La primera víctima del TLC

Sin haberse formalizado aún la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) de Colombia con Estados Unidos, ya se empiezan a sentir sus estragos. El retiro de Venezuela de la CAN y las fuertes protestas de Bolivia por las concesiones colombianas y peruanas al país del norte, que en su concepto “está(n) destrozando este acuerdo de integración”[1], dan cuenta de la peor crisis dela Comunidad Andina en sus 37 años de historia. ¿Son fundados los reclamos que se hacen a los gobiernos firmantes del TLC sobre el rompimiento de los acuerdos comunitarios y la liquidación de la CAN? ¿Es válido invocar selectivamente el principio de soberanía nacional para desconocer los compromisos con los países andinos, pero considerarlo obsoleto frente a Estados Unidos?

Conductas disolventes previas

Lo primero que conviene precisar es que esta crisis de la CAN no surgió de súbito. El desenlace de unas negociaciones bilaterales de libre comercio de Colombia, Perú y Ecuador con el gigante norteamericano difícilmente podía ser otro. Colombia puso la pauta. Desde muy temprano, el gobierno de Álvaro Uribe y sus asesores desestimaron a la CAN como instrumento de negociación de un tratado más equilibrado con Estados Unidos. Cuando se iniciaron las negociaciones del Alca en el tema agrícola, a comienzos del 2003, el Presidente desautorizó a su ministro del ramo, Carlos Gustavo Cano, quien arduamente había logrado una posición común de los andinos sobre los aranceles respectivos. Con ello Colombia infligió un certero golpe a la unidad y credibilidad de la CAN ante Estados Unidos.

No era su primera muestra de desdén por la disciplina comunitaria. Ya en el 2002, la administración Uribe Vélez había expedido el decreto 2085, que contraviene las normas andinas sobre los derechos de propiedad intelectual y va más allá de lo reconocido por la OMC sobre patentes. Por este conducto, otorgó cinco años de exclusividad adicional a los productos de las farmacéuticas norteamericanas mediante el mecanismo de “protección de los datos de prueba”. Ni los compromisos adquiridos en la CAN ni las protestas de los laboratorios nacionales o las conclusiones adversas del estudio de Fedesarrollo fueron tenidos en cuenta en el afán por satisfacer esta condición exigida por Washington para la renovación de las preferencias comerciales (Atpdea), supuestamente establecidas por Estados Unidos como compensación a los países andinos por su colaboración en la lucha antinarcóticos.

Luego vinieron para la Casa Blanca los fracasos de la reunión de la OMC en Cancún, en septiembre de 2003, así como de las posteriores cumbres hemisféricas en Miami, Puebla y Monterrey, convocadas para impulsar el Alca. A raíz de estos reveses se registra un viraje del Departamento de Comercio estadounidense (Ustr) hacia los tratados bilaterales: se agiliza la firma del TLC con Chile y se inicia la negociación de uno similar con Centroamérica. Todo indica que estos tratados se revalorizaron para Estados Unidos como un medio eficaz para sortear el estancamiento de las negociaciones multilaterales sin variar sus objetivos. La relación bilateral, en extremo asimétrica, se convirtió en la vía alterna para eludir la oposición unificada de Brasil, el Mercosur y Venezuela, países que se habían rehusado a aceptar la aspiración estadounidense de obtener en el Alca mayores ventajas sin las concesiones recíprocas de desmontar sus subsidios agrícolas y modificar su legislación proteccionista.

De la astucia a la claudicación

El gobierno de Colombia se apresuró entonces a dar la espalda a sus vecinos suramericanos y pedir a Washington un TLC bilateral, anunciado en marzo de 2004 en curiosa sincronización con Perú y Ecuador. A través de la Decisión 598 de ese año, los gobiernos de estos países consiguieron que la CAN diera luz verde a sus ambiciones extracomunitarias bajo ciertas condiciones mínimas. Estas condiciones establecían: “resguardar los valores, principios y ventajas de la integración andina”, “tener en cuenta las sensibilidades comerciales de los otros socios andinos” y mantener con ellos “un apropiado intercambio de información y consultas”[2], entre otras.

El proceso de negociación del TLC tomó casi dos años y culminó en una sustancial adhesión por parte de Colombia y Perú a los textos presentados en la reunión inicial por los negociadores norteamericanos. Con el pretexto de la “confidencialidad”, durante las rondas de discusiones los altos funcionarios del gobierno colombiano procuraron ocultar a la opinión pública los aspectos menos presentables de las desmesuradas pretensiones norteamericanas y las concesiones locales más onerosas. Además de la legalización de una competencia desleal para la industria local con la importaciones de usados y “remanufacturados”, entre las capitulaciones más lesivas figura el desmonte de las franjas de precios andinas y la entrega de los intereses de los productores nacionales en el agro. En palabras del presidente de la SAC, Rafael Mejía,

…no se obtuvo ninguno de los instrumentos propuestos por el sector privado y ofrecidos por el Gobierno para contrarrestar las distorsiones por ayudas internas otorgadas a los productores de E.U., las concesiones en bienes sensibles fueron más allá de lo previsto […] se aceptaron exclusiones a los Estados Unidos en el caso del azúcar y en las compras estatales en agricultura, sin que el país hubiese obtenido nada a cambio[3].

