En una reunión de Coordinación Interestatal para el reasentamiento de Bojayá(1), adelantada en la Casa de Nariño en el año 2003, un ejecutivo del Estado manifestó a nombre de la institución que representaba(2): “los fantasmas de la masacre del 2 de mayo de 2002 en Bojayá están resultando ser los muertos más caros de la historia”. Esta sentencia estuvo acompañada por un prudente silencio de aprobación del conjunto de los representantes estatales. Como ahora, ese silencio de indolencia estatal estaba presidido por la plana mayor de la Red de Solidaridad Social.

Esta frase desnuda con crudeza la mirada que alienta al Estado para intervenir en las dramáticas condiciones de pobreza histórica de esta población, cuya vulnerabilidad aumentó tras el estallido de un cilindro de gas lanzado por combatientes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contra miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que impactó en la Iglesia donde se refugiaba la población civil.

Este hecho, donde resultaron muertos 119 civiles, forma parte de una guerra que no respeta el DIH ni los Derechos Humanos. Mientras los guerreros la utilizan como escudo humano, la comunidad se abraza con fuerza bajo el manto de la Virgen del Carmen, patrona de las poblaciones ribereñas del majestuoso Río Atrato.

La Red de Solidaridad Social se burla tanto de la comunidad de Bojayá como de la comunidad internacional cuando manifiesta en su boletín oficial del 29 de abril de 2005 que “Bojayá se prepara para convertirse en un pueblo moderno en medio de la selva” y señala que tres años después “los avances logrados hasta ahora se pueden resumir en: reinicio de movimiento de tierra, adecuación de terreno, estudios de suelos, entrega de lotes para la iglesia, casa misionera, la diócesis, el ICBF, el avance en las obras de mitigación ambiental, estudios eléctricos para el mantenimiento de las redes de distribución de energía, diseños urbanísticos, socialización de la comunidad y autoridades locales y regionales, evaluación de ofertas para la construcción del acueducto, estudio de alternativas energéticas, adjudicación para la construcción del núcleo educativo, diseños de captación, conducción, tratamiento y almacenamiento de aguas”.

Además reclama el aplauso porque “así mismo, se encuentran en ejecución los trabajos de mitigación ambiental, desmonte y limpieza que genera 120 empleos directos” y “entre las obras más adelantadas están el polideportivo, ya terminado, y el muelle fluvial que tiene acceso a Bellavista”(3).

Esto significa que, tres años después, la reconstrucción aún es un proyecto. Una sola obra está terminada, no se han comenzado a construir el acueducto, el centro educativo, la nueva iglesia o la oficina de Bienestar Familiar, por no hablar de las viviendas destruidas en el enfrentamiento que no se nombran siquiera en el comunicado.

Basta contrastar los ‘contundentes’ avances de la Red de Solidaridad con dos casos opuestos de reconstrucciones, para notar la falta de voluntad política que ha acompañado al Estado para intervenir integral y efectivamente en los desafíos que enfrenta la población de Bellavista:

• Tras el atentado de febrero de 2003 al club El Nogal, ubicado en un exclusivo sector de Bogotá, las aseguradoras Chubb y Maphre desembolsaron la suma de un millón de dólares para adelantar las obras, las cuales se entregaron a los socios el 7 de febrero de 2004, al conmemorarse un año del atentado, con una inversión total de 18.000 millones de pesos.

• Debido al sismo registrado en el Eje Cafetero el 25 de enero de 1999, colapsaron 116.000 edificaciones y se presentaron daños estructurales en los servicios públicos. Para la conmemoración del cuarto aniversario del terremoto, el conjunto de la región había sido reconstruido, se había modernizado sustancialmente la red de servicios públicos y adicionalmente se construyeron 16.000 viviendas de interés social para familias que no eran propietarias en el momento del evento natural.

La incompetencia técnica y la ineficacia en la administración de recursos para el caso de Bojayá resaltan la falta de voluntad política del ejecutivo que se hizo evidente desde antes de la tragedia, cuando los organismos gubernamentales ignoraron el Informe de Alto Riesgo que la Defensoría del Pueblo emitió el 26 de abril de 2002 alertando sobre los riesgos de un inminente enfrentamiento entre las AUC y las FARC en Bojayá. El Estado también hizo caso omiso de una comunicación oficial de la Oficina para Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitida el 23 de abril del mismo año, en la que tras constatar los movimientos por el Río Atrato de los miembros de las AUC, la entidad expresó su preocupación frente a la inminente confrontación de ambos bandos. Nada de esto impidió que el 2 de mayo de 2002 tuviera lugar en el casco urbano de Bojayá el enfrentamiento entre las FARC y las AUC que causó la muerte de 119 civiles y destruyó la precaria infraestructura de la población.

Esos acontecimientos expresan crudamente una crisis que no se circunscribe al perímetro urbano de Bojayá. Minimizar la acción del Estado a la intervención en esta cabecera municipal de Bellavista es un error craso, pues la crisis humanitaria se extiende al conjunto de la región del Medio Atrato, territorio que los actores armados ilegales se disputan en el marco de una confrontación mayor por el control de la costa pacífica colombiana.

A consecuencia de no intervenir integralmente el territorio del Medio Atrato y sobre todo de la incapacidad de las Fuerzas Armadas del Estado para garantizar la seguridad de los pobladores de la región, el 14 de febrero del presente año se desplazaron hacia Bojayá 558 familias. Es decir, hoy se suman a la crisis humanitaria 1.800 personas albergadas en asentamientos temporales.

Vale la pena resaltar que durante el año 2005 las expresiones organizativas de la comunidad han ganado un puesto protagónico en el ejercicio de la reconstrucción. Tal decisión ha permitido que la Junta de Vivienda Comunitaria de Bellavista y el Comité Dos de Mayo se conviertan en interlocutores válidos de la comunidad frente al Estado. Allí se requiere la focalización de recursos por parte de los organismos gubernamentales y no gubernamentales.

Durante estos tres años, Bojayá ha visto como la ayuda humanitaria se vuelve protagónica cada aniversario, mientras las soluciones estructurales siguen pendientes. Los pobladores de Bojayá aprendieron de la mano de las promesas sistemáticamente incumplidas del gobierno que así como su ancestral territorio indígena y afrodescendiente ha sido convertido en un teatro de operaciones por parte de los actores en conflicto (paras, guerrilla, ejército), la reconstrucción no es más que la puesta en escena de una tragicomedia donde ellos ponen las víctimas.

(1)Comisión presidida por la Red de Solidaridad Social y conformada, entre otras, por FONADE, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICCEL, Ejército Nacional, Ministerio del Interior y de la Justicia, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación.

(2)Era representante del Instituto Colombiano de Construcciones Eléctricas (ICCEL), responsable estatal de las regiones que no pertenecen al Sistema Eléctrico Nacional, como ocurre con la zona selvática del pacífico colombiano donde se ubica la población de Bojayá.

(3)“Bojayá se prepara para convertirse en un pueblo moderno en medio de la selva”. Comunicado de la Red de Solidaridad Social publicado en la sección Noticias de la página web del Plan Colombia. Documento electrónico en http://www.plancolombia.gov.co/Comunicados/Noticias/Noticia6.htm

José Miguel Sánchez