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Las personas no sólo necesitan comer para satisfacer una necesidad biológica; ante todo, necesitan un trabajo digno para realizarse socialmente. Con trabajo hay generación de riqueza e ingresos, y con éstos pueden ser satisfechas muchas necesidades, entre ellas la alimentación.

Por otra parte, ningún gobierno, por mejores intenciones que tenga, puede solucionar permanentemente el problema del hambre de millones de ciudadanos a partir de programas asistencialistas como dar comida gratuita en restaurantes comunitarios o escolares. Si el gobierno distrital distribuye alimentos para cientos de miles de personas un día o dos, no puede hacerlo tres. El asistencialismo, necesario para proteger selectivamente a grupos poblacionales, especialmente vulnerables como los niños y los ancianos, es muy limitado en sus alcances y no puede cambiar la situación en forma estructural.

Si tomamos en cuenta la difícil situación económica y social que viven numerosos habitantes de Bogotá (ver recuadro) y las limitaciones que establece la Ley 715 sobre los recurso del Sistema General de Participaciones [1] deduciremos que el problema del hambre hay que atacarlo desde otra lógica.

Soluciones integrales

Soluciones reales y permanentes, que abarquen a grandes sectores de la población, deben orientarse a la construcción progresiva de un sistema que implique la comercialización y distribución comunitaria de alimentos, y la producción agrícola, pecuaria y la transformación agroindustrial que permita de manera simultánea: 1. Generar fuentes de trabajo e ingresos; 2. Disminuir el precio de los alimentos; 3. Incrementar su oferta y producción, y mejorar su calidad; 4. Mejorar y estabilizar el ingreso de los productores, generando valor agregado a la producción agrícola y pecuaria; y 5. fomentar relaciones de equidad y cooperación entre diversos sectores sociales, urbanos y rurales.

Crear un sistema de mercadeo social, comunitario y sostenible implica organizar a la población de escasos recursos en su condición de consumidores, para crear tiendas comunitarias de propiedad mixta (Estado y Economía Solidaria) a partir de la capacidad organizativa y financiera del Distrito, las Alcaldías Locales y las comunidades, pero administradas por las Juntas de Acción Comunal. El objetivo de estas tiendas no es generar utilidades sino ofrecerle a la población alimentos básicos de calidad a los menores precios posibles. Esto se logra al adquirirlos directamente de los productores (industriales y agricultores), obtener descuentos por grandes compras, suprimir la red de intermediarios e incrementar la oferta agrícola de los municipios productores cercanos a Bogotá. En la proyección de Bogotá como Región, debería cuantificarse las necesidades y demanda por productos, y hacer convenios de abastecimiento con los municipios aledaños, que a la vez asignarán cuotas a sus agricultores organizados en cooperativas o asociaciones. Ellos serán incentivados para producir más si les tienen mercado asegurado a sus productos, y si se distribuye entre ellos y los consumidores el valor ahorrado en la intermediación. Los municipios deberán implementar programas y proyectos para mejorar la producción, productividad y competitividad por medio del fomento de la agroecología, la producción de abonos orgánicos y la creación de un sistema de acopio controlado por los productores.

Para que el sistema de mercadeo social comunitario sea sostenible, debe funcionar con un mínimo margen de comercialización que le permita cubrir los gastos administrativos y lograr en un tiempo prudencial su punto de equilibrio entre ingresos y gastos. Pero mientras este objetivo se consigue, el Distrito y/o las Alcaldías Locales deberán subsidiar el sistema. Las tiendas comunitarias serán un mecanismo económico de inclusión social y participación popular, y servirán para regular los precios y controlar la especulación. Crecerá la capacidad adquisitiva de la población en alimentos básicos. El sistema, además, permitirá construir relaciones de equidad entre productores rurales y consumidores urbanos, estimulará el desarrollo del sector rural y generará puestos de trabajo en la administración y la venta de alimentos procesados por las familias y la comunidad. Aprovechando el mismo sistema pero sin poner en riesgo su sostenibilidad, el Distrito podrá distribuir selectivamente alimentos gratuitos o subsidiados a la población marginada o sin ingresos, por medio de bonos cuyo valor pagará a las tiendas comunitarias.

