Cuando, después de haber pagado los US$ 68 mil dólares por la traducción del expediente del caso de Kenya Fujimori; luego que la sociedad civil creyera que se pretende extraditar a este delincuente que vive en Japón y que moralizadores (jueces, vocales, congresistas) dejaran pasar un grueso error en el juicio del decreto que autoriza 15 millones de dólares para una supuesta lucha contra la intromisión de las FARC en el norte del Perú en los instantes postreros de la administración del caco nipón; algún juez japonés exija el documento original que pruebe la comisión del delito y compruebe que éste no existe, el Perú pasará el papelón internacional de meter la pata y de -ipso facto- trocar a Alberto Kenya Fujimori en un perseguido político y no en el vulgar monrero que es y que debería estar en la cárcel de por vida.

El diseño es sumamente perverso y empuja a la catástrofe. De los 4 juicios que hay contra bandido Fujimori, el del decreto se basa en una fotocopia sobre la cual hay un manuscrito de puño y letra del ex-ministro Carlos Boloña quien sí debe saber perfectamente los intríngulis que pueden precipitar toda una aspiración nacional de meter en chirona al nipón cobarde en una catástrofe sin atenuantes, ridículo estentóreo y derrota política acaso mortal para el gobierno que preside Alejandro Toledo.

Cualquier decreto debe promulgarse con aprobación del Consejo de Ministros (no hay siquiera referencia al tema en las actas); tiene que ser comunicado al Congreso antes de las 72 horas (tampoco hay la epístola); y el original (léase bien) debe ser conservado en la Presidencia del Consejo de Ministros o en la secretaría de Palacio (ninguna entidad del Estado tiene siquiera algo parecido).

Lo que ocurrió es que los ministros de Economía y Defensa dieron trámite a un decreto de urgencia falso o falsificado, una copia simple sin refrendo ni fedateo que es copia fiel del original. Montesinos ha dicho más de una vez que poco antes de picárselas para Panamá el sostuvo una reunión con los militares en el SIN, lugar en el que estaba Boloña y que allí se habría confeccionado el documento de marras.

Cuando el Estado peruano pretende la extradición de bandido Fujimori y su supuesta prueba capital es tan sólo una vulgar fotocopia, fabrica la crónica de una tragedia anunciada. Lo que es peor, todos los abogados, vocales, políticos, ex-ministros, juristas, saben que cualquier juez nipón derrumbará el caso cuando solicite el original como lo haría todo aquel que quiera compulsar las cargas de prueba argumentadas contra determinada persona, en el caso presente contra bandido Fujimori.

Es obvio que se quiere convertir en perseguido político a Kenya Fujimori, porque el ridículo superlativo opacaría el decurso de los otros juicios que son de lesa humanidad y las maquinarias estarían listas para aprovechar la debacle jurídica -por bufonesca y anémica- del gobierno solicitante de una extradición que no caminaría ni en Japón ni en la Cochinchina.

El proceso debería orientarse por falsificación de documento para que se amplíe la investigación judicial a un delito penado en el código penal y luego se aplica la figura de la asociación ilícita para delinquir ya que se usó un documento falso para usar de mala fe dinero público. Así no se caería un proceso sobre el que se han hecho carreras políticas y hasta regímenes democráticos.

Fujimori es un vulgar ladrón, pero puede convertirse en un perseguido político por causa de un juicio muy mal planteado y que puede llenarnos de miasma y estupidez a raudales. ¿Vamos a permitir una torpeza tan flagrante e interesada?

Es hora de romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz.

Herbert Mujica Rojas