Red Voltaire
2008, derechos humanos y parapolítica

Piedras en los zapatos de Uribe

El año 2008 demanda del régimen menos espectáculos mediáticos y más compromisos en diferentes temas de la agenda nacional. Deslinde con el proyecto paramilitar y mejoras sustanciales en la situación de Derechos Humanos. En lo primero, cada día se evidencia más la relación paramilitar con el proyecto Uribe. En lo segundo, las cosas pasan de Castaño a camuflado oscuro.

| Bogotá (Colombia)
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Si el primer gobierno de Uribe Vélez se caracterizó por un modelo de represión basado en detenciones masivas y arbitrarias, el segundo devela, según lo observado por organismos defensores de los derechos humanos, un cambio en la táctica, pasando de la privación de la libertad a la eliminación de la vida.

Detrás de las cifras se evidencia una serie de características comunes. El cambio del modelo de represión, la reingeniería paramilitar y el conductismo contrainsurgente.

La muerte: el modelo de represión del segundo mandato de Uribe

Si bien es cierta una notable reducción de los homicidios en el territorio nacional desde 2002, la situación de 2007 cambia en cuanto a los asesinatos atribuibles al Estado.

Mientras los homicidios proyectados en el territorio nacional descendieron en un 4,75 por ciento en 2007 respecto a 2006, las ejecuciones extrajudiciales proyectadas crecieron en un 74,19 en el mismo período. En este mismo sentido, en 2006 el 1,62 por ciento de las personas asesinadas en Colombia aparece como atribuible a miembros del Estado; en 2007, esta cifra ascendería al 2,96 por ciento, es decir, con un crecimiento del 82,72 por ciento. El Cinep reconoce que las cifras sobre ejecuciones son subregistros, dada las imposibilidades de acceder a todos los casos, siendo en el mejor de ellos una décima parte de lo real.

Las cifras, esencialmente frías, hablan por sí solas en este caso, pues tienen rostro: 486 colombianos y colombianas, hijos, padres, tíos; campesinos, obreros, estudiantes; niños, adolescentes, adultos; indígenas, blancos, negros; paisas, rolos, costeños, pastusos, llaneros, hombres, mujeres que fueron asesinados por el Estado colombiano.

La mayor parte de esas muertes se presentó en el área de acción del Plan Victoria, fase III del denominado Plan Patriota y componente militar del Plan Colombia, financiado, entre otros, por Estados Unidos.

Las víctimas que estuvieron por fuera de las áreas de incidencia del Plan Victoria presentan ciertas características comunes. Por un lado, son personas de sectores marginados y que en muchos casos subsistían del rebusque, quienes fueron sacados de sus lugares de habitación y llevados a parajes apartados para ser ejecutados, caso común en el área metropolitana de Medellín, donde algunas de las víctimas fueron llevadas al oriente antioqueño y allí asesinadas. La reingeniería paramilitar

Mientras el gobierno dice que en Colombia ya no hay paramilitarismo, las evidencias desmienten tal afirmación con creces. En todos los departamentos existen grupos paramilitares, entre los más comunes las Águilas Negras, Renacer, Nueva Generación. En igual forma, existen algunas fracciones de las AUC y frentes como el Cacique Pipintá, que actúa principalmente en el departamento de Caldas y cuyos miembros en los últimos meses del año actuaron bajo la etiqueta de Águilas Negras. Como señalarían algunos, los paramilitares hacen ya parte del paisaje urbano en ciudades como Montería, Valledupar, Medellín, Puerto Asís, entre otras, y su presencia es inocultable. Hacen parte de la realidad política, económica, social, religiosa y militar de Colombia. Pueden dirimir un conflicto familiar o asesinar a 100 mil personas, comercializar sustancias psicoactivas o asesinar a un adicto, hacer una fiesta popular o declarar toques de queda, garantizarles el retorno a 20.000 desarraigados o desplazar a cuatro millones de colombianos, o repartir 2.000 hectáreas de tierra o robar cuatro millones y medio.