Agricultura urbana

Hay que ser conscientes que Bogotá es el mayor receptor del desplazamiento forzado que padece el país. Como la mayoría de esta población es de origen campesino, con vocación agrícola, y Bogotá cuenta con tierras ociosas (lotes de engorde), muchas de ellas de propiedad fiscal y de las más fértiles del país, es posible y necesario fomentar la agricultura urbana para generarle fuentes de trabajo a esta población (mientras pueden retornar a sus lugares de origen), aumentando así la oferta de productos agrícolas a menores precios que los actuales, debido a sus mínimos costos de transporte y comercialización. Para esto se requiere como mínimo que el Distrito aplique políticas dirigidas a la utilización de tierras, organice a los desplazados en cooperativas de trabajo asociado, los capacite en economía solidaria y agricultura orgánica, y cree el mercado para esta producción, función que cumplirán las tiendas comunitarias, que serán un mecanismo de ampliación del mercado interno para la producción agrícola nacional (en este caso, distrital y regional).

Pero las instituciones distritales demandantes de alimentos, como las que dependen del Departamento Administrativo de Bienestar Social –DABSD– (colegios, hospitales, ancianatos), deberán cumplir un papel importante en el montaje y sostenibilidad del sistema. No deberán basar sus criterios de compra solamente en la calidad y precios sino también en una mayor conveniencia social, como son la generación de fuentes de trabajo e ingresos y la construcción de una democracia económica y social. El Distrito debe asegurarles la compra de productos a los grupos que con su apoyo se organicen para la producción agrícola urbana, así sea comprando en principio a precios subsidiados, mientras con la experiencia se logran niveles adecuados de competitividad. La certeza de que se firmarán contratos de suministro entre el Distrito y las cooperativas que se creen con su apoyo servirá de estímulo para que la población desplazada con vocación agrícola y los desempleados con formación técnica y profesional (ingenieros agrónomos, agroindustriales, economistas, administradores de empresas) se organicen y se preparen para producir.

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Pero como nadie puede trabajar sin satisfacer así sea mínimamente sus necesidades básicas familiares (en principio la alimentación), mientras se obtienen las primeras cosechas, el Distrito, además de asignarles tierras en arrendamiento o comodato y suministrarles herramientas e insumos a manera de crédito, de acuerdo con el ciclo de cada cultivo debe buscar que los productores reciban pagos adelantados por la compra de la producción. El Distrito y las Alcaldías Locales, directamente o por medio de universidades, ONG o fundaciones sin ánimo de lucro, deben apoyar en forma prolongada (por lo menos dos años) a las nuevas empresas con asesoría y asistencia técnica para el desarrollo empresarial.

La creación de una agroindustria mixta (estatal-cooperativa) en que participen el Estado (Distrito, Alcaldías Locales y municipios), lo mismo que los productores y consumidores organizados en cooperativas y tiendas comunitarias de propiedad de las Juntas de Acción Comunal, el Distrito y/o la Alcaldía Local, es clave en la construcción progresiva de una economía popular capaz de transformar la sociedad, redistribuir la riqueza y los ingresos, generar relaciones de equidad, solidaridad y ayuda mutua entre la población rural y urbana, tanto como satisfacer las necesidades de trabajo y alimentación de la población.

Agroindustria de propiedad mixta

Es necesario decir que el sector agroindustrial genera mayor valor agregado y una demanda más estable y creciente a la producción agrícola y pecuaria; pero cuando una agroindustria es de propiedad privada, su objetivo, como el de cualquier empresa capitalista, no es satisfacer necesidades sociales sino obtener la máxima ganancia, lo cual consigue con una administración eficiente para mejorar constantemente la productividad y competitividad, comprando sus materias primas a los productores agrícolas a bajos precios, y vendiendo sus productos al precio más alto posible.

Por otra parte, la ley de oferta y demanda en el mercado capitalista hace que los precios de compra a los productores sean mínimos cuando sus cosechas son buenas y abundantes. Como se trata de productos perecederos y los campesinos no disponen de silos para conservarlos, las necesidades apremiantes los obligan a vender al precio que impongan los compradores. Por tanto, no pueden capitalizar ni mejorar sus condiciones de vida, permanecen en la pobreza y se ven desestimulados para aumentar la producción.

