En ningún rincón de Colombia una ley significa mucho para los grupos al margen de la ley, ni para los de camuflado ni para los de cuello blanco. Por eso tenemos tantas y las hacemos con tanta facilidad. Y por eso estamos en guerra.

Un documento del Grupo de Estudio de Gobierno y Asuntos Internos de la Dirección de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación (DNP) confirma esa impresión de muchos conciudadanos respecto a nuestra ineficiencia jurídica cuando analiza los retos de la desmovilización y reincorporación de los grupos armados al margen de la ley. Según el DNP las premisas del arreglo institucional son dos: (a) que las entidades encargadas de organizar los procesos tengan la misma importancia y (b) que estén muy bien coordinadas entre sí. Después de tres años de práctica el DNP verifica cómo ambas premisas fallan porque la importancia de las oficinas varía por personalismos, (el presidencialismo tradicional con sus filias y fobias) y porque la coordinación entre las entidades públicas ha sido tradicionalmente deficitaria (los presidentes fílicos y fóbicos no logran tejerla).

Además, la inercia del Estado, las características de los beneficiarios y la improvisación normal en estos programas obstaculizan, a juicio del DNP, la circulación oportuna de la información adecuada. Esta falla es gravísima porque toda la ejecución de la ley depende de los mecanismos de información de que dispongan los tribunales y las víctimas con objeto de que la investigación llegue a buen puerto y se logre fundamentar algún tipo de sanción. Pero, por si fuera poco, a dicha falla se añade que los plazos mínimos para los procedimientos varían entre uno y seis meses: seis para la investigación previa a la audiencia, uno para la subsiguiente. A quien conozca la capacidad investigadora del sistema colombiano le queda claro que tales plazos significan pensar con el deseo.

El Estado, prosigue el DNP, no tiene herramientas para saber si la población desmovilizada se reincorpora de veras a la vida social. Por lo mismo, no sabe si las condiciones de la política se están cumpliendo. Por otro lado, si en Bogotá y Medellín los programas están siendo desarrollados por los gobiernos locales, en los municipios pequeños la cosa no es así. Es la famosa ausencia de Estado de que hablan los politólogos espontáneos. Pero que, en efecto, más que una ausencia corresponde a una presencia ocasional y a una ignorancia afectada que se remedia de forma automática en los momentos de la repartición del presupuesto nacional, porque esas regiones apartadas son el botín soñado por todos los burócratas piratas.

La duda sobre la reparación es, pues, más que justificada. Porque la condición recomendada por el DNP de “generar espacios para la reconciliación” no es tan simple si se tiene en cuenta que el paramilitarismo no ha sido desmontado.

Generar espacios de reconciliación es la única medida de veras eficaz, pero no es la más fácil. A esta deberían dedicarse los mayores y mejores esfuerzos de todos. La ley regula la participación de las víctimas en la definición de la indemnización y restitución. Pero no regula ni la buena voluntad de los reos en confesar, ni la buena fe de los mismos en declarar sus robos, ni la capacidad del Estado para mejorar esa fe y esa voluntad. Tampoco regula la capacidad del Estado para proteger a las víctimas en el caso de que logren obtener las condenas necesarias para proceder a la restitución. Seguimos, como lo saben hasta los niños de escuela, en una situación de hecho y de ejercicio actual de la fuerza. Mucho menos puede el Estado garantizar la investigación de los testaferros, contra quienes la ley se previene, pero sin mejorar los sistemas para encontrarlos y vencerlos en juicio.

Sería entonces, mucho más eficaz, como sugiere el DNP, así no sea tan rápido, que todos colaboráramos más bien a entablar los procesos de entendimiento y negociación entre víctimas y verdugos, ya que al fin y al cabo las víctimas somos todos. Porque el problema no es tanto de voluntad política sino de buena voluntad. Fuerza es lo que ha sobrado, ahora lo que falta es negociación cultural, dado que el núcleo más resistente es el afectivo.

La indemnización y restitución está supeditada, por la ley, a la determinación de responsabilidad en la sentencia condenatoria. Pero esta, viene en últimas a depender de la autoacusación, ya que como se dijo, los plazos máximos para investigar garantizan la imposibilidad de hacerlo en Colombia hoy. Y esperar que los victimarios, que a su vez se creen víctimas, confiesen, es pedir demasiadas virtudes a unos actores que tienen otro sistema de valores. A las gentes hay que creerles lo que dicen...

Alejandro Angulo S.J