A pesar de la multiplicidad de su portafolio de servicios, todo indica que el modelo paramilitar hoy vigente es mixto. Por una parte, un sector de los mismos está bajo el control de las brigadas (Modelo contrainsurgente); otros han logrado superar su rol operativo, son transversales al Estado y controlan ciertas brigadas (Modelo de paraestado); los últimos trabajan en coordinación con el Estado pero también pueden realizar actividades autónomas, y así están iniciando un proceso de consolidación nacional. A diferencia de las AUC, aún no presentan un comando central y al parecer su interés es netamente económico (Modelo contratista). Según lo anterior, hay tres modelos que operan simultáneamente en el territorio nacional, en disputa por el control de los narcóticos.

En regiones como Urabá, Córdoba, Catatumbo, sur de Bolívar, Putumayo y Nariño, los paramilitares de las AUC se enfrentan a las Águilas Negras. En Buenaventura, las tres vertientes libran una guerra a muerte, disfrazada por el gobierno nacional como hechos de la insurgencia, y, aunque no es descartable tal responsabilidad en algunos casos, la mayoría de los mismos es fruto de esta confrontación.

Este nuevo escenario paramilitar potencia un alto nivel de reclutamiento e instrucción militar en escuelas destinadas para tal fin. El 14 de febrero de 2007, siete jóvenes de barrios populares de Barranquilla fueron contactados por un desmovilizado de las AUC que les propuso trabajar en una finca de la región. Encontrándose los jóvenes sin empleo y en condiciones económicas muy difíciles, aceptaron el ofrecimiento; sin embargo, sus necesidades y su esperanza llevarían a la muerte a tres de ellos. Fueron conducidos a una escuela paramilitar de la Brigada 11 en Sahagún (Córdoba), donde, al negarse a pertenecer a ese grupo, fueron ejecutados y presentados por la Brigada como guerrilleros dados de baja en combate. Sus cuerpos tenían claras muestras de tortura.

Otra expresión del auge paramilitar se observa en la recurrente fórmula de mutilar cuerpos y dejarlos en sitios públicos en bolsas negras, como sucede en varias ciudades. En Pereira fueron halladas cuatro personas con estas características, en Medellín siete, en Bogotá seis y en Cali cinco, por citar sólo algunos casos.

Conductismo contrainsurgente

Según se ha podido constatar en manuales de contrainsurgencia y expedientes de militares que han incurrido en violación de los derechos humanos, tales principios no se encaminan a respetar la población civil sino a “matar guerrilleros”. Este problema presenta tres aristas básicas. La primera, los manuales de contrainsurgencia ponen como objetivo a la población civil; la segunda, la excesiva presión que padecen los militares para que muestren resultados; la tercera, el deseo de ascender en el orden de mando. Tales hechos dan como resultado que integrantes de la fuerza pública realicen violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, entre ellos el asesinato de civiles protegidos.

Es de anotar que la práctica de falsos positivos es recurrente y no obedece a una lógica exclusiva del actual gobierno. Sin embargo, las estadísticas muestran un quiebre y con ello un determinante en el cambio del modelo de represión. Tales hechos quedan de presente en la investigación realizada por diferentes organizaciones de Derechos Humanos pertenecientes a la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos de Derechos Humanos. Se analizan allí las ejecuciones extrajudiciales realizadas en el período correspondiente al actual gobierno y en especial el informe presentado por el Cinep en octubre de 2007. En él se hace responsable, de julio de 2006 a junio de 2007, a la fuerza pública en cerca de 190 falsos positivos que llevaron a la muerte a más de 216 compatriotas. Tal publicación reconoce subregistro debido a múltiples situaciones, con lo cual el panorama es más desalentador que el presentado.

Así lo demuestra el asesinato de dos habitantes del barrio Charco Azul, Distrito de Aguablanca, en Cali. En la noche del 2 de mayo de 2007, los dos hombres fueron invitados por un vecino a una fiesta, pero su destino sería otro, un paraje deshabitado del barrio Desepaz donde serían asesinados. Según se pudo establecer, esa práctica es recurrente en la ciudad. Miembros de la Red de Cooperantes de la Brigada número 3 llevan personas a parajes desérticos y allí son acribillados por integrantes de esta guarnición militar para luego mostrarlos como guerrilleros dados de baja.

Un panorama sombrío, de maniobras políticas y reingeniería contrainsurgente que demanda, de quienes habitan Colombia, romper el silencio y demandar respeto de los derechos humanos, además del cese del conflicto y la solución política al mismo.

Desde Abajo

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