Red Voltaire
Criminalización de la protesta en Salta

¿Salta "la linda"? Salta "la otra"

Una provincia comandada por un gobernador fascista y un pueblo que hace años resiste el saqueo económico y cultural. En esta crónica la realidad del norte del país.

| Buenos Aires (Argentina)
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El martes 24 de enero de 2006, miembros de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi (UTD) se acercaron al Hotel Pórtico Norte, situado sobre la ruta nacional 34 en la localidad de Tartagal, para mantener una audiencia previamente pactada con el vicegobernador de la provincia, Walter Wayar. El objetivo era presentarle un proyecto para construir un puente alternativo al caído sobre el río Seco un mes antes, aportando como mano de obra a los desocupados de la UTD.

Mientras los delegados esperaban ingresar a la reunión, arribaron al lugar, en forma sorpresiva, efectivos de infantería de la policía de Salta. En ese momento se desató una represión con gases lacrimógenos y balas de goma. La policía secuestró los vehículos en los que se habían desplazado hasta allí los desocupados, al tiempo que iniciaba una feroz persecución a través de la ruta, poniendo en peligro la integridad física de las personas que circulaban por la misma, así también como la de aquellos que habitan en la zona. El saldo fue de 26 detenidos y varios heridos, entre ellos Juan Carlos “Gipi” Fernández, referente de la UTD, quien recibió 15 impactos de bala de goma a corta distancia y una golpiza al ser detenido dentro del móvil policial.

Entre los detenidos nos encontrábamos quienes escribimos estas líneas, estudiantes de Buenos Aires que estábamos realizando una investigación en General Mosconi y acompañábamos a la UTD. Al igual que el resto de los detenidos, nos dejaron incomunicados y en ningún momento se labró una lista oficial de detenidos ni se informó en qué comisaría fuimos alojados. Ignacio Sabbatella fue golpeado en la frente al ser subido al patrullero y a Carolina Meijome Torres, que había sufrido un esguince en su tobillo derecho, le fue negada asistencia médica. La mitad de los detenidos fuimos liberados 24 horas más tarde y la otra mitad luego de 48 horas. A todos se nos abrió una causa por “lesiones, daños y amenazas”.

En declaraciones mediáticas, tanto el vicegobernador como el Secretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Ferraris, hicieron referencia a nuestra persona como “activistas infiltrados” y “agitadores” de Buenos Aires buscando deslegitimar al grupo de desocupados. Es importante precisar que nuestro arresto se produce en momentos en que estábamos sentados a un costado de la ruta y sin presentar resistencia alguna.

Este característico proceder no se limita a las declaraciones de estos funcionarios sino que en la página web del Gobierno de Salta fueron publicadas fotos nuestras de medio cuerpo tomadas en la comisaría caracterizándonos como “personas con ideología de extrema izquierda, que adoctrinan a adherentes a los reclamos piqueteros, en formas de organización y movilización a fin de que ejerciten la violencia en manifestaciones públicas buscando el impacto social y la respuesta inmediata a sus demandas” (sic).

Más de una década de abandono y represión

La caída del puente vino a agravar una problemática histórica en la zona. En el Departamento de General San Martín, YPF había representado trabajo, bienestar, salud y educación para tres generaciones. Su privatización en 1991–1992 produjo una catástrofe social en esta región riquísima en yacimientos petrolíferos y gasíferos. En solo cinco años, la mitad de la población activa se encontraba desocupada mientras que todas las redes de integración social sostenidas por YPF habían sido desarticuladas y desmanteladas. A partir del retiro del Estado, los problemas en educación, salud y obras públicas así también como la escasez de servicios vitales, agua y gas, comenzaron a pintar el triste panorama de esta zona. Por si esto fuera poco, la ausencia de controles fomentó una progresiva contaminación ambiental producto de la salvaje explotación de los recursos naturales que llevaba adelante el capital privado. Desde 1997, el departamento de General San Martín refleja un deterioro abrupto en la calidad de vida de su población a medida que las empresas transnacionales se llevan inmensas ganancias mediante el saqueo de sus riquezas, mientras que las regalías petrolíferas son desigualmente distribuidas a favor de la capital provincial.

En este contexto se producen los cortes y las grandes puebladas de fines de la década pasada y de estas experiencias surgen movimientos desocupados como la UTD de General Mosconi.

Ante sus demandas y propuestas, la respuesta estatal no ha sido otra que la represión sistemática, persecución, tortura y hostigamiento. Por esto, lo sucedido el 24 de enero no es un hecho aislado sino que es la continuidad de una política de Estado por parte del gobierno provincial que busca criminalizar la protesta social. Basta recordar los asesinatos todavía impunes de Orlando Justiniano y Alejandro Gómez el 9 de mayo del 2000 y el de Aníbal Verón el 10 de noviembre del mismo año; Omar Barrios y Carlos Santillán el 17 de junio del 2001, más de doscientos heridos de bala y el procesamiento de cientos de luchadores sociales desde 1997 hasta la fecha.

“Aquí Salta, La Otra” rezaban los carteles en las sucesivas marchas multitudinarias que se brindaron en Tartagal durante el mes de enero. Una realidad que se refleja en expresiones irónicas pero que queda plasmada en la vitalidad de esa “Salta, La Linda”, a costa del deterioro de vida de la región norte de la provincia.

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