La Comisión Internacional de Juristas CIJ acaba de hacer público un informe de 78 páginas (http://www.icj.org/world_pays.php3?...) en el que evalúa las políticas del Gobierno Uribe, llamada de “Seguridad Democrática” justo en el momento en que el vicepresidente Francisco Santos, en Bruselas, dentro de la intensa actividad de cabildeo se propone lograr que la Unión Europea apoye como parte de la implementación de la política de seguridad el proceso de desmovilización paramilitar.

El documento analiza cómo las modificaciones legales en el marco de la política de seguridad blinda de sanción a los responsables de violaciones de derechos humanos, crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra a través de la estrategia paramilitar, como el Decreto 128 de 2003 y la ley 975 llamada de “Justicia y Paz”.

En sus recomendaciones, la CIJ llama al gobierno colombiano a revisar su politica de seguridad para que sea compatible con los principios básicos del Estado de derecho y las obligaciones internacionales de Colombia y a rechazar qualquier legislacion que contribuya a la impunidad. Igualmente, la CIJ hace eco de las decenas de pronunciamientos en los que se ha exigido, se ha exhortado, se ha llamado al gobierno colombiano para que de modo efectivo desmantele las estructuras paramilitares y los militares comprometidos en esta estrategia e invita a la comunidad internacional a asegurar que toda “estrategia de cooperación esté condicionada a que las autoridades colombianas tomen medidas efectivas contra la impunidad y que garanticen el Estado de derecho”.

Eurodiputados dicen NO a la impunidad

"Estamos profundamente preocupados por la ley de "Justicia y Paz", adoptada por Colombia, destinada a otorgar amnistía a los paramilitares por el conjunto de los crímenes cometidos (asesinato, tortura, narcotráfico, secuestros, prostitución forzada etc.) y asegurándoles impunidad. Lanzamos un llamamiento urgente al Consejo de la Unión Europea para que no apoye ni política-, ni financieramente un proceso de demovilización contrario a los principios internacionales del derecho humanitario que permitirían la persecución de las actividades criminales", dijo Raül Romeva, diputado europeo Verde (www.greens-efa.org) ponente del PE por el código de conducta para la exportación de armas, en la presentación del último informe de la Comisión Internacional de Juristas acerca de la evaluación de los problemas de Estado de derecho en Colombia.

Desde hace varios decenios la Colombia sufre de un conflicto armado, negado por el gobierno, y que cuesta cada año más de 6000 muertos. A partir de un acuerdo con uno de los actores de dicho conflicto, los grupos paramilitares, el presidente Uribe preparó una ley, adoptada en 2005, que crea un programa, ampliamente subvencionado, de reintegración de ellos sin que sus crímenes sean perseguidos. Esta ley extiende los beneficios del decreto 129 de 2003, que permitió el “blanqueo” de más de 8000 crímenes a los responsables de las peores violaciones. El gobierno colombiano ha iniciado una intensa campaña para buscar el apoyo de la comunidad internacional a dicha ley, en particular de la Unión Europeo.

"Un defensor de los derechos humanos no puede sino pronunciarse firmemente contra esta ley, declarada contraria a las normas internacionales en materia jurídica, tanto por las Naciones Unidas como por la Organisación de Estados Americanos (OEA)", dijo Hélène Flautre, diputada de los Verdes/ALE y presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del PE. Los diputados verdes /ALE piden al gobierno colombiano de congelar y revisar la ley de ’Justicia y Paz’. El gobierno debería primero hacer un inventario escrupuloso de las dimensiones del fenómeno paramilitar. "Alvaro Uribe debe explicar cuántos paramilitares hay, dónde están sus helicópteres, aviones y armas, y cuantos procesos judiciales ha iniciado realmente", dijo Alain Lipietz, presidente de la Delegación del PE con la Comunidad de Países Andinos por los verdes/ALE. La ley no contiene ni medidas prácticas para desmantelar efectivamente las estructuras paramilitares que se prolongan hasta dentro del cuerpo militar regular, ni alguna información acerca de los medios para indemnizar a las víctimas y restablecerles en sus derechos. Punto igualmente de gran importancia: los informes de las instituciones oficiales internacionales, en particular aquellos de la ONU, se ignoran completamente.

Mientras el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, se prepara para captar apoyos entre los europarlamentarios, Amnistía Internacional siente preocupación porque la Unión Europea podría estar a punto de aprobar un conjunto de medidas destinadas a financiar el polémico plan colombiano de desmovilización de paramilitares.

