La política de desmovilización paramilitar que impulsa el gobierno del presidente Uribe Vélez representa un fuerte viraje respecto de los modelos contrainsurgentes utilizados en las últimas décadas, tanto por los Estados Unidos como por la elite dominante en Colombia.

Los cambios en las doctrinas y estrategias militares no son casuales, los induce tanto la globalización como la transformación tecnológica y empresarial que presenciamos al finalizar el siglo XX e iniciar el XXI.

Max Bott, la celebridad académica de la derecha americana en asuntos militares, está proponiendo, desde la perspectiva histórica, antropológica y cultural, amplias reformas en las concepciones y la organización de las fuerzas armadas norteamericanas. Su objetivo: superar la ineficacia y el burocratismo, mediante la recuperación del modelo militar colonial británico, tan exitoso durante los siglos XIX y XX.

Se trata de brindar prioridad a la infantería porque sabe que las guerras se siguen decidiendo en la batalla cuerpo a cuerpo, con la maniobra (menos con la operación aerotransportada), con tropas especiales, con el uso intenso de las nuevas tecnologías de la comunicación, con articulación cultural a las poblaciones nativas y con métodos no ortodoxos, por la creciente emergencia de la asimetría en el combate, como lo muestra la resistencia árabe en la guerra de Iraq y Afganistán.

Las reformas militares también tocan el ámbito contrainsurgente. Ya no es la Guerra de Baja Intensidad sino el Conflicto Ético o la Guerra Moral, como una variante de la Guerra de Cuarta Generación. El Conflicto Ético replantea la función, por ejemplo, de los paramilitares, demandando su incorporación a las fuerzas policíacas, tal como viene ocurriendo. También su ingreso a la política legal, a pesar de los traumatismos que provoca por sus bruscas maneras y la excentricidad de su retórica. La nueva etapa implica una fuerte paramilitarización del Estado y de la política de los grupos dominantes en la sociedad.

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La acción militar que se ejecuta se inspira en la amplia experiencia del Ejército estadounidense. Recientemente el pensamiento y la academia militar americana sistematizó “las mejores prácticas comunes” de las operaciones de contrainsurgencia exitosas en las guerras de insurgencia del siglo XX, incorporandolas en desarrollo de sus nuevas doctrinas militares.

El Conflicto Ético considera que en la Guerra de Cuarta Generación se ha de luchar desde un alto terreno moral, que implica la combinación de ideas y fuerzas estratégicas, operativas y tácticas para lograr un elevado terreno moral en la lucha contrainsurgente. El gobierno de Uribe Vélez es pionero en la implementación de esta novedad estratégica, con el respaldo del gobierno de George W. Bush, a través del Plan Colombia.

El “Conflicto Ético” es la esencia de la llamada Seguridad Democrática

Kalev I. Seep, profesor asistente de Análisis del Departamento de Defensa, Escuela de Postgrado Naval de Monterrey, California, destaca en un reciente trabajo que el Presidente de Colombia siguió un curso en el que “el enfoque de todos los planes civiles y militares así como de las operaciones debe ser el centro de gravedad en cualquier conflicto. La población del país y su fidelidad y apoyo a su gobierno; ganar los corazones y las mentes debe ser el objetivo de los esfuerzos del gobierno. Dado que éste es un objetivo político debe ser dirigido por los lideres del país”. [1]

Segun Kalev I. Seep, el Conflicto Ético como acción en la actual guerra contraguerrillera colombiana, debe incorporar prácticas contrainsurgentes exitosas como las siguientes: i) el énfasis en la inteligencia apoyada con redes de informantes; ii) el enfoque en la población, sus necesidades y seguridad; iii) asegurar las áreas establecidas y expandidas; iv) autoridad singular de un líder carismático y dinámico; v) campañas de operaciones sicológicas, eficaces y penetrantes; vi) amnistía y rehabilitación para los insurgentes; vii) la policía en frente, apoyada por los militares; viii) la fuerza policíaca expandida y diversificada; ix) fuerzas militares convencionales reorientadas para la lucha contra la guerrilla; x) fuerzas especiales como asesoras dentro de las fuerzas nativas; y xi) negar refugios en otros países a los insurgentes.

Obviamente Kalev, descarta aquellas prácticas sin éxito como: i) la primacía de la dirección militar en la contrainsurgencia; ii) la prioridad de “matar o capturar” el enemigo y no colaborar con la población; iii) las operaciones dirigidas por batallones como la norma; iv) las unidades militares concentrándose en grandes bases para su protección, como los batallones de alta montaña; v) las fuerzas especiales enfocándose en incursiones; vi) los esfuerzos en asignar personal de asesores es una prioridad inferior; vii) formar, entrenar el ejército nativo a imagen y semejanza del ejercito de USA; y viii) fronteras, costas marítimas y espacios aéreos abiertos.

Con esta sistematización, los estrategas militares gringos proponen un modelo de Conflicto Ético contrainsurgente con siete ejes, a saber:

  1. Fortalecimiento de la autoridad Ejecutiva (del Presidente) porque las condiciones de emergencia dictan que un gobierno necesita un Ejecutivo con poder firme para dirigir y coordinar los esfuerzos contra los guerrilleros. La división de poderes del Estado, si bien es apropiada y necesaria durante tiempos de paz, presenta vulnerabilidades durante la guerra, creando brechas en la coordinación que los insurgentes pueden llegar a explotar.
  2. Los Derechos Humanos. La seguridad de la población debe ser garantizada como necesidad básica, junto con la comida, agua, refugio, salud pública y un medio para subsistir.
  3. El restablecimiento del orden público. Las operaciones de inteligencia que ayudan a detectar los insurgentes terroristas para realizar el arresto y procesamiento, son las prácticas más importantes para proteger una población de las amenazas en contra de su seguridad y bienestar.
  4. Control de la población. Los insurgentes dependen de la población en cuanto al encubrimiento, combustibles, y reclutamiento, siendo necesario por tanto aislarlos de la población común, empleando todos los medios posibles.
  5. Proceso político. Fomentar la participación mediante el voto en las elecciones locales y nacionales. Convencer a los insurgentes que pueden así lograr mejores metas personales y evitar el riesgo del encarcelamiento o la muerte.
  6. Guerra contra la insurgencia. Las fuerzas militares y equipos de asesores aliados, organizados para apoyar a las fuerzas policíacas y luchar en contra de los insurgentes, pueden reforzar la seguridad hasta que las fuerzas de seguridad nativas sean capaces de desempeñar estas tareas sin el apoyo aliado. Y,
  7. Asegurar las fronteras. El cruce de fronteras debe restringirse para negar a los terroristas insurgentes un refugio y para mantener la soberanía nacional.

[1] Sep, Kalev I. Las mejores prácticas para combatir la insurgencia; Military Review, septiembre-octubre 2005, pág. 2-7.