Pues su pasivo pensional supera los 600 mil millones de pesos. Los directivos de la Asociación Colombiana de Trabajadores de Televisión (Acotv) no han sido notificados de manera oficial frente a la liquidación de la entidad, pero se declararon en asamblea permanente cuando conocieron la decisión del gobierno.

Para Carlos Garay, secretario general de Acotv, «el decreto es inconstitucional, ilegal y ante todo técnicamente mal elaborado. Es una “chambonería”, cualquier persona que lo mire, a simple vista, se da cuenta de la mala fundamentación jurídica en su elaboración».

La crisis a la que ha llegado la entidad es consecuencia del mal manejo que le ha dado el Estado: la jubilación de los directivos que han trabajado por dos años en detrimento de la pérdida del dinero de las pensiones de quienes han laborado por más de 20; la falta de pago de los servicios que la entidad prestó a empresas estatales (como el caso de los consejos comunales); la no inversión en la renovación de la infraestructura de producción y transmisión; el aprovechamiento que las programadoras privadas hicieron de los recursos materiales y humanos en beneficio propio, y el recorte presupuestal al que ha sido sometida.

Con un presupuesto de 60 mil millones, el Instituto operaba tres canales de televisión y tres frecuencias de radio, mientras que R.C.N. y Caracol han captado la pauta publicitaria, reportando ganancias de 200 mil millones de pesos, en un proceso de quiebra de las pequeñas y medianas programadoras.

El favorecimiento a la concentración de medios de comunicación masiva hacía los conglomerados Ardila Lülle y Santodomingo -propietarios de los canales privados R.C.N. y Caracol, del 80% de las estaciones de radio del país y de buena parte de la industria editorial- ha sido un factor determinante en la mencionada crisis.

Los intereses del gobierno

Según los trabajadores de Acotv, «con la liquidación de la empresa se destapa la olla podrida de la corrupción en el sector de las telecomunicaciones», de la cual participan la ministra de Comunicaciones, Martha Pinto de Hart, y el Presidente de Inravisión, pues «le están pagando favores políticos a aquellos que le sirvieron al presidente Uribe en su campaña. Además, diferentes medios han denunciado cómo le han entregado numerosos contratos a los amigos del Vicepresidente técnico de Inravisión y al Presidente de Inravisión». Los trabajadores, también, agregaron que «en la campaña reeleccionista del presidente Uribe, él necesita tener los medios de comunicación, que eran públicos y pasaron de ser del Estado a bolsillos del presidente para dejar en manos privadas, en dos grupos económicos, la información en materia de televisión, y desaparecer la radio y la televisión públicas.»

El desalojo

Hacia las 5:50 de la tarde del 29 de octubre llegaron los escuadrones especiales de la Policía Nacional. Ingresaron abruptamente a las instalaciones del instituto, posteriormente llegaron miembros de las Fuerzas Militares acompañados de perros y cámaras, y desalojaron a los trabajadores de forma violenta. De acuerdo con lo expresado por los trabajadores, la medida fue denunciada ante instancias internacionales. Esta violación a los derechos humanos no corresponde con las posiciones expresadas por las partes del conflicto, durante las mesas de diálogos instaladas con anterioridad, con el objetivo de encontrar soluciones al futuro de la radio y la televisión públicas, frente al problema financiero de las mesadas pensionales, que no obstante, el decreto mencionado no resuelve.

Violencia simbólica

Según el sociólogo Pierre Bourdieu, la violencia simbólica se ejerce, cuando se ocultan los mecanismos que permiten la dominación, y, sin duda alguna, el proceso de concentración de medios ha significado para el pueblo colombiano el desconocimiento de las dinámicas de la guerra, la ignorancia del manejo de la política económica en el país, el no reconocimiento de la diversidad cultural de la nación, el silenciamiento de voces opositoras al gobierno y la divulgación de una lectura de la realidad nacional desde un pensamiento único y de derecha. En fin, la obstaculización para que el pueblo colombiano entienda la existencia de sus conflictos y la necesidad de una resolución política de los mismos.

En esta tendencia los grandes medios configuran una sociedad idealista que privilegia la armonía como factor inherente a ella, desconociendo el conflicto y sugiriendo que cualquier elemento que perturbe el funcionamiento del sistema social, debe ser eliminado, sin analizar las bases históricas y sociológicas que le han dado origen.

Reacciones

Tan pronto se conoció la noticia, la Asociación Colombiana de Trabajadores de Televisión (Acotv), se declaró en asamblea permanente y sus 329 empleados protestaron mediante una marcha que se realizó el 3 de noviembre. Su principal propósito era denunciar la arbitraria liquidación de la empresa, pues el gobierno desconoció el parágrafo del Artículo 77 de la Constitución Nacional, las leyes 182 de 1995 y 335 de 1996, reglamentarias del servicio de televisión pública. Además de divulgar a la comunidad la forma violenta como los trabajadores fueron desalojados de sus puestos de trabajo, sin previo aviso.

A través de un comunicado emitido el 2 de noviembre, Acotv agrega a su denuncia el hecho de que «el gobierno nacional contrató con Televideo, la producción de televisión que Inravisión venía realizando. Cabe decir que la empresa Televideo participó en la campaña publicitaria y de medios para la elección del actual Presidente de la República» y que la firma extranjera Arthur D. Little que realizó el estudio técnico para sustentar la liquidación del instituto, es quien actualmente opera la red pública de televisión.

Inquietudes

La liquidación del Instituto Nacional de Radio y Televisión es un nuevo y duro golpe a la democratización de la comunicación e información en nuestro país, una nueva estrategia de la política neoliberal y un nuevo momento de la violencia simbólica del Estado contra el pueblo colombiano. Frente a este acontecimiento cabe preguntarnos: ¿Cuál va a ser el futuro del patrimonio audiovisual de la nación?, ¿Acrecentará el gobierno su campaña de reelección en los medios de comunicación institucionales?, ¿Desaparecerá la posibilidad de una televisión y una radio públicas, culturales, educativas y de calidad?

Camilo Naranjo