El vicepresidente de Colombia se reunirá con dirigentes de partidos del Parlamento Europeo, a los cuales se espera que intente convencer de las bondades de la Ley de Justicia y Paz que recientemente se ha aprobado en su país y para asegurarse ayuda financiera y política de la UE.

Amnistía Internacional advierte de que la nueva ley colombiana no llevará ni paz ni justicia a un país devastado por la guerra, sino que, por el contrario, impedirá que se realicen investigaciones judiciales imparciales y exhaustivas sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por los paramilitares y la guerrilla.

En un informe publicado a principios de este mes y titulado Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?, Amnistía Internacional aporta pruebas de que la estrategia de desmovilización utilizada por el gobierno colombiano no sólo no garantiza el desmantelamiento de los grupos paramilitares, sino que facilita el “reciclaje” en el conflicto de los combatientes ilegales, incluidos los responsables de graves abusos contra los derechos humanos, lo que refuerza el problema endémico de la impunidad en Colombia.

"Si la Unión Europea decide, actuando en contra de su propios objetivos políticos, apoyar económicamente y políticamente la estrategia de desmovilización de Colombia, fracasará en el intento de garantizar el fin de la crisis de derechos humanos en Colombia y sentará un peligroso precedente. La Unión Europea proporcionaría legitimidad internacional a una ley que no cumple las normas internacionales sobre verdad, justicia y reparación", declaró Dick Oosting, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante la Unión Europea.

Amnistía Internacional pide a la Unión Europea que no tome una decisión precipitada sobre esta cuestión de derechos humanos básicos y que la remita en primer lugar al Grupo «Derechos Humanos» del Consejo de la UE, integrado en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), y al Comité del Consejo de Ministros de la Unión Europea para América Latina (COLAT), concluye la nota de prensa de Amnistía Internacional del miércoles 21 de septiembre de 2005.

Manifestaciones de la sociedad civil en 6 diferentes capitales europeas

La sociedad civil europea y colombiana está muy activa en este proceso de presión política y movilización. En respuesta de la excepción de inconstitucionalidad de la ley de “Justicia y Paz” presentada en Bogotá por el “Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado”, un grupo de 150 ONGs y organizaciones sociales de EUROPA han firmado una carta abierta (http://www.alainet.org/active/9168&...) para presionar a la Unión Europea para que no apoye el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares con relación a la ley antes mencionada.

El llamado (difundido tambien por la Organizacion Internacional del Trabajo OIT www.newsnow.co.uk/cgi/Ngoto/... ) fue suscrito el miércoles 31 de agosto por organizaciones civiles, sociales y religiosas de Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal y Suiza, entre ellas 75 europeas y 68 colombianas ocho sudamericanas y cuatro internacionales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH y la Organización Mundial contra la Tortura OMCT, FIAN Internacional (www.selvas.org ).

En Italia se ha realizado el “III Foro Internacional Colombia Vive!”en la ciudad de Cascina el 17-18 de septiembre. La secretaria de la Red Italiana de Solidaridad con las Comunidades de Paz del Chocó y Urabá en Colombia (que esta conformada por varios gobiernos regionales de Umbría y Toscana, por Municipios importantes como Roma y Narni, entre otros) Carla Mariani explica que “el Foro fuè dedicado a profundizar el tema de la protección de los procesos de resistencia civil en Colombia (en particular modo las comunidades de paz y de resistencia civil), en la perspectiva de concertar tanto con los representantes colombianos como las organizaciones italianas y europeas participantes, líneas generales de acción que califiquen en términos de eficacia los esfuerzos que colectiva e individualmente estas organizaciones realizan y/o podrían realizar en esta materia”.

Estaban presentes delegaciones de Colombia, Francia, Suiza, Alemania, Espana y se ha decidido una movilización europea a traves de manifestaciones organizadas simultaneamente en Madrid, Lisboa, Berlín, Roma, Viena y Londres, presentando este documento que subraya que “hoy hace 7 meses, el dia 21 de febrero de 2005, ocurrió una horrible masacre de 8 miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Todos los indicios, así como la corroboración de diferentes testigos señalan a soldados de la Brigada 17 del ejército colombiano como los autores de esta barbarie, donde murieron 4 menores de edad. Después de este tiempo no se conocen los resultados de ninguna investigación, los culpables viven tranquilos y sin embargo las víctimas: la Comunidad de Paz, sigue recibiendo amenazas y hostigamientos y ha tenido que desplazarse y abandonar sus propios hogares por la ocupación de la fuerza pública de su Comunidad.

