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En la Cuenca de Burgos, una zona rica en carbón y gas, que une a los Estados mexicanos de Coahuila y Nuevo León, se juega la integridad del orden constitucional mexicano. La empresa española Repsol, cuya instalación en la zona de reservas acuáticas y gaseras de Bolivia ocasionó un conflicto con las etnias, se repite en México.

Coahuila es el Estado que evoca las gestas revolucionarias de 1910 y de la Constitución de 1917 porque fue Venustiano Carranza el inspirador del movimiento y de su institucionalización mediante la Carta Magna que fue promulgada ese año para poner los recursos naturales como el petróleo, el gas y los minerales bajo la rectoría del Estado.

En esa zona se están dando los siguientes fenómenos: el río más bello del norte de México, el Sabinas, con una extensión de 25 kilómetros, está siendo destruido por la explotación del carbón y sobre todo por el Grupo de Acero del Norte, que está vinculado al ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, quien aceptó en 1994 la incorporación de México al Tratado de Libre Comercio que lo une a Canadá y Estados Unidos sin haber tomado en cuenta las asimetrías que separan a los tres países con desventaja para México.

El agua es escasa en determinadas épocas del año y por ello el agua del río Sabinas se utiliza en la explotación carbonífera con lo que se ha debilitado el cauce que va a la presa Venustiano Carranza, que es el centro de distribución del agua que debería beneficiar a 100 mil habitantes. El gobernador Enrique Martínez y Martínez sin consultar a nadie ha decidido entregar esa agua a los agricultores de Texas.

Sigue el carbón. Este mineral es la riqueza de la región carbonífera de Coahuila, la única del páís que cuenta con esta materia prima, indispensable para la industria del acero asentada en Monclova y para beneficiar a las plantas eléctricas de Piedras Negras. Hay más de 8 mil productores de hulla y miles de intermediarios que han aparecido en la zona alentados por los burócratas del Partido Acción Nacional gobernante, que administran la Comisión Fedeal de Electricidad por medio de Alfredo Elías Ayub. Este es un gangster financiero vinculado a Moísés Kolteniuk, del grupo industrial GAN-AHMSA (Altos Hornos de México)y MICARE (Minera Carbonífera Río Escondido), una triada empresarial que está acaparando los bienes no renovables del estado de Coahuila.

Sigue la electricidad. El carbón es parte esencial de las plantas termoeléctricas de Piedras Negras, llamadas complejo Termoeléctrico José López Portillo o Plantas Carbón I y II que generan supuestamente el 10 por ciento de la electricidad que se consume en el país. Pero todo el mundo en la localidad sabe que una parte de esa energía es trasladada a San Antonio, Texas. El pretexto que se da a esta "exportación" es un acuerdo según el cual esa electricidad una vez que llega a San Antonio es devuelta a México por Falcón con destino a Monterrey. Sin embargo, no hay transparencia en esas operaciones porque la energía una vez que ha cruzado la frontera se mueve en los mercados energéticos y financieros. Max Izaguirre, fundador de la empresa texana Enron, de triste memoria en el estado de California, es ahora director de la empresa Texas Utilities Commission, motivo por el cual según los coahuilenses, las operaciones reales nada tienen que ver con lo que de ellas se informa.

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La multinacional española del petróleo

Pero esto no es todo, el gas es la gota que derrama el vaso. La empresa española Repsol ha recibido la concesión de explotar el gas natural en abierta violación del artículo 27 constitucional que otorga a la nación la facultad de explotar el gas. Pero además de la empresa española, la norteamericana Halliburton se perfila como la empresa mejor colocada para obtener en su propio beneficio la concesión de explotar yacimientos de gas. Halliburton ha trabajado en la Cuenca de Burgos desde 1997.

También la empresa japonesa Japan National Oil Corp, ha realizado estudios geoestadísticos en Chicontepec, norte del estado de Veracruz. Esta empresa se interesa en participar en la explotación de gas favorecida por los controvertidos contratos de servicios múltiples en los que se basa la privatización encubierta, que cubre de ignominia a la administración panista.

El 27 de noviembre se llevará a cabo en el centro de la ciudad de México una concentración de más de un millón de personas que se manifestarán contra los contratos de servicios múltiples con los que se deja sin efectos la letra de la Constitución. Además expresarán su rechazo a la propuesta de privatización mediante la reforma legislativa correspondiente, que el gobierno de Vicente Fox alienta.

Las empresas nacionales de la energía como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, han sido debilitadas patrimonialmente por el cobro excesivo de impuestos que les impone la Secretaría de Hacienda. De tal manera, las empresas nacionales carecen de capacidad para invertir en su propia infraestructura y eso sirve de pretexto para que el gobierno justifique la inversión que quieren hacer las empresas extranjeras sobre todo las norteamericanas en el renglón energético.