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El problema de los servicios públicos es frecuente en Colombia: la falta de cobertura, la calidad del servicio y las altas tarifas, son pan de cada día. En los años 70 y 80 del siglo pasado los servicios públicos fueron una de las reivindicaciones más importantes en todos los municipios del país, llegándose a grandes acciones, entre ellas paros cívicos locales, regionales y nacionales.

Aún hoy -año 2005- esta problemática continúa siendo un tema de primer orden para los usuarios, especialmente de los estratos 1, 2 y 3. La razón, además de los problemas de infraestructura, la expedición de la Ley 142 de 1994, (marco regulatorio de los servicios públicos domiciliarios) que dio un viraje en la concepción del servicio legalizando los criterios de eficiencia económica y suficiencia financiera, con el fin de “...llevar las tarifas a los costos reales”. Abrió, al mismo tiempo, las puertas a la privatización de las empresas públicas obligándolas a transformarse en sociedades por acciones. La Ley 142 también creó las comisiones de regulación, que son comisiones de bolsillo del Presidente de la República, sin ninguna participación de los usuarios, conformadas por los ministros de la respectiva rama, el Director de Planeación Nacional y tres expertos designados por el Primer Mandatario de la Nación.

En materia de tarifas la Ley 142 estableció el desmonte progresivo de los subsidios y dejó en manos de las comisiones de regulación la fijación de las metodologías de las fórmulas tarifarias, de los criterios de eficiencia, de los indicadores de gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos. También asignó al Departamento Nacional de Planeación la función de definir la metodología para la estratificación socioeconómica, con base en la cual los alcaldes deben expedir sus respectivas estratificaciones, que constituyen el punto de referencia para el cobro de las tarifas de los servicios públicos, metodología que no corresponde a la real situación económica y a la capacidad de los usuarios, ya que sólo se contemplan como elementos a tener en cuenta las condiciones físicas externas de las viviendas y su entorno inmediato, pero no los ingresos de las personas, si están ocupados o desocupados, si viven en arriendo o en casa propia y demás indicadores que permitirían identificar la situación real de los usuarios.

Esta normatividad abrió las puertas a la privatización de la Empresa de Energía de Bogotá (el 51% está en manos del sector privado), de la ETB (venta de acciones) y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (entrega de funciones a los gestores zonales privados) lo que condujo al incremento desmesurado en las tarifas, agravando la situación de los usuarios e incrementando la pobreza de los hogares.

Incremento de tarifas

La situación de los usuarios de estos servicios en Colombia, y en Bogotá en particular, es crítica. Pero se agravará más, toda vez que a diciembre 31 de 2005 culmina el período de transición establecido por la Ley 632 de 2000para el desmonte de los subsidios y para cumplir con las metas de las tarifas de acuerdo a la nueva metodología aprobada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en el año 2004. Es decir, a partir del 1 de enero de 2006 los porcentajes máximos de subsidios establecidos en la Ley 142 y 812 de 2000 son 70% para el estrato 1 (actualmente está en el 70%), 40% para el estrato 2 (actualmente esta en el 50%) y 0% para el estrato 3 (actualmente es del 15%); en este último caso, si se cumplen las condiciones establecidas por la CRA se puede aplicar un subsidio del 15%. Los anteriores desmontes llevarán a altísimos incrementos en las tarifas: 24.88% en el estrato 2, y 27.55% en el estrato 3.

En algunos sectores se especula diciendo que los incrementos tarifarios en Bogotá para el presente año (en acueducto y alcantarillado), son responsabilidad del alcalde Mayor, lo cual no corresponde a la realidad. Ya vimos la fecha límite que impone la Ley 142 para el desmonte de los subsidios, el alcalde está obligado a cumplirla. No obstante lo anterior, el Gobierno Distrital rebajó el año anterior el cargo fijo del servicio de acueducto y alcantarillado en un 47,5%, lo que dará como resultado una diferencia en las tarifas promedio del 25%, teniendo en cuenta la rebaja mencionada, es decir, que con la rebaja en cuestión la tarifa al final del presente año será de $44.111 y sin rebaja hubiera sido de $55.061, lo cual confirma el beneficio de la decisión del alcalde que además será permanente.