Desde aquí, desde 6 diferentes capitales europeas, Madrid, Lisboa, Berlín, Roma, Viena y Londres exigimos justicia y respeto al ejemplar caminar que empezaron a recorrer las comunidades de paz y en resistencia frente a la barbarie de la guerra y del grave CONFLICTO INTERNO que desangra a Colombia.

Durante estos últimos años la comunidad de paz de San José de Apartadó, así como otras comunidades campesinas, indígenas, y afrocolombianas han padecido masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, torturas, bloqueos económicos y violaciones de toda índole, que han intentado apagar la llama de la resistencia, de la vida, de la utopía y de la construcción desde abajo de otra Colombia posible.

Denunciamos públicamente la situación grave y crítica que padece la comunidad de paz de San José de Apartadó, pero también queremos hacer ver a la opinión pública europea la grave crisis humanitaria y el contexto actual de guerra permanente que padecen con gran brutalidad e intensidad las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas de los departamentos de Arauca, Cauca y Catatumbo, así como todas aquellas que se encuentran en los territorios que acecha el denominado Plan Patriota, con asesinatos, desapariciones, detenciones masivas y torturas continuadas por los diferentes actores armados, especialmente por la acción de militares-paramilitares. Además de repudiar y condenar firmemente la muerte y asesinato del defensor de derechos humannos Luciano Romero que fue brutalmente asesinado hace pocos días.

En consecuencia, exigimos al gobierno colombiano que respete los derechos humanos en el conjunto del país, y que paren el asesinato y violación de la población civil.

Exigimos que el Estado colombiano detenga, arreste y condene con firmeza a los militares sindicados de violar los derechos humanos en Colombia. Unos militares que junto al accionar paramilitar, se han convertido en una macabra y temible maquina de horror, sangre y muerte en todo el país.

También, pedimos y exigimos con firmeza que nuestros gobiernos no legitimen ni financien el actual proceso de "legalización paramilitar", un proceso que comportará el olvido y la impunidad de graves crímenes de lesa humanidad, así como también les solicitamos a que presionen al gobierno colombiano para que el Estado sea máximo garante del respeto a los derechos humanos y no su mayor violador como ocurre actualmente ».

El puente con Colombia

El mismo miércoles 21 de septiembre de 2005, también, en Bogotá, diversos medios de información convocaron a un Foro sobre el “Paramilitarismo, desmovilización y política” en el que participaron integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, entre ellos IVAN CEPEDA y ALIRIO URIBE, el Fiscal General de la Nación MARIO IGUARAN, sectores políticos y asesores del gobierno como JOSE OBDULIO GAVIRIA.

“La imputación de los cargos a los autores de delitos atroces se viene con todo”, dijo el fiscal General, Mario Iguarán. Ante la inquietud de Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados “Restrepo”, sobre el cálculo de que de 22.0000 paramiliatares desmovilizados sólo 200 sean juzgados a la luz de la Ley de Justicia y Paz, el Fiscal señaló que esa cifra no depende ni de la Fiscalía, ni de la Procuraduría, ni de la Defensoría, sino de la voluntad que ellos tengan para colaborar con la justicia. Durante el foro también hubo duros cuestionamientos a la Ley de Justicia y Paz, como los hechos por Iván Cepeda, hijo del asesinado senador de la UP, Manuel Cepeda, y Amérigo Incalcaterra, el director encargado de la Oficina en Colombia del Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.Incalcaterra señaló que la ley no hace referencia ni al conflicto armado interno ni al Derecho Internacional Humanitario.

Agregó que convierte al paramilitarismo en delito político, lo que permite que los miembros de esas organizaciones puedan ser beneficiados con amnistías e indultos, “medidas que conducen al olvido o al perdón de la conducta delictiva”.También dijo que la ley no habla del procesamiento de servidores públicos que hayan participado de alguna forma en crímenes cometidos por los paramilitares. De la misma manera indicó que la norma aprobada por el Congreso y sancionada por el Presidente no establece mecanismos efectivos para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de la verdad. “Sin eso –dijo– no puede hacerse cabal justicia”.

