Es un verdadero punto de no retorno: Garzón terminó optando por el modelo oligárquico y transnacional, asegurando la continuidad del proceso iniciado por el binomio Antanas-Peñalosa; las expectativas de los sectores populares de que se podía producir una reorientación en su favor han resultado, una vez más, frustradas. Al menos es lo que nos queda claro después de la conversación que sostuvimos con el Concejal del PDI, Fernando Rojas, su principal opositor.

La discusión se inició a propósito del debate en el Concejo, desafortunadamente y como siempre, con nula participación popular, lo único que podemos esperar y desear es que continúe a pesar de que es una decisión ya tomada, y es lo que queremos promover desde estas páginas.

Un golpe de sorpresa

El proceso empezó mal; impensable bajo un gobierno que se supone alternativo. Como se sabe, durante la campaña electoral, Lucho prometió no recurrir a nuevos impuestos y, en cambio, buscar otras alternativas de financiación. - La disculpa estaría en que se trata, en este caso, de una contribución que sólo se paga una vez y a cambio de obras predeterminadas; la filosofía implícita tiene poco que ver con una orientación popular en la medida en que éstas van a depender de la capacidad de pago de los ciudadanos. Pero aún así el examen cuidadoso del proyecto, en varias fases, a diez años, lo convierte en una modalidad de impuesto disfrazado.El monto distribuido de la valorización se incrementará en los años 2007, 2009, 2012 y 2015 con base en la variación del índice de costos de construcción pesada . A la vez el cobro se hará con base en el estrato vigente en los años anteriormente citados que conllevaría a un incremento adicional. Puede llegar el caso que los contribuyentes tengan que pagar simultáneamente más de dos valorizaciones.

La promesa no se cumplió. Y ni siquiera la oferta que también se había hecho en el sentido de que, en cualquier caso, lo sometería a consulta popular. Como si fuera poco, al final, la consecusión de las mayorías en el Concejo, pese al obvio apoyo del Peñalosismo, dejó flotando en el ambiente la sensación de que la administración también había aprendido a jugar con la politiquería.

¿Era indispensable?

La utilización del mecanismo de valorización tiene las virtudes de la comodidad y la eficacia -por eso gusta tanto a los promotores de los «modelos del concreto»-, pero es sumamente delicada en materia de equidad. Se dice que los pobres contribuyen menos y en cambio reciben obras, supuestamente pagadas por los ricos. El proyecto, anunciado con bombos y platillos, no confirma esta aseveración. Y eso sin tener en cuenta que la discusión de fondo tiene que ver con la estructura del presupuesto del Distrito, el origen de los recursos y la priorización de los gastos.

¿Por qué era indispensable recurrir a la valorización? ¿No era posible cambiar la orientación, pese a los compromisos heredados? Por ejemplo, se sabe que el 75% de la sobretasa a la gasolina se va a Transmilenio, mientras que los operadores del mismo continúan aportándole al Distrito apenas unas migajas.

El plan de obras deja mucho que desear en materia de equidad. Representa incluso retrocesos importantes. Por ejemplo: La administración Distrital no quiso asumir los compromisos con los barrios populares para obras en Suba y Bosa que ya estaban contempladas en el Acuerdo 9 de 1998, y ratificadas en el Acuerdo 48 de 2001, definidas para ser financiadas con recursos diferentes a la valorización; lo que hizo fue incluirlas en el plan que se va a financiar con valorización. Este incumplimiento y la propuesta del alcalde se hizo sin la participación de las comunidades; sería cínico mostrarlas ahora como prueba de equidad del mecanismo.

Al mismo tiempo, se puede comprobar que en varios barrios populares de las localidades de Usaquén, Chapinero y Santafé los pobres van a pagar de todas maneras sin recibir beneficios apreciables. En cambio, se dejan por fuera obras que requieren con urgencia los sectores populares en el mejoramiento de la malla vial.

No podía ser peor

Las dudas son muchas. Un punto de conflicto, en este caso jurídico, está en que el acuerdo introduce vigencias futuras al establecer que si la plata de valorización no alcanza a financiar el plan de obras en parques, los costos adicionales se asumirán con cargo al presupuesto del IDRD, comprometiendo sus recursos en los próximos diez años.

Y las perlas no son pocas: En ese mismo tema tenemos que la construcción de varios parques con recursos de valorización, podrían ser entregados al sector privado a través de contratos de concesión o arrendamiento como ha sucedido con el parque El Salitre. Como contribuyentes financiaríamos la construcción para que el sector privado administre y se apodere de grandes utilidades a costa de todos.

Y la más preocupante: El monto que se aspira a recoger en un primer momento es de $2.1 billones; se calcula que el costo de administración del recaudo equivale a unos $ 176.000 millones. ¿Quién se encargará de tal administración? Pues bien, en el Acuerdo se faculta al Director del IDU para contratar con personas jurídicas públicas o privadas -nacionales o extranjeras- para administrar el recaudo. Aparte de la irregularidad que representa, la pregunta es ¿Quién será el feliz beneficiario? ¿Cuáles fueron las motivaciones para incluir este parágrafo que no estaba en el proyecto original?

