Red Voltaire
El impune poder económico y político de Ecuador ha ganado una batalla pero no la guerra.

Ecuador: se impone el «Gran Banco del Afiliado»

No debe quedar la menor duda; ni siquiera para la ingenuidad, peor para la disculpa.

El poder real (banqueros, políticos, empresarios, comisionistas y más) acaban de dar una nueva y contundente demostración de que no están dispuestos a ceder un ápice, en temas que tengan algo que ver con la supresión de privilegios y/o la disminución de utilidades.

| Quito (Ecuador)
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La Asociación de Bancos Privados del Ecuador y la Red de Instituciones Financieras (esta, con algunas salvedades) nos han vuelto a demostrar que siguen mandando en el país, a pesar de la doble derrota que sufrieron en las urnas sus clásicos representantes políticos: los partidos de la centro-derecha y del oportunismo electoral ecuatoriano.

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Y han demostrado también que, a pesar del vuelco que se dio al interior del Congreso Nacional a raíz de la destitución de los 57 congresistas que ya no son; y de la constitución del pomposamente llamado "bloque de la dignidad" (sobreros, llaman en el ambiente taurino a estos bichos) pues sigue funcionando a la perfección ese "atractivo fatal" que tiene el feo nombre de coima (compra-venta de conciencias, la "gordita horrorosa" de la gruesa cartera, etc.) sobre corazones "sensibles y desprejuiciados"

¿Qué sucedió?

El Presidente de la República dio su versión radial el sábado 7 de julio/2007; y lo hizo con nombres y apellidos. El lunes 9, los abogados de la presidencia presentaron en la Fiscalía General la acusación respectiva, fundamentada en documentos y grabaciones, a fin de que se inicie la indagación penal correspondiente.

El vuelco que le dieron los «dignos» al congreso de mayoría partidista y obstruccionista, según claros indicios, no ha sido ni muy digno ni muy patriótico. Pudo haber estado incentivado, esa fría madrugada de marzo, por un espíritu cívico de reivindicación del desprestigiado parlamento, de manera especial por lo que habían estado haciendo sus 57 antecesores destituidos; y la muy grata así como inesperada oportunidad de principalizarse, por casi 4 años, cuando en concreto solo podían aspirar a reemplazar a sus principales, un par de semanitas, cuando más. Y también debió fortalecer esta opción, la posibilidad cierta de que pasen a ser los "diputados mimados" del Gobierno, ya que la larga tradición parlamentaria así "ha obligado" a los gobiernos de turno. Solo baste recordar que Oswaldo Hurtado Larrea "tuvo que entregar" las aduanas al diputado Gary Esparza Fabiani (1982) para poder "controlar" lo que eufemísticamente se llamaba la «Cámara de Representantes» (Si Estados Unidos tiene una; ¿por qué el Ecuador no?)

El problema de los alcohólicos es que prueban una copa y no paran hasta el hartazgo. Los «dignos» (no todos, desde luego) debieron advertir que, una vez asentada su principalización, tenían que sacarle el mejor provecho a su nueva situación de "políticos importantes", mediante las cuotas de poder que podía "asignarles" el Gobierno Correa, amén de otras opciones (gestionar contratos, nombramientos, representaciones, etc.) Es decir, más de lo mismo de lo que siempre se ha hecho. Pero no contaban (o no creían) que Rafael Correa Delgado no era "un presidente más" sino alguien que está dispuesto a jugarse por cambios sustantivos y por superar la vieja y corrompida política nacional.

Entre esas pústulas está precisamente la de no repetir el ya casi folklórico cambio de camisetas.

Para presionar y para impresionar, la "nueva mayoría" (que dio paso a la consulta popular de abril 15/2007 y al contundente 82% del SI frente a un anémico 11% por el NO) como que comenzó a culipandear.

Varios síntomas así lo delataron: la inesperada desaprobación de la Península de Santa Elena como la Provincia 23, luego de "enjundiosa" visita del Prefecto Nicolás Lapentti; la negación rotunda a que se debata siquiera la ley que penalizaba el contrabando d gas y gasolinas. Pero se descubrió de cuerpo entero a raíz del juicio político contra el Superintendente de Bancos (Alfredo Vergara) y la discusión y trámite del proyecto de Ley de Justicia Financiera, enviada por el Ejecutivo, con el carácter de urgente.

Dos "contenciosos político-económicos" muy relacionados entre sí y muy significativos, respecto de un control mínimo del accionar de la banca privada, y un tope a sus prebendas y sus arbitrariedades.

El Congreso, con el voto de los «dignos», aprobó unas reformas (las más tibias) pero negó otras (las más trascendentes).

Y negó la censura y destitución del Superintendente Vergara porque ¡oh coincidencia! no estuvieron para votar 5 «dignos»

Y cuando el Presidente Correa vetó parcialmente lo aprobado por el congreso e insistió en sus reformas originales, 11 diputados «dignos» más legisladores de tiendas políticas de la llamada "partidocracia" se dieron modos para sumar los 67 votos que necesitaban para insistir en sus textos; textos que dejaban intacta la política actual y de ausencia de control de los bancos (de acuerdo a normas constitucionales, cuando el veto es parcial, el congreso tiene dos opciones: allanarse al veto, con por lo menos 51 votos (la mitad más uno) o insistir en sus textos, pero con 67 votos (las dos terceras partes) por lo menos)

Y es en este momento en que comienzan a ordenarse las piezas de este rompecabezas político. Buena parte de los «dignos» empiezan a hablar que ellos no se deben a nadie, que son libres de actuar como mejor les parezca, que no son comensales del Palacio de Gobierno. S

imultáneamente, los bancos habían desatado, a través de prensa, radio y televisión, una costosísima "campaña del terror" por si se aprobaban las reformas propuestas por Correa.