Padre Javier Giraldo, coordinador de la COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ (www.javiergiraldo.org ) ha declarado que “la institucionalización del olvido sustituye la memoria, el pragmatismo se superpone a los derechos. Antes de había dicho que los desmovilizados no harían parte de la Fuerza Pública, a pocos meses de desmovilizados son ya policías cívicos, otros son de empresas de seguridad privada, y otros los que resguardan armas serán el fermento de nuevos esquema de fuerza. Se ha olvidado lo que significó el paramilitarismo como estrategia de desplazamiento de indígenas Emberas y campesinos mestizos de Córdoba y de La Balsita, Esmeralda, Chamuscado en Antioquia, ahora ellos disfrutaran de la infraestructura empresarial. El cinismo institucional sustentado en la política de seguridad no tiene vergüenza, todo se transfiere como responsabilidad a las víctimas, mientras las estructuras criminales se reacomodan, en la nueva fase paraestatal, definitivamente un proceso hecho a la medida de los victimarios, definitivamente el desmoronamiento del Estado de Derecho” ha concluydo el Director del Banco de datos sobre violencia politica en Colombia “Noche y niebla” (www.nocheyniebla.org ).

La decision UE puede llegar en el debite del 3 de octubre…

El Comité para América Latina del Consejo Europeo encargó a la presidencia británica la redacción de un documento en el cual la UE fijaría su posición sobre la Ley de Justicia y Paz. La decisión fue aplazada para el 3 de octubre, cuando será discutida. La idea es establecer si la ley es satisfactoria como marco jurídico para que «los 25 » apoyen política y económicamente los procesos de paz en Colombia.

Alfredo Molano Bravo, redactor de “El Espectador” ha presentado una interesante analisis global sobre la cuestion enfatizzando que “una cosa es el protocolo, y otra, muy distinta, el aplauso. Uribe ha tratado de hacernos comer lo que en Europa no han podido digerir: la ley de impunidad. Cuando regresó de la gira por Europa, el Presidente se daba golpecitos en los hombros, creyendo que había nombrado a Zapatero y a Blair, encargados de los negocios políticos del Gobierno con los paras, ante la Unión Europea. No alcanzó a descansar en el Ubérrimo, cuando Moratinos, ministro de Relaciones Exteriores de España, se reunía con sindicatos y ONG que le reiteraron lo que días después el New York Times, y Le Figaro afirmaron: Colombia claudicó ante el narcotráfico y el paramilitarismo. Moratinos salió incómodo y preocupado, dicen los que asistieron; sabía que vender la Ley de Justicia y Paz ante el Parlamento europeo no era fácil porque allí mandan los debates públicos y no las órdenes de los gobiernos. Es, sin duda, una de las instituciones más democráticas del mundo. Pues bien, por ahí no ha podido pasar la tal ley. En primer lugar, porque la izquierda europea tiene una amplia representación, en segundo lugar, porque las ONG no son catalogadas como apéndices del terrorismo y, por último, porque toma a pecho las declaraciones hechas por Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Pero no es sólo un foro, es también una instancia que aprueba fondos públicos europeos para programas de desarrollo. Esa es la espinita que al Gobierno se le atravesó. A Uribe le tienen sin cuidado tanto las declaraciones que lo descalifican como las que él mismo hace en los Consejos Comunitarios, sabe que la cosa es con plata contante y sonante. Y el Parlamento europeo se ha negado a soltar un centavo para el programa de desmovilizados.

Las dudas sobre la bondad de la ley, que alega el Gobierno colombiano, han ido creciendo. La pieza maestra la puso Michael Fruhling, director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, cuando declaró oficialmente que la norma contradice tratados internacionales que el país ha firmado. La UE acogió esta posición y ha encargado a sus funcionarios aclarar esta contradicción. El Parlamento tomó en cuenta también, y muy especialmente, el llamado de 150 ONG –75 europeas, 68 colombianas, ocho suramericanas y cuatro internacionales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura– para que no apoye la desmovilización porque “contraviene las normas del derecho internacional, obstruye el camino para un genuino proceso de esclarecimiento de graves crímenes y la reconciliación que contribuya al establecimiento de una paz duradera en Colombia”.

*Documento fiel al original. **Cristiano Morsolin, educador-periodista italiano y operador de redes internacionales. Trabaja en Latinoamérica desde 2001 con experiencias en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil. Fundador del Observatorio Independiente sobre la Región Andina SELVAS.