Las responsabilidades en Majaz y en la minería

En el tema minero se hace una visión sesgada e imparcial si se presenta de manera distorsionada la participación de la sociedad civil y no se tratan, además, las responsabilidades del Estado, y de la empresa privada.

En cuanto a la sociedad civil. En Majaz han participando opinando, proponiendo, y no sólo protestando, los representantes de las comunidades, los alcaldes de Ayabaca, Huancabamba, otros alcaldes distritales, la Iglesia, los representantes de las rondas campesinas, etc. Ello motivó que las marchas de protestas hayan concitado la participación de cerca de 3,000 pobladores. La participación de partidos como Patria Roja también es lícita, ya sea por identificarse con las luchas populares, o más porque lo hacen con legítimo derecho como integrantes de la sociedad civil organizada. En el caso concreto de los comuneros y ronderos ellos reclaman la propiedad de las tierras donde está la mina Majaz, y además saben que esta zona es altamente sensible por ser parte de una gran cuenca hidrográfica, y por tener una gran biodiversidad. La participación de ronderos de Cajamarca, cercanos a la frontera de Huancabamba es explicable porque temen que se afecte el agua que tienen para su agricultura y que baja de la zona de río Blanco y por el río Chinchipe.

El Estado, por su parte, sigue ausente en zonas como Majaz, y por lo menos en 40 lugares en todo el país donde hay conflictos sociales mineros latentes y se carece de infraestructura básica y existe extrema pobreza. La presencia del Estado, no debe ser sólo la de bombero en las Mesas de Diálogo que se instalan cuando los conflictos mineros son inminentes. El ministerio de Energía y Minas (MEM), confunde el tema cuando lo politiza, señalando que los responsables son los “partidos políticos radicales”, y ¿donde está su responsabilidad?. El ministro Clodomiro Sánchez, congresista de Cerro de Pasco, después de caer en este error, reconoció el domingo 7 de agosto que “los beneficios de la minería deben ser también para las zonas donde se explota el mineral”, y que este es un proceso recién en marcha. El ministro conoce todo el daño ambiental producido por la minería en su departamento, Cerro de Pasco. También sabe que no se trata de una “campaña antiminera”, porque el problema tiene raíces sociales, ambientales y comunales. El ministro de Economía PPK, también reconoció que las empresas mineras no están compartiendo sus ganancias con las poblaciones del área de influencia de las minas. Sin embargo, al Estado le falta una mayor fiscalización en cuanto a los asuntos ambientales y en las relaciones con las comunidades.

Respecto a la empresa privada. Las compañías que trabajan en las zonas mineras tienen una visión más amplia que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. En Majaz la empresa minera estuvo de acuerdo con la presencia de los representantes de la Iglesia y de las comunidades en la reciente Mesa de Diálogo. La Sociedad de Minería, no. Similar situación ocurrió en Yanacocha, donde la misma empresa reconoció, con una fuerte oposición del gremio minero que, a pesar de los años de operación, no supo entablar las coordinaciones ni diálogos suficientes con la población, por lo que decidió no insistir en la explotación de Cerro Quilish. En Tambogrande hubo problemas similares y finalmente Minera Manhattan se retiró porque, según el ministerio, no acreditó la solvencia económica necesaria para continuar con la fase de explotación. En La Oroya, la compañía Doe Run Perú, dio marcha atrás en sus tratativas de ponerse de acuerdo con la población para, en cuanto tiempo terminar de afrontar la contaminación y el cumplimiento del Programa de Adecuación Ambiental (PAMA), debido a las presiones de la Sociedad de Minería. No basta que el gremio minero diga que promueve la protección ambiental. Debe demostrarla. Sabemos del pasado reciente sucio y contaminante de la minería, que es un estigma y que los pasivos ambientales nadie los quiere pagar. Los estudios de Evaluación Ambiental (para la fase de exploración), y de Impacto Ambiental (para las fases de explotación) deberían ser realizados por empresas independientes o asignadas por el Estado para evitar conflictos de intereses. Asimismo, los cabildeos, talleres con las comunidades, etc, previos a las operaciones mineras, deben ser más transparentes e involucrar a los verdaderos representantes de las poblaciones afectadas.

El gremio minero es consciente que las empresas mineras han gozado de incentivos tributarios para sus operaciones, y que los yacimientos mineros en el Perú, por su naturaleza, son más ricos en contenidos que otros del mundo, lo que hace más rentable la minería en el Perú (producir una onza de oro en Huaraz vale 50 dólares, y 100 dólares en Cajamarca frente a 250 en Sudáfrica), pero no acepta compartir esas ganancias a través de las regalías mineras. Nada niega que las mineras han invertido en algunas zonas aledañas a los yacimientos pero eso es completamente insuficiente, más aún, si del canon minero llegan sumas ínfimas a esas zonas. Por ejemplo, entre 1996 y 2004 Espinar, donde opera Tintaya recibió sólo 150 mil soles. Esta realidad (sumada a que por efecto de los precios internacionales de los minerales las empresas del sector están ganando ahora más) hace que resulta sólo una presión el argumento de que las inversiones mineras se van retirar o retrasar porque hay conflictos sociales.

¿Dónde está el problema ambiental?

Huancabamba, donde se desarrolla el proyecto, es rico en biodiversidad y el 81% de su población de 119 mil habitantes, vive de la agricultura y otra parte del turismo. La fase de exploración minera en la zona de concesión de Majaz tiene ya un impacto ambiental en la flora y fauna (entre la que están plantas medicinales, el oso de anteojos, sachavacas, monos, y el roedor majaz, entre otros) y en la cuenca acuífera (eso es un páramo). En una eventual fase de explotación la contaminación es probable pues el ambiente afectado será mayor dada la gran operación que demandará explotar las reservas de Majaz, que son el doble que Antamina. Debido a la vulnerabilidad de las cuencas de agua el problema es similar al Cerro Quilish, donde Minera Yanacocha decidió no continuar con el proyecto.

La Minera Majaz presentó en enero de 2003 su Estudio de Evaluación Ambiental (EA) para la fase de exploración, pero el ministerio de Energía y Minas lo devolvió con observaciones señalando que no se había acercado ni consultado a la población. Sin embargo, el 26 de noviembre de 2003 el MEM aprueba la exploración del proyecto, basado en un estudio que Majaz manda a hacer a la Universidad Católica, el cual ha demostrado no tener la “licencia social” necesaria.

Conclusiones: A) Las zonas mineras en conflicto son altamente sensibles en biodiversidad, y dependen básicamente de la agricultura. B) Para que exista un acuerdo o “una alianza” entre la minería y la agricultura sería necesario primero que ésta tenga incentivos (que otros sectores como los mineros gozan) para que esté en capacidad de generar su propio desarrollo y no verse desplazada por la minería. C) El Estado debe revisar si el modelo primario exportador debe tener como sostén predominante la explotación minera en zonas de gran biodiversidad. La minería genera más por exportaciones (a pesar que no se sienta su “chorreo económico”), mientras que la agricultura contribuye más con el PBI y con el empleo. E) El derecho de las comunidades sobre sus tierras también debe ser respetado, y hay que capacitar a los habitantes de las zonas para que también sean parte de la fuerza laboral de las minas, puesto que mayormente emplean a personal foráneo o de la capital. D) Resulta anecdótico, pero aún más banal, enfocar todo este problema como una protesta descontrolada o politizada de comuneros, los cuales siguen siendo los principales afectados por la muerte y heridos que les ocasionó la Policía.