en Calí, dos días después de su posesión, cuando en la Torre del CAM dijo: «la única forma de Salvar a EMCALI EICE, era constituir una Sociedad por Acciones». En dicha reunión, el presidente de SINTRAEMCALI, Luis Hernández, quien no fue invitado, pero se hizo presente, le expresó al Presidente que, esa solución no era viable por que los trabajadores y el pueblo Caleño no permitirían la privatización de la empresa. El Presidente manifestó a los asistentes: «Ustedes saben que la situación de la Nación es muy difícil, ayúdenos la ciudadanía de Calí con un aumento de tarifas para que se capitalice». A lo que Hernández, respondió: «la capitalización es abrir las puertas a un proceso de privatización. La comunidad señor Presidente, reitero! estaba esperando mucho más de su visita», frente a un aporte verdadero de la nación sobre la base de asumir los costos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Luego, el Gobierno nombró una nueva administración en la Empresa dirigida por Carlos Alfonso Potes, investigado por actos de corrupción cuando se desempeñó como gerente de las Empresas Municipales de Tulúa, Emtulua, y quien se retiró de la misma seis meses antes de su liquidación, para después aparecer como gerente general de la nueva empresa ya privatizada Centroaguas.

El 23 de enero de 2003, la Superintendente de Servicios públicos, Eva María Uribe, emitió la resolución 00014, ordenando la toma de posesión con fines liquidatorios de las Empresas Municipales de Calí, EMCALI E.I.C.E. Dicha resolución fue conocida el 27 de enero, a través de los medios masivos de comunicación.

El 14 de febrero de 2003 Consuelo Ospina, Contadora de EMCALI por orden de la Superintendencia, presentó unos balances contables alterados, con el ánimo de justificar una QUIEBRA TÉCNICA. Inicialmente, ella sostuvo ante SINTRAEMCALI, que fue obligada a presentar el informe, pero posteriormente fue intimidada por el Gobierno para cambiar la versión.

El 21 de febrero de 2003, se conoció que la Gerencia de EMCALI efectuó un encargo fiduciario con la Financiera Eléctrica Nacional, FEN, el 13 de febrero de 2003, hecho que implica que el proceso de liquidación ya se había iniciado. Además, se estableció un comité técnico para definir los pasos en el proceso de liquidación y privatización definitiva de la empresa, dándole al contrato con la FEN un carácter confidencialidad, lo cual está prohibido por la ley.

El 10 de marzo de 2003, el presidente de SINTRAEMCALI tuvo una fuerte confrontación verbal con el Presidente Uribe durante la audiencia sobre EMCALI. Hernández le dijo al Presidente: «no veo el aporte de la nación cuando la esencia de su propuesta del 9 de agosto habló del todos ponen, al señalar que con la capitalización de las acreencias, incluidas las de la nación, habría que devolverlas después con dividendos» (Periódico El Tiempo, 12 de marzo de 2003). Uribe replicó y se refirió al presidente de SINTRAEMCALI como leguleyo, ante lo cual, Hernández con un tono fuerte le exigió respeto.

El 24 de marzo y el 25 de mayo de 2003 continuaron las reuniones, pero esta vez el Presidente Uribe exigió que, las negociaciones con SINTRAEMCALI se desarrollaran en la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

El 4 de mayo de 2004, SINTRAEMCALI depositó su Convención Colectiva, cediendo derechos y cumpliendo con el acuerdo efectuado meses atrás con el Gobierno. Sin embargo, el Gobierno no cumplió con su parte y negoció con la Banca Nacional e Internacional un convenio lesivo para la Empresa, dejando empeñada a Calí durante los próximos 20 años.

EMCALI vs. Banca Internacional

El endeudamiento de EMCALI con la Banca Nacional e Internacional se presentó por negocios como la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y la Termoeléctrica, enriqueciendo a los políticos tradicionales que se desempeñaban en altos cargos dentro de la Empresa y la Administración Municipal. Además, la Empresa era manejada como la caja menor de la ciudad, donde salían los recursos para las campañas políticas de los partidos tradicionales.

El Convenio de Ajuste Financiero, Operativo y Laboral para la Reestructuración de las Acreencias de EMCALI firmado por el Gobierno con la Banca Nacional e Internacional, entrega la autonomía administrativa, financiera, patrimonial y jurídica de EMCALI a las multinacionales. Además, favorece a la Banca Nacional e Internacional al entregarle el direccionamiento y usufructo de la propiedad de la empresa a mediano y largo plazo, violentando las facultades constitucionales y legales de la Alcaldía municipal y vulnerando los derechos de la comunidad. Convenio ilegal que pretende la privatización de la Empresa en un futuro.