De todas maneras, los efectos de la aplicación de la Ley 142 y de la decisión de la CRA de reducir los rangos de consumo, llevará a altísimos incrementos en las tarifas que los usuarios no están en posibilidad de asumir, pues desde 1996 -cuando se inició el desmonte de los subsidios- han tenido que soportar escandalosos aumentos. Para mencionar sólo un ejemplo, entre los años 2001 y 2003 las tarifas para el estrato 1 subieron en un 126%, 58% en el estrato 2 y 55% en el estrato 3. Por su parte los incrementos en los salarios mínimos no superaron los niveles de inflación.

Sí se puede

Es necesario evaluar diversas propuestas para amortiguar el efecto del desmonte de los subsidios ypara rebajar las tarifas en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que son las más altas del país:

-  El pasado mes de febrero presenté a consideración del Concejo de Bogotá un Proyecto de Acuerdo para establecer normas que concedan subsidios a los estratos 1, 2 y 3, del 70%, 50% y 15% respectivamente, los cuales pueden ser financiados con recursos de las contribuciones de solidaridad que deben pagar los estratos 5 y 6, de los sectores industriales y comerciales y de los pequeños y grandes productores del servicio de aseo. Si estos recursos no son suficientes para otorgar los subsidios se debe apropiar recursos en el presupuesto del Distrito de lo que le corresponde a la ciudad del Sistema General de Participaciones, de las utilidades y excedentes de las empresas públicas de servicios, de los recursos presupuestales de las entidades descentralizadas, del impuesto predial y de donaciones de los particulares.
-  Otra propuesta es sacar de la tarifa los costos del alcantarillado pluvial, teniendo en cuenta que este no es propiamente un servicio público domiciliario y trasladar la responsabilidad y las inversiones que se requieran para su operación y mantenimiento al IDU.
-  Como la oferta actual de agua es de 22,1 m3/seg. y la demanda es de 14,25 m3/seg. (permanece casi constante en los próximos años, ya que apenas se elevará a 14,94 m3/seg. en el año 2009), se debe aplazar o replantear algunas inversiones como por ejemplo, la ampliación de Chingaza, la que representaría $ 106.000 millones para Bogotá, según información de la EAAB.
-  Los contratos de concesión con la concesionaria Tibitoc y con los gestores zonales han influido negativamente en las tarifas por las condiciones desfavorables en que se pactaron. La concesión de Tibitoc se pactó a 20 años. De marzo de 1998 a noviembre de 2004 la EAAB le ha pagado a la Concesionaria US 90.1 millones, mientras que ésta solo invertirá en los 20 años US 42.3 millones. Además resulta cuestionable que mientras la planta Wiesner suministra 13.4m3/seg a Bogotá, la planta de Tibitoc suministra 7.8 m3/seg., sin embargo el costo del m3 de agua en Tibitoc es 8 veces más costoso que en Wiesner, debido a los costos de la concesión. A la fecha, en la primera el m3 de agua vale $ 34.14 y en la segunda $ 279.29.
-  Por su parte, los gestores zonales han incumplido las obligaciones contractuales pues las pérdidas de agua se han incrementado del 34.8% al 39.7 del año 2003 al 2004, lo que según la Contraloría Distrital representa un presunto detrimento patrimonial de $ 22.000 millones, y los gastos administrativos pueden tener costos ineficientes que sobreestiman los costos reales del servicio. Por ser onerosos para el distrito y perjudiciales para las tarifas que pagan los usuarios propongo revisar y reversar los contratos de concesión de Tibitoc y de los gestores zonales.
-  Se deben bajar las tarifas de aseo, revisando los contratos de concesión y la metodología para determinar los componentes de los costos de referencia de la recolección y transporte de residuos sólidos, el costo del tratamiento y disposición final de los residuos sólidos y la tasa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, metodología que ha generado exagerados aumentos en las tarifas pero altísimas utilidades para los bolsillos de los concesionarios del aseo (Ciudad Limpia, Aseo Capital, etc). Las tarifas de aseo para el estrato 1 subieron en el año 2004 en el 35.88%, para el estrato 2 en un 25% y para el estrato 3 en un 18.14%.