Por el contrario, la agroindustria de propiedad mixta propuesta permitiría formar relaciones de equilibrio entre el Estado, representante de los intereses generales de la sociedad; los productores, interesados en recibir mejor pago por sus productos e incrementar la producción; y los consumidores, que como norma quieren la mejor calidad a los menores precios. El consejo de dirección de estas empresas deberá estar integrado por representantes de los tres grupos, que lógicamente se controlarán unos a otros y lograrán un balance de intereses para que todos se beneficien en forma equitativa. Esto hará posible suprimir o por lo menos disminuir al máximo la burocratización y la corrupción propia de las entidades estatales y las grandes empresas privadas. El estímulo para incrementar la producción campesina será grande y permanente, porque ahora el proveedor de materia prima será copropietario de la agroindustria, y por tanto, de acuerdo con los mecanismos cooperativos para distribuir excedentes (utilidades), tendrá derecho a participar de ellos en proporción igual a su contribución para generarlos. Para el campesino, los bajos precios de venta a la agroindustria –determinados por el mercado en momentos de abundancia– serán compensados con el mayor valor generado por la transformación agroindustrial y por la comercialización de un producto menos perecedero que puede ser transportado a grandes distancias o vendido en épocas que no son de cosecha o de escasez.

La vinculación a la propiedad de estas agroindustrias por parte de los campesinos de los municipios cercanos a Bogotá y los desplazados que se organicen en cooperativas harán su tránsito de productores artesanales e individualistas, o de indigentes, a empresarios modernos colectivos y solidarios. Para la sociedad, significa incremento del producto agrícola nacional, por tanto de la soberanía y seguridad alimentaria, ampliación del mercado interno, mayor dinámica económica y mayor oferta de alimentos a precios accesibles para los sectores sociales populares.

Los recursos económicos para la creación de esta base productiva y de las tiendas comunitarias pueden provenir de los recursos para bienestar social del presupuesto distrital y de las localidades, de empréstitos internacionales, de la emisión de dinero-capital por el Banco de la República (cuando las emisiones son utilizadas para ampliar la producción no son inflacionarias) y de entidades bancarias nacionales como el Banco Agrario, que podrían ser conseguidos con garantías otorgadas por el Distrito o por Fogafin. Adicionalmente, las cooperativas y fondos de empleados que tienen actividades de ahorro y crédito o de aportes y crédito, que decidan participar en el sistema para generarles valor agregado a los ahorros de los trabajadores, pueden aportar recursos importantes.

Las acciones o títulos de propiedad de las agroindustrias, que el Distrito les entregue a las cooperativas de productores y consumidores bajo la forma de crédito, serán amortizadas en un plazo prudencial con parte de los ingresos generados, y las utilidades o excedentes que correspondan al Distrito y las Alcaldías Locales podrán ser empleadas así: una parte para ampliar, mejorar la producción y desarrollar el sistema, y otra para abastecer de manera sostenible los comedores comunitarios y las instituciones encargadas de distribuir alimentos de forma asistencial.

- En el año 2003, el desempleo en Bogotá, según cifras oficiales, fue de 16,9 por ciento y lo padecieron 608.000 personas (no se menciona el subempleo).

- Durante la última década, la población en condición de pobreza, es decir, la que no cuenta con recursos para obtener los bienes y servicios esenciales, aumentó de 44,7 por ciento en 1999 a 49,1 en 2003, alrededor de 3’528.326 personas.

- En cuatro localidades, la pobreza afecta al 70 por ciento o más de su población: Usme (80,8), San Cristóbal (76,3), Ciudad Bolívar (70) y Bosa (70,7).

- La población en condición de indigencia, que padece hambre porque sus ingresos no alcanzan siquiera para adquirir la canasta básica alimentaria, pasó de 8 a 17 por ciento en este período, lo que significa 1’221.620 personas sobre la población estimada para 2005, que es de 7’186.000.

- En Bogotá, la relación entre el ingreso del 10 por ciento de los hogares más ricos y el 10 por ciento de los más pobres es de 47 veces.

Libardo Sarmiento Anzola, separata del periódico desde abajo, Análisis del Plan de Desarrollo del Distrito Capital 2004-2008.

[1] Esta Ley determina que los recursos públicos se orienten de manera específica, principalmente a la educación y la salud, quedando un mínimo porcentaje para otro tipo de programas. Del total de recursos asignados al eje social en Bogotá (12 billones 760.970 millones de pesos), a Bienestar Social sólo correspondería el 12,1 por ciento (un billón 545.994 millones), que si se utilizaran en su totalidad (lo que no es probable) en la campaña contra el hambre, para dar asistencia alimentaria a 1’221.620 personas en condición de indigencia, apenas alcanzarían para cubrir durante cuatro años el 57,3 por ciento del valor de una ración diaria, estimada por el ICBF en $ 1.226, y en nada afectaría las causas estructurales del hambre, la pobreza y el desempleo de los bogotanos.