De la intolerancia al despotismo

Ante el incumplimiento del Gobierno frente los acuerdos pactados con los trabajadores de EMCALI, del 26 al 29 de mayo de 2004, los trabajadores realizaron una Asamblea Permanente. Hecho que generó una reacción brutal del Ejecutivo frente al gobierno municipal y departamental y una exhibición de la fuerza materializada en los siguientes aspectos:

- Orden de rodear con la Fuerza Pública a todos los trabajadores. Efectivamente fue empleada porque algunos trabajadores recibieron golpes y fueron detenidos.

* Orden de aislamiento. Se prohibió la asistencia humanitaria. No se permitió el ingreso de alimentos, agua y medicinas a la torre de EMCALI, lugar de concentración de los trabajadores. Además, se impidió el ingreso de la comisión negociadora y se obstaculizo las labores del Defensor del Pueblo, el Personero Municipal, la Procuradora Regional y las organizaciones defensoras de derechos humanos.

*Orden de aseguramiento. Fue enviado el Comando Especial Antiterrorista, quienes llegaron con armas largas, fusiles y ametralladoras. Este comando de asalto acordono más de 700 metros a la redonda de la sede Administrativa del CAM.

*Orden de Asalto. Se amenazó a los trabajadores con entrar disparando si no finalizaban la Asamblea Permanente.

Como resultado de esta acción que presionó y amenazó con terminar de manera violenta la Asamblea Permanente, posteriormente declarada ilegal, fue la base para los despedidos de los 51 trabajadores. Curiosamente todos son objetivo de la Operación Dragón

El trabajo con la comunidad

El pleno respeto a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, concepción integral de la defensa de derechos humanos, liderada por los trabajadores de EMCALI, es entendida por el Gobierno como un delito.

Sin embargo, desenmascarar la corrupción, fue uno de los primeros pasos para dar a conocer a la comunidad los intereses reales de algunos políticos implicados, para evitar la manipulación y frenar el histórico apoyo de los sectores más pobres de la ciudad.

En cuanto al trabajo comunitario, en el Valle del Cauca por causa del conflicto social y económico, agravado por el conflicto armado interno contempla fenómenos como el desplazamiento forzado de comunidades campesinas, indígenas y negras para quienes no existe la más mínima posibilidad de educación, salud y en muchos casos, ni siquiera, el servicio de agua potable. Este hecho llevó a SINTRAEMCALI ha efectuar «MINGAS COMUNITARIAS», donde hombro a hombro se desarrollan actividades de adecuación de los servicios públicos, asistencia jurídica, talleres de educación, actualización de los conflictos en la empresa, recreación con niños y atención médica y odontológica, subsidiada por los trabajadores de SINTRAEMCALI.

Además, el movimiento contra la privatización impulsó un movimiento municipal de salvamento de lo público, donde confluyen las problemáticas de destechados, madres comunitarias, sindicalistas, estudiantes, desplazados, artistas, vendedores ambulantes y carretilleros. Este movimiento salió a la calle y en una acción de desobediencia civil, quemó los recibos de servios públicos, y le gritó al Gobierno nacional que no va a pagar los robos que los politiqueros de turno han cometido contra la Empresa.

Un costo muy alto

Durante este proceso de defensa de EMCALI han sido asesinados 16 trabajadores y miembros activos de SINTRAEMCALI, un centenar de detenidos arbitrariamente, cinco en el exilio, 10 víctimas de atentados, dos de los cuales, además de haber sufrido un atentado con artefacto explosivo -luego de la última Asamblea Permanente y de haber quedado gravemente heridos-, estuvieron detenidos durante 4 meses, procesados por terrorismo, recuperaron su libertad el pasado 24 de septiembre.

SINTRAEMCALI ha sostenido que, los servicios básicos deben ser como su nombre lo indica esenciales, subsidiados por el Estado para los estratos más pobres de la ciudad y necesariamente públicos. Privatizar el agua y la luz es tanto como privatizar el aire. Las multinacionales han convertido estos servicios fundamentales en mercancías, así como la educación y la salud. Esta organización sindical que se encuentra en la mira de la "Operación Dragón", seguirá trabajando con la comunidad y con los hombres y mujeres demócratas que están dispuestos a entregar su vida. SINTRAEMCALI lidera hoy en el mundo, la declaración de una carta de los derechos a los servicios públicos, donde se prohíba a las multinacionales comprar los recursos básicos de las naciones y a los Estados cobrar por ellos a sus asociados, en especial, si son de bajos recursos.

Pero la «Operación Dragón», se cierne hoy como una de las más terribles amenazas contra los 2.800 trabajadores afiliados a SINTRAEMCALI.