Desde su fundación, a mediados del siglo pasado, la SIP se ha convertido en el sindicato defensor de los intereses empresariales de la
comunicación en América. Es necesario que el pueblo venezolano sepa que
la SIP no agrupa a periodistas, ni a trabajadores de los diarios, sino a
los dueños de periódicos del continente. Es decir, la SIP fue creada con
el único y primordial objetivo de defender los intereses económicos y
políticos de los propietarios de los medios impresos, aunque con
frecuencia, gracias a la estructura mediática sobre la que opera, la SIP
usurpa la representación de los trabajadores de la comunicación.

Por lo tanto, cuando la SIP habla de "amenazas a la libertad de
expresión",
habla por boca de aquellos intereses empresariales que se
sienten amenazados cada vez que, en algún país de América, un gremio de
periodistas, una asociación de usuarios o un Gobierno, propone
regulaciones democráticas al poder omnímodo que ejercen los propietarios
de esos medios. Basta recordar sus posturas en el pasado, cada vez que
en Venezuela se habló de la Ley de Ejercicio del Periodismo, o del
proyecto de reforma constitucional que buscaba imponer el derecho a
réplica. En ambos casos, la SIP tildó dichas iniciativas como "Ley
Mordaza"
, exactamente como hace ahora. Se trata, pues, de los mismos
argumentos, el mismo lenguaje engañoso, los mismos despropósitos en boca
de los mismos actores.

La SIP forma parte, hoy en día, de un conjunto de grupos de presión que,
bajo la fachada mediática de promover las "libertades" en el mundo,
esconde de manera cínica la defensa del interés corporativo de la prensa
escrita privada, sus privilegios económicos, sus políticas editoriales,
y hasta sus proyectos políticos e ideológicos.

En consecuencia, el sello empresarial de sus posturas, se expresa a
través de una lectura sesgada de la realidad venezolana. Pretende
confundir a la opinión pública, queriendo vender como libertad del
pueblo venezolano, lo que son las prerrogativas de poder de sus
miembros. Hacen apología y claman por una libertad que no practican en
sus periódicos, en los cuales de manera sistemática se censura, se
lesiona la verdad, se limita al acceso y la participación de los
lectores, y se atropella a los periodistas que no acatan las líneas
editoriales.

De allí que sus expresiones descalificadoras con respecto a la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y TV (Ley Resorte) -recientemente
aprobada en la Asamblea Nacional- no pueden considerarse sino como la
posición de un sector de los dueños de algunos periódicos y empresarios
de la comunicación, y no como una posición de quienes, como los
periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, editores, lectores y
usuarios, entre otros, son los actores principales del proceso
comunicacional.

El Estado venezolano no puede legislar para un sector, por muy poderoso
que éste sea; el Estado está obligado a legislar, en el marco de las
competencias establecidas en la Constitución, para procurar el bienestar
y el interés colectivo. Por más éxitos que esta estrategia les haya dado
en otros países, debemos decirles con toda firmeza que el cabildeo y la
presión mediática de la SIP, no funcionarán sobre la estructura
democrática del Estado venezolano.

Es falso, como sostienen los empresarios de la SIP, que la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y TV estimule la censura previa o
amenace en alguna forma el ejercicio periodístico y, en general, el
libre flujo de información. Antes bien, la Ley Resorte reafirma la
libertad de expresión, sin censura, y el libre flujo de información, así
como promueve el derecho del pueblo a una información oportuna y veraz.

La Ley es un instrumento de la sociedad venezolana para promover, tal
como manda la Constitución Bolivariana, y en sintonía con muchas leyes y
normativas de medios en el mundo, la asunción de responsabilidades
ulteriores para quienes disfrutan del uso de una concesión sobre el
espacio radioeléctrico, patrimonio de todos los venezolanos. Los medios
de comunicación ejercen una inmensa influencia y un tremendo poder, y
deben ejercerlo con responsabilidad hacia la sociedad.

Al establecer la responsabilidad como contrapartida fundamental a la
libertad individual y, sobre todo, la libertad mediática empresarial, se
estimula un equilibrio democrático del sistema de la comunicación
social. La voz de unos pocos, de una élite, debe dar paso a un espacio
plural de muchas voces, de visiones diversas, de criterios alternativos.

La Ley Resorte tiene como uno de sus ejes centrales la defensa de los
derechos comunicacionales de los niños, niñas y adolescentes. La lucha
contra la basura televisiva, expresada en los contenidos de violencia,
procacidad, pornografía y abuso del lenguaje, a través de una
dignificación cultural y pedagógica de la programación radioeléctrica,
es una añeja exigencia de la sociedad venezolana, ratificada
recientemente por altos voceros de la jerarquía católica, pero también
es una sentida demanda de educadores, madres y padres, organizaciones no
gubernamentales y sectores académicos del país.

La SIP no puede probar ninguna de sus vagas afirmaciones. Se refugia en
un discurso deliberadamente ambiguo sobre la supuesta defensa de "la
libertad",
discurso que desprecia el valor de la participación
democrática que se abre con la ley, y omite pronunciarse sobre los
derechos de los más pequeños. Nuevamente, incurre en el conocido exceso,
que ya se está haciendo práctica por parte de estas instituciones
títeres de la globalización, de inmiscuirse de manera abusiva en un
debate democrático, hecho a la luz del más amplio respeto a la libertad
de pensamiento, como el que existe hoy en Venezuela.

No es ciertamente la primera vez que la SIP arremete contra los
venezolanos. Ya lo hizo en abril de 2002, cuando avaló el golpe de
estado y nada dijo sobre el black out informativo de los canales
privados el 13 de abril, ni sobre el cierre de emisoras públicas durante
la ofensiva mediática contra la Constitución y el Gobierno legítimo de
Venezuela. El Gobierno y el pueblo venezolano no esperamos nada, ni
pretendemos el desprestigiado aval de un lobby tan carente de autoridad
moral y legitimidad como es la SIP, pero sí exigimos respeto hacia
nuestro proceso y nuestro instituciones democráticas.

Seguramente la SIP ganaría algo de consideración entre los pueblos
americanos si se le viera preocupada por los 11 periodistas detenidos en
los JUL por haberse negado a revelar sus fuentes, un caso que el mismo
diario The New York Times ha calificado como un atentado contra la
Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sería bueno
saber qué opinan los jefes de la SIP, aquellos que fungieron de censores
en dictaduras militares del Cono Sur, así como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y "Reporteros Sin fronteras", sobre
la atroz persecución judicial desatada contra los periodistas en países
como los EE.UU. La SIP ganaría al menos la atención de los pueblos si se
decidiera a hacer cumplir sus propios códigos de ética y sus manuales de
estilo, redactados por periodistas bien intencionados, y violados
sistemáticamente por los dueños de esos mismos diarios.

El Gobierno soberano de la República Bolivariana de Venezuela ratifica
su compromiso con las libertades públicas y los derechos
comunicacionales del pueblo, derechos colectivos que siempre -como
mandan los tratados sobre Derechos Humanos en el mundo- tendrán
preeminencia sobre la libertad particular de alguna persona o grupo.

Con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV empezamos a construir
y a ejercitar derechos y libertades individuales y colectivas, que
abrirán sin duda el cauce a un nuevo orden comunicacional en Venezuela,
un orden democrático, plural, participativo y protagónico.