Según los banqueros y sus testaferros, algo parecido al Apocalipsis económico podía ocurrir si aprobaban esas reformas. Sin colorearse, advertían que estaban en riesgo los depósitos de cientos de miles de cuenta habientes si se aprobaba el texto del Ejecutivo; que iban a cerrarse las operaciones para la clase media y baja; que iban a quebrar los bancos y las instituciones financieras.

Todo eso y muchas desgracias colectivas más, solo por haber pretendido cortarles a estos organismos sus excesivas utilidades (solo por el 2006, declararon utilidades de más de 260 millones de dólares) sus "comisiones" y "costos de servicios" y por tratar de obligarles a que tengan en el país sus reservas líquidas (que las tienen en el exterior, en un volumen acumulado de más de 3 mil millones de dólares) y que diversifiquen sus créditos, especialmente hacia los sectores productivos y de servicio social, ya que actualmente el mayor volumen está orientado al consumo, vía importaciones.

En este episodio, quedó demostrado que buena parte de los «dignos» habían vuelto a su estado natural y que el Gobierno Correa poco o nada podía esperar de este parlamento; peor, para iniciar las reformas estructurales que precisa para su "Revolución Ciudadana" Por ello, insinuó que una de las primeras resoluciones que debe tomar la próxima asamblea constituyente (a elegirse en septiembre 30/2007) es la disolución del congreso, por incapaz y corrupto (su actual mayoría).

El Banco del Afiliado: una alternativa urgente

En apariencia, el poder económico y político ha ganado una batalla pero no la guerra.

Ha quedado claro que, mientras no se le rompa el espinazo al sistema imperante, no será posible que por lo menos se le ponga cascabeles al gato de la oligarquía criolla. Y ha quedado pendiendo sobre el cuello de los y las ecuatorianas, la famosa espada de Damocles que en el Ecuador tiene el nombre propio de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y sus asociados.

La amenaza de que "están en riesgo los depósitos" en los bancos de lo poco o lo mucho que tenemos; que "se va a provocar un daño irreparable a la clase media y a los ecuatorianos más humildes" "que bancos y financieras pueden quebrar", hay que tomarla semánticamente como un anuncio de lo que esta gente está dispuesta a desatar si el Gobierno Correa "se atreve" a tocar sus "sagrados intereses".

Por ello, al margen de lo que pueda hacer la Asamblea Constituyente (siempre y cuando se logre una sólida mayoría) se pueden ensayar YA algunos pasos, algunas medidas, que debieron darse hace mucho pero que nunca es tarde para aplicarlas.

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El viejo proyecto del BANCO DEL AFILIADO viene como anillo al dedo.

En primer lugar, este banco tendría como ahorristas a millón y medio de afiliados obligatorios y un patrimonio muy sólido (un presupuesto anual de más de tres millones de dólares).

A esta clientela podría agregarse cualquier depositante; pero, dando preferencia a pequeños y medianos empresarios y ahorristas no afiliados; a pequeñas y medianas cooperativas y comunidades. Además, el Banco del Afiliado podría ser el depositante de todos los valores de las entidades del sector público, que actualmente nutren y mantienen, gratis o a precio de huevo, precisamente las escuálidas carteras de no pocos bancos y financieras.

Sería el Banco más grande y sólido del país. Tendría que ser el banco que imponga intereses mucho más bajos, para los créditos de todo tipo (especialmente los de cuantías menores y a cortos plazos) y los más altos posibles para los depósitos, incluidos los aportes de los afiliados. Este banco, por su dimensión, reduciría a mínimos insignificantes, las comisiones (chorritos de plata) que cobran los bancos privados, por servicios al cliente. Y podría ser (debería ser) un gran dinamizador de la economía nacional y un prestamista excepcional para las obras de infraestructura que requiere el país.

En lo principal, el Banco del Afiliado debería ser, en primer lugar, la solución administrativa a ese hipopótamo bestial (ahora que está de moda la palabreja) que sigue siendo el Seguro Social Obligatorio (IESS [1]) Desde luego, tendría que darse a través de una nueva legislación que, de seguro, la actual mayoría congresal, tan ligada a los intereses de la banca privada, no la tramitará; y si la tramita, la negará.

Pero, el IESS no es entidad pública, es de derecho privado (de sus afiliados) y por lo tanto su Directorio, en el que hay dos votos a favor seguros, podría dar paso a la constitución del Banco del Afiliado; y como tal, a una sana competencia.

Solo así podríamos conjurar los riesgos con los que nos amenazan los bancos privados, nuevamente (ya lo hicieron en el 99 con el famoso salvataje bancario) y asegurarnos de un sistema bancario que ciertamente sirva a un gran sector de ecuatorianos.

Queda lanzada la idea. Ojalá llegue a oídos receptivos; y sobre todo, ejecutivos.

[1] Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

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