El Acto Legislativo 02 de 2004, por medio del cual se aprobó la reelección presidencial, ordenó la presentación de una Ley Estatutaria sobre igualdad electoral entre los candidatos a la presidencia de la república.

Dicha Ley, que debe tramitarse antes del 20 de junio de este año, regulará, entre otras, las siguientes materias: “garantías a la oposición, participación en política de servidores públicos, derecho al acceso equitativo a los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético, financiación preponderantemente estatal de las campañas presidenciales, derecho de réplica en condiciones de equidad cuando el Presidente de la República sea candidato y normas sobre inhabilidades para candidatos a la presidencia de la república”.

Los temas de mayor debate han sido hasta ahora los relacionados con financiación de campañas electorales y acceso a los medios. Llegar a acuerdos en estos temas es más difícil en las circunstancias actuales por la posible participación del actual Presidente de la República como candidato presidencial en el 2006.

La reforma constitucional aprobada por el Congreso habla de una financiación ‘preponderantemente’ estatal. Por eso la diferencia entre los distintos proyectos de ley ya presentados se refiere a la distribución proporcional del valor total autorizado entre lo que financiaría el Estado y lo que se podría cubrir con aportes privados. El Partido Liberal propone 90 - 10%; el Gobierno, 65 - 35%, y hay otro proyecto con 60 - 40%. Cualquiera de estas opciones superaría lo que rige hoy en materia de reposición de votos por parte del Estado.

El aspecto más complejo es la regulación y control de los aportes privados. No sólo por aquello del origen de los dineros que pueden entrar a una campaña, sino también porque en el marco de la legalidad los grupos económicos y las grandes empresas pueden canalizar hacia un candidato de sus preferencias el grueso de sus aportes.

Al Partido Liberal se le ha ocurrido la propuesta de constituir un fondo común con los recursos provenientes de donaciones privadas para hacer una repartición equitativa entre las campañas. Lo que busca el Partido Liberal es ponerle obstáculos a la candidatura de Uribe. Sin embargo, hace una propuesta que en abstracto podría ubicarse en una lógica de fortalecimiento de la democracia política con el aporte de los particulares.

El acceso equitativo a los medios de comunicación estatales durante la campaña presidencial se concreta, en el proyecto del gobierno, en las siguientes disposiciones: transmisión de un espacio semanal publicitario de hasta (5) cinco minutos para cada candidato presidencial; informativo institucional diario de 15 minutos; debates de hasta 60 minutos cada uno, por parte y petición conjunta de los candidatos presidenciales; una intervención de hasta 10 minutos por parte de cada candidato, dentro de la primera semana siguiente al inicio de la campaña presidencial, y otra de hasta 5 minutos, ocho (8) días antes de las elecciones.

El Estado financiará la publicación de un folleto o boletín (una cuartilla), en un diario de amplia circulación nacional, dentro de los sesenta (60) y cuarenta y cinco (45) días anteriores a la elección, con datos del candidato y su campaña. Esta última información se mantendrá en la página institucional de la Registraduría en Internet. La Comisión Nacional de Televisión regulará el acceso a los medios que usan el espectro electromagnético para que sus concesionarios garanticen la equidad a todos los candidatos presidenciales.

El Partido Liberal propone otra forma de garantizar la equidad en el acceso a los medios que usan el espectro electromagnético: el setenta por ciento (70%) de las emisiones se asignará equitativamente entre todos los candidatos, y el treinta por ciento (30%) restante, en proporción a la votación obtenida en la elección inmediatamente anterior al Congreso de la República por los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que avalen al candidato. Esta propuesta prevé la contratación del Estado con los medios de comunicación que usan el espectro electromagnético, y medios escritos, de los espacios para la propaganda electoral.

El proyecto del gobierno establece un período de cuatro (4) meses para la campaña presidencial. Prohíbe al Presidente de la República que durante la campaña asista a la inauguración de obras públicas; entregue personalmente subsidios del Estado, o cualquier otro dinero del Estado; se refiera a los demás candidatos o movimientos políticos, en sus disertaciones o presentaciones públicas oficiales; utilice la foto o imagen de su campaña presidencial en la publicidad del gobierno; utilice bienes del estado, diferentes a los propios de sus funciones y aquellos destinados a su seguridad personal, en actividades de su campaña presidencial; transmita en directo por el Canal Institucional del estado las reuniones con comunidades para promover la gestión del gobierno (exceptuando los casos relacionados con seguridad nacional, orden público o desastres naturales).

Además, en el mismo proyecto se plantea que durante la campaña quede congelada la nómina estatal y los contratos de prestación de servicios; se prohíbe la contratación directa por parte de todos los entes del Estado (con las excepciones justificadas); se define como un deber del gobierno la publicación en Internet de la información estadística sobre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, los resultados de la acción del gobierno, y la ejecución presupuestal; derecho preferencial de los candidatos presidenciales a información y documentos oficiales (menos los de reserva legal o constitucional).

Un tema central en cuanto a garantías electorales es el derecho a la réplica frente a tergiversaciones o ataques públicos proferidos por el Presidente de la República, funcionarios oficiales o cualquiera de los otros candidatos a la Presidencia. El Partido Liberal propone que el mismo derecho se pueda ejercer frente al manejo oficial de la información sobre asuntos de interés público. Lo más importante es que el derecho se pueda ejercer oportunamente, y que se programe en los mismos espacios o páginas en que se divulgó la comunicación objeto de la réplica, en el mismo medio en que se haya publicado o difundido.

El reto principal de la Ley de Igualdad Electoral es lograr una aprobación con la legitimidad política suficiente. Sobre todo, cuando algunos sectores de oposición consideran que será muy difícil, si no imposible, en el actual contexto político nacional tener las suficientes garantías para confrontarse con el actual Presidente de la República. Máxime si se tiene en cuenta que hay un preocupante quiebre institucional, no solo por la incidencia de grupos armados ilegales, sino también por la notable ausencia de referentes comunes entre los factores institucionales de poder y por los hechos perturbadores que recientemente han protagonizado personas del núcleo gobernante.

Oscar Molina García