Al mismo tiempo, las consultas con los socios andinos acordadas en la CAN se cambiaron por un modesto esfuerzo de coordinación entre los países comprometidos en la negociación, dejando de lado a los que no participaron. Como resultado, no se tuvieron en cuenta las sensibilidades de estos últimos, por ejemplo, el daño infligido a las exportaciones de soya de Bolivia[4]. Tampoco se intentó preservar los principios y ventajas de la integración andina, entre ellas el dinámico comercio interandino. Por el contrario, la desgravación total pactada en el TLC y la renuncia a salvaguardias efectivas para impedir la inundación de productos estadounidenses -muchos de ellos subsidiados- invalidó el Arancel Externo Común (AEC) andino, pieza clave de la unión aduanera.

No sorprende por tanto que, tras ser marginado de la definición de asuntos decisivos para el futuro del mercado andino, el gobierno de Venezuela buscara un mayor acercamiento al Mercosur (al igual que su colega boliviano) y perdiera su interés en la CAN. Un elemental sentido de supervivencia explica los movimientos de dicho gobierno tendientes a superar un peligroso aislamiento regional. En julio de 2005 Venezuela ingresa a Mercado Común del Cono Sur como miembro asociado y a principios del 2006 anuncia su decisión de vincularse como miembro pleno.

Los costos del oportunismo anexionista

A la perforación del AEC andino se suma la aceptación en el TLC de medidas incompatibles con la normativa de la Comunidad Andina en asuntos de propiedad intelectual. Colombia fue condenada en reciente fallo del Tribunal Andino de Justicia, que declaró sin piso legal el decreto 2085 sobre protección de los datos de prueba, pero mediante una maniobra excluyente[5] consiguió que la CAN modificara su criterio en este aspecto para acomodarse a lo negociado en el TLC. Tal decisión se adoptó contra la opinión de Bolivia y Venezuela. Esta fue posiblemente la gota que rebosó la copa y precipitó el retiro de este último país.

Poca duda cabe que el retiro de Venezuela puede ser el golpe de gracia para la CAN. En los últimos 12 años la economía venezolana originó el 63% de las compras y el 51% de las ventas intrarregionales[6]. En todo caso, no se puede disimular su impacto negativo sobre la producción de Colombia, la principal damnificada. Las exportaciones colombianas a ese mercado sumaron el año pasado 2.100 millones de dólares, el 90% en productos no tradicionales y el 87% en bienes industriales, según el Banco de la República. Estos bienes se caracterizan por incorporar mayor grado de tecnología y un alto valor agregado. Pero al eliminarse la protección arancelaria andina en el mercado venezolano no podrán competir con la oferta de fabricantes más eficientes del Mercosur, Asia, Europa y Estados Unidos. Y tampoco podrán desviarse al mercado estadounidense, cuyas compras se centran en unos pocos productos primarios como petróleo y sus derivados, carbón, café, banano y flores. Colombia perderá así el principal mercado para sus productos de mayor valor agregado y contenido tecnológico, y el que más ha favorecido nuestra diversificación exportadora.

Todas las proyecciones, incluyendo las de Planeación Nacional y el Banco de la República, indican que el TLC le traerá a Colombia un cuantioso déficit comercial con Estados Unidos debido a un aumento mayor de las importaciones en comparación con las exportaciones. Si el superávit comercial con Venezuela se reduce o desaparece, no habrá ese “colchón” de hoy para mitigar el desequilibrio que se generará en la balanza de pagos y vendrá un nuevo ajuste recesivo de la economía, similar al de 1999. La atracción de capital extranjero, en la que los partidarios del TLC fincan todas sus esperanzas, no sólo es incierta sino que la tendencia observada en los flujos de capital muestra un contenido cada vez mayor de inversiones de cartera, estériles y en exceso volátiles como lo muestra la fuga masiva de divisas de los últimos días. Los perjuicios económicos que la avalancha de importaciones prevista ocasionará a la producción nacional y al empleo contribuirán a reforzar el comportamiento procíclico de los capitales “golondrina” y frenarán los eventuales proyectos de inversión directa.

Este es uno de los escenarios más probables en el que desembocará la “audaz” política comercial del actual gobierno. ¿Es posible uno peor?