Es lo que puede deducirse del anuncio para una Audiencia Pública convocada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso sobre la propuesta Convención del Mar, que se realizará el día martes 20, con el “auspicio” del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos preguntamos ¿por qué el Congreso requiere de un “auspiciador” para convocar a una audiencia pública sobre un asunto que atañe a la soberanía nacional? ¿Es que ahora, las audiencias publicas se manejan según los deseos o necesidades de un auspiciador privado? ¿Cuál es la garantía de imparcialidad que los ciudadanos podemos esperar de esta Comisión? Sin duda alguna, la majestad del Parlamento requiere urgentemente que sus responsables defiendan sus fueros contra evidentes intenciones de sorprender a los congresistas, usando el ropaje de una Universidad respetable, para encubrir tenebrosos designios traidores.

Todo el mundo sabe de qué pie cojea este Instituto. Uno de sus más conspicuos miembros, el Fabián Novak, ya ha participado en previas audiencias públicas convocadas por la misma Comisión. Sus argumentos quedaron de hecho descartados ante las sólidas razones jurídicas y fácticas expresadas en esas sesiones por juristas ilustres como los doctores Alfonso Benavides Correa, Fernán Altuve-Febres y otros. Ante ésta, para él cruda realidad, Fabián Novak, encarnación viviente de ese Instituto y, sin duda, cabeza visible de los lobbies que pugnan por traicionar al país entregando el Mar de Grau a la comunidad internacional, ha ideado esta nueva oportunidad para “poner en valor” su moralmente devaluada proposición entreguista.

El mismo título asignado a la Audiencia Pública: La Adhesión del Perú a la Convención sobre el Derecho del Mar: Ventajas y desventajas, revela en forma desembozada cuál es la intención. Crear un espacio político para que el Instituto “auspiciador”, haciendo uso y abuso de su condición de tal, pueda, sin enojosas refutaciones, sorprender la buena fe de los congresistas presentes y reafirmar “de manera oficial”, las supuestas ventajas de la Convención del Mar. No solamente por la voz de su preclaro representante, sino cubriéndose con la implícita “consagración” de una antigua universidad, que en el pasado dio lustre al foro nacional, pero cuyo presente parece ser mucho menos prometedor.

La convocatoria a esa Audiencia Pública adolece de un pecado capital que la hace ineficaz e ilegítima para una consulta seria sobre la Convención del Mar: su evidente parcialidad en favor de ese tema. Su propuesta debió ser, en todo caso, la confrontación de argumentos reales, en torno a los dos únicos escenarios posibles: la insoslayable realidad actual, en la que el Perú, constitucionalmente, posee un dominio marítimo de 200 millas marinas con jurisdicción y soberanía; y la propuesta Convención del Mar que pretende mutilar tales atributos propios de la personalidad del Estado, para embutir al Perú en la camisa de fuerza del nuevo derecho del mar, preparación ad-hoc que, renuncia a derechos bien adquiridos, de por medio, otorga patente de corso a los países interesados en usufructuar las riquezas del mar peruano.

Privilegiar uno de estos temas, el de la Convención del Mar, soslayando o minimizando el otro, el de las 200 millas del Mar de Grau, es la figura que se pretende oficializar vía Audiencia Pública de la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero no habrá disfraz alguno capaz de ocultar la voluntad traidora de los interesados en ocupar las bien rentadas canonjías con que la organización internacional del mar ha de premiar sus denodados esfuerzos.

Víctor Mejía Franco