El 22 de mayo de 2014, la resolución presentada por Francia ante el Consejo de Seguridad de la ONU para autorizar la Corte Penal Internacional a ocuparse de la situación en Siria se estrelló contra los vetos de Rusia y China a pesar del respaldo público de 65 países, de 100 organizaciones no gubernamentales y del voto favorable de los otros 13 miembros del Consejo de Seguridad.

Sin embargo, estamos asistiendo en Siria a la tragedia humanitaria más grave que el mundo ha conocido desde el genocidio perpetrado en Ruanda en 1994.

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius, lo ha dicho con fuerza: la conciencia universal no puede aceptar la parálisis del Consejo de Seguridad [de la ONU] ante la crisis siria, con sus dramáticas consecuencias en el plano humano. Esa parálisis afecta la credibilidad de nuestro sistema de seguridad colectiva.

La iniciativa francesa, presentada por el presidente francés Hollande a la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2013 con vista a la adopción de un código de conducta que reglamentaría el uso del veto tiene hoy más actualidad que nunca.

El código de conducta consistiría en un acuerdo entre los 5 miembros permanentes (P5) para abstenerse de recurrir al veto ante situaciones de atrocidades masivas. Este código se aplicaría cuando se cometen crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra a gran escala. Dando prueba de pragmatismo, proponemos que esa forma de reglamentación sea fruto de una gestión voluntaria y colectiva entre los miembros permanentes [del Consejo de Seguridad de la ONU]. No somos los primeros en proponer este tipo de iniciativa, ya sugerida en 2004 por el Grupo de Personalidades de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio en sus recomendaciones sobre la reforma del Consejo de Seguridad.

Los criterios que permiten esta autolimitación están por precisarse por los propios miembros permanentes. Por ejemplo, el código de conducta podría ser activado cuando una situación sea sometida a la atención del Consejo de Seguridad por el Secretario General, ya sea por propia iniciativa o como resultado de una solicitud del Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o de 50 Estados miembros.

Muchos han expresado sorpresa ante lo que interpretaban como una especie de «suicidio» del Consejo de Seguridad. Seamos claros. Para Francia, el veto no es un privilegio, ni siquiera un derecho. Corresponde a un compromiso hallado para que los miembros permanentes [del Consejo de Seguridad] entren en el juego de la seguridad colectiva. Esa prerrogativa implica deberes. A la inversa, el abuso de ella mina las bases del pacto de 1945 que todos aceptaron a través de la Carta de la ONU.

El primer ministro británico Clement Attlee así lo recordaba al referirse a la redacción de la Carta en 1945:

«En San Francisco todos considerábamos el derecho al veto como algo a lo que se recurriría sólo como última alternativa y únicamente en casos excepcionales en que las grandes potencias pudiesen hallarse en conflicto. Nunca lo concebimos como un recurso al que se acudiría contantemente cada vez que una potencia no estuviese completamente de acuerdo con las demás.»

Al proponer esta iniciativa, actuamos de conformidad con el espíritu de la Carta, guiados por el imperativo de la necesidad de proteger. Siguiendo esa misma lógica es Francia, junto con el Reino Unido, el miembro permanente más claramente comprometido a favor de una ampliación del Consejo [de Seguridad].

Para Francia –y seguramente también para el Reino Unido– la aplicación del código de conducta no haría otra cosa que reflejar lo que ya es un hecho. Ni el Reino Unido ni Francia han recurrido al veto desde 1989. Esperamos, por lo tanto, que nuestros amigos británicos se unan a nuestra iniciativa por ser ellos, junto a nosotros, iniciadores de más de la mitad de las resoluciones que el Consejo de Seguridad ha votado y los primeros en pronunciarse contra sus repetidos bloqueos.

La iniciativa francesa ha recibido rápidamente numerosas muestras de apoyo. Organizaremos una reunión ministerial sobre ese tema al margen de la próxima Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2014, y continuaremos nuestro trabajo de cara al 70º aniversario de las Naciones Unidas, en 2015.

Francia seguirá así debatiendo con los demás miembros permanentes y realizando amplias consultas con los demás miembros de la ONU y con la sociedad civil, cuyo papel es indispensable.

No subestimamos lo difícil de la tarea. Pero, como recordaba el presidente Kennedy al contar una anécdota sobre el mariscal francés Lyautey:
«The Marshal Lyautey once asked his gardener to plant a tree. The gardener objected that the tree was slow-growing and would not reach maturity for a hundred years. The Marshal replied: “In that case, there is no time to lose, plant it this afternoon.”» [1].

[1La anécdota de Kennedy:
«El mariscal Lyautey pidió a su jardinero que sembrara un árbol. El jardinero objetó que aquel árbol tardaría mucho tiempo en crecer y que sólo alcanzaría su madurez al cabo de un siglo. El mariscal le respondió: “Entonces, no hay tiempo que perder. Plántelo esta tarde.”»