El debate de fondo

Sería indispensable un mayor espacio o varios artículos para dar cuenta de los múltiples problemas que plantea la ya aprobada contribución de valorización. Lo que sí queda claro es la opción que ha tomado la administración.El Concejal Fernando Rojas lo sintetiza muy bien al explicar las razones para estar en contra del proyecto:

«El ordenamiento urbano principalmente ha afectado el medio ambiente y la valorización de la propiedad beneficiándose unos pocos por la especulación y renta como los Calderón, Pardo, Ospina que utilizaron las tierras más rentables y definieron un modelo de desarrollo urbano a favor de ellos.

Mientras tanto miles de pobres han sido marginados a la periferia, aquellos que sustentaron con sus impuestos ese desarrollo, pero que nunca los benefició. Por ejemplo, la carrera 7 al sur termina en la calle sexta, pero al norte hasta el Castillo de Marroquín perteneciente a un mafioso. La Av. Caracas; hoy troncal de Transmilenio, se proyectó al sur muy tarde, antes para entrar a Ciudad Bolívar se hacia por un puente entre San Carlos y Santa Lucia. Hoy el Transmilenio por la carrera 30 llegó primero a la calle 93 y apenas se está comenzando de la calle 6 hacia el sur. Todo esto para decirle que un gobierno de izquierda debe pensar en la equidad, en el desfase de desarrollo entre pobres y ricos. Qué propuso Luis Eduardo Garzón: una valorización donde el que tenga plata, paga y tiene su obra.

Un gobierno de izquierda debe compensar las inequidades que se generaron durante todos estos años. Pero esta valorización nada tiene de social, ni supera la inequidad. Todo lo contrario, los ricos disfrutan del esfuerzo de todos y los pobres hoy llamados personas sin capacidad de pago se quedan con su miseria vial».


Valorización y Modelo de Ciudad

Más allá del debate necesario y profundo sobre las consecuencias inmediatas de la valorización y el gran interrogante ético político, que en torno a ella se le presenta a un gobierno que se creía de izquierda como el del Alcalde Lucho, se debe realizar una mirada estructural que permita ubicar en el tiempo el proceso de implantación del actual modelo territorial que sufre la ciudad. En primer lugar, no se puede olvidar que este modelo territorial -puesto en marcha desde hace diez años por el binomio Mockus- Peñalosa-, parte de la definición de la ciudad como un Gran Puerto Intermodal. En ese proyecto, Bogotá es diseñada en el mapa geopolítico y estratégico de América del Sur como un territorio para el intercambio de todo tipo de mercancías, desde grandes volúmenes de carga agrícola, hasta sofisticados productos financieros. No es casual, por tanto, la solicitud con que el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD) avanza en la elaboración de las fichas normativas de las UPZ que de manera directa apoyan las grandes operaciones estratégicas del “Puerto Seco”, el “Nodo Financiero de la calle 72”, las áreas circundantes del “Plan Centro”, el cambio del curso (con grandes repercusiones ambientales) del río Bogotá, para la ampliación de la capacidad receptora del Aeropuerto El Dorado, entre otros, continuando así la agenda y cronograma ocultos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Todo esto permite precisar que la ciudad se está transformando en una “gran mercancía financializada”, que necesita instrumentos fiscales y financieros, como la valorización; instrumentos normativos como las fichas de las UPZs; instrumentos de planificación como los Planes Parciales y los Planes Maestros, y claro está, un modelo de participación restringida donde las comunidades le dan legitimidad al modelo a partir de la cada vez mayor desinformación sobre los propósitos e intereses de largo plazo subyacentes. Destaca igualmente, la urgencia para dictar normas en ciertas zonas de la ciudad, coincidiendo exactamente con los lugares de mayor inversión en el futuro inmediato para construir la red de carreteables y el soporte técnico para el puerto intermodal antes mencionado. Con estos antecedentes, no se puede hablar de la valorización al margen de proyectos de gran envergadura como el SARS-IFSA (South American Riverway Sistem o Red de Interconexión Fluvial); el IIRSA o sistema intermodal de carreteras de América; la cesión, a las grandes multinacionales Bell South y Telefónica, del corredor de telecomunicaciones que pasa sobre la Sabana de Bogotá, sin dejar de lado la firma del TLC que garantiza las condiciones de ventaja comparativa para las grandes multinacionales, en el ínter juego mercantil de América y particularmente de Colombia. De esta manera, la valorización es otra ficha más de este entramado modelo territorial que busca hacer de Bogotá el gran centro de intercambio latinoamericano, que conecte los puntos geoestratégicos principales: Amazonia, Orinoquia, Mar Caribe, Cordillera de los Andes y Océano Pacífico, donde la capital del país es el corazón de conexión y equidistante entre las terminales económico financieras del nodo Sao Paulo (Brasil) y ciudad de México. Y donde sus habitantes aportarán de manera creciente las finanzas necesarias, encareciendo la vida en su ciudad y expulsando de la misma, hacia la periferia cada vez más lejana, a sus hijos más pobres.