EE.UU. 45 años de robo institucionalizado contra Cuba

La medida tuvo antecedentes en febrero tres de 1962 cuando el presidente John F. Kennedy ordenó a los Secretarios del Tesoro y de Comercio instrumentar la prohibición de importar todos los productos de origen cubano, así como reforzar la prohibición de exportaciones norteamericanas hacia la Isla.

Tras la derrota sufrida por EE.UU. en su invasión mercenaria de Playa Girón (Bahía de Cochinos) en abril de 1961, era evidente el propósito de chantajear al gobierno de La Habana, a poco más de cuatro años de ejercicio del poder revolucionario.

En 1963 se suspendieron las operaciones financieras en dólares mediante bancos estadounidenses y se embargaron los bienes cubanos en ese país, estimados entonces en unos 30 millones de dólares.

Con el transcurso de los años se fueron incrementando los fondos congelados de Cuba a costa de entidades estatales y ciudadanos cubanos, transferencias bancarias bloqueadas y otras fuentes.

Un reciente informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro al Congreso de Estados Unidos, reveló que los activos monetarios de Cuba ascendían a 268,3 millones de dólares congelados cuando la codicia despertó iniciativas a los ladrones de “cuello blanco”.

Mediante prácticas mafiosas los confabulados han saqueado a la Isla más de 170 millones de dólares desde 1963, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba a Naciones Unidos en 2007.

Esa cantidad forma parte del perjuicio de más de 129 mil millones de dólares que, según Georgina Barreiro, ministra de Finanzas y Precios de Cuba, ha causado en 45 años el bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU. contra instituciones y familias cubanas, por la adición de sucesivos edictos y leyes extraterritoriales.

Para esquilmar los fondos cubanos, las autoridades norteamericanas se han valido de componendas leguleyas al amparo de su arbitraria legislación, con la explícita complicidad de varios presidentes y del propio Congreso norteamericano.

También se han servido de tramposos testimonios de presuntos afectados con el fin de favorecer descaradamente a representantes de la mafia terrorista que se hospeda en Miami bajo protección oficial.

Las decisiones judiciales se han basado en mentiras reiteradas y en amañados fallos de cortes de la Florida, carentes de fundamentos jurídicos reales, procesos que ilustran el grado de corrupción en la impartición de justicia en EE.UU. por medio del robo institucionalizado